Flickr/Oxi.ap (CC BY 2.0)
Más de 300 ONG han pedido al Consejo de Derechos Humanos que exija a Colombia que respete el derecho a la protesta pacífica; que investigue las violaciones cometidas contra manifestantes y personas defensoras en las últimas semanas y que responda a las demandas de les manifestantes para hacer frente a la pobreza, el racismo sistémico, las desigualdades y la impunidad en el país.
Durante el diálogo con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre su informe anual al Consejo de Derechos Humanos, se escuchó la voz de más de 300 ONG nacionales, regionales e internacionales que instan al Consejo a intensificar su presión sobre Colombia para que aborde los recientes ataques a los manifestantes y la profunda crisis de derechos humanos que enfrenta el país.
‘ISHR se complace en unirse a las ONG de todo el mundo para pedir el cese inmediato de la violencia contra los manifestantes en Colombia’’, dijo Eleanor Openshaw del ISHR, “para que los autores rindan cuentas y para instar al Estado a defender a los que presionan para que se respeten los derechos humanos”.
En las últimas ocho semanas, quienes ejercen su derecho a la protesta en Colombia se han enfrentado a asesinatos, uso excesivo de la fuerza, actos constitutivos de tortura y otros tratos inhumanos, desapariciones forzadas, violencia sexual, detenciones arbitrarias y atentados. Las cifras de la OACNUDH muestran denuncias de 56 muertes (incluyendo 54 civiles y 2 policías), así como 49 presuntas víctimas de violencia sexual. Estos ataques han seguido produciéndose a pesar de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordena a las fuerzas de seguridad colombianas que dejen de hacer un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, un llamamiento del que se han hecho eco los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos.
Además de los llamamientos para que cesen los ataques contra los manifestantes y personas defensoras, las 300 ONG pidieron al Consejo que presione a Colombia para que acepte la visita de los relatores especiales de la ONU.
‘’Colombia no ha facilitado las visitas de varios relatores especiales durante muchos años. Que estas visitas se produzcan -para proporcionar una función de seguimiento e información continua dentro de la ONU- es una exigencia clave que el Consejo debe hacer a Colombia”, dijo Openshaw.
Por último, las ONG solicitaron que la Oficina del Alto Comisionado prepare un informe sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante las protestas y solicite una visita oficial al país lo antes posible.
En la presentación de su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos manifestó su “profunda preocupación” por las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado en Colombia desde el inicio de las últimas protestas, el 28 de abril. También habló de la necesidad de aplicar plenamente el Acuerdo de Paz para responder a los actuales disturbios y abordar las causas profundas de las protestas.
Las protestas están relacionadas con problemas estructurales muy arraigados que nunca se han abordado, como la pobreza -el 42% de la sociedad colombiana vive en la pobreza y el 15% en la pobreza extrema-, la desigualdad, las crecientes injusticias sociales, la impunidad, el racismo sistémico y la violencia sistemática contra los defensores de los derechos humanos.
‘’Nos complace escuchar a la Alta Comisionada hacerse eco de muchas de las mismas demandas que las ONGs colombianas y sus aliados han estado haciendo”, dijo Openshaw.
‘’Bachelet tiene razón. Silenciar a los manifestantes y a los defensores no resuelve los problemas que provocaron sus peticiones de cambio. Colombia debe comprometerse con los manifestantes y los defensores y empezar a tratar la propia crisis de derechos humanos”, añadió.
Dos Estados, Belguim y Suiza, se pronunciaron a favor de la rendición de cuentas en el caso de los asesinatos y ataques contra los manifestantes durante el diálogo.
Agradecemos a Bélgica y a Suiza que hayan adoptado esta postura”, dijo Openshaw. “Esperamos que otros Estados se sumen a estos llamamientos durante la sesión del Consejo”.
En respuesta al informe de la Alta Comisionada, Colombia ha cuestionado las cifras de muertes registradas por la OACNUDH y ha invitado a la Alta Comisionada a visitar el país para ver por sí misma cómo va la implementación del Acuerdo de Paz.
‘Esperamos que la Alta Comisionada acepte la oferta de Colombia tan pronto como pueda”, dijo Openshaw.
Ante la crisis de derechos humanos que vive la región, además de cambios significativos, durante la 55° sesión del Consejo de Derechos Humanos, personas defensoras de América Latina y el Caribe hablaron de las realidades a las que se enfrentan, exigiendo mayor acción y nuevos mecanismos, y expresando su preocupación por las decisiones políticas que prevalecen sobre las evaluaciones de necesidades objetivas.
Durante su diálogo interactivo con Estados del Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) expresó nuevamente su frustración por la falta de cooperación de las autoridades nicaragüenses.
En el contexto de un recrudecimiento de la represión en Venezuela, funcionarias y expertas de la ONU y estados hacen llamados a favor del respeto de las personas defensoras, la liberación de las detenidas arbitrariamente, elecciones justas y el retorno de la OACNUDH sin concesiones.
