Tras una batalla legal de siete años, el Tribunal Penal de Guatemala absolvió a Pascual y reconoció que la defensa de los derechos humanos no debe ser penalizada
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ACTUALIZACIÓN: El 21 de junio de 2021, la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala rechazó la apelación contra la sentencia que absolvió al Sr. Pascual.
Ronaldo Ernesto Galeano, miembro de la defensa del Sr. Pascual, celebró la decisión: ‘El señor Pascual se ha convertido en un reconocido defensor de los derechos de las comunidades indígenas y la naturaleza. Este proceso penal buscaba silenciarle y hacer de él un ejemplo. Sin embargo, esta victoria reafirma que la libre expresión es vital para la búsqueda de la democracia. Si bien la historia nos indica que las acciones para silenciar a las personas defensoras continuarán, también así persistirá la lucha por el territorio, por la transparencia y por la justicia.’
– Sigue la historia original –
En 2013, el defensor de los derechos humanos maya k’iche, Daniel Pascual, se pronunció públicamente contra los ataques generalizados y la intimidación de personas defensoras del derecho a la tierra en Guatemala. Al hacerlo, denunció los intentos de Ricardo Méndez Ruiz, fundador de la Fundación contra el Terrorismo, una organización destinada a la promoción de una perspectiva pro-militar de la violenta historia de Guatemala,[1] para desacreditar y socavar su trabajo de defensa del derecho a la tierra como Coordinador de la organización de base Comité de Unidad Campesina (CUC).
Ruiz presentó denuncias criminales contra Pascual en respuesta a sus comentarios de 2013. Desde entonces, Pascual ha estado luchando contra los cargos criminales de calumnia, injuria y difamación que buscaban silenciar su defensa de los derechos humanos. El 21 febrero 2020, la Corte Penal finalmente absolvió a Pascual.
En 2016, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió una orden provisional que suspendió temporalmente el proceso penal. Cuando Ruiz apeló contra la decisión, ISHR presentó una intervención que instó a la Corte de Constitucionalidad a considerar el caso de Pascual en el contexto de:
Al final, la Corte de Constitucionalidad retiró la suspensión, permitiendo que se reanudaran los procedimientos penales contra Pascual. Sin embargo, en una medida bienvenida, la Corte Penal subrayó que era crucial que considerara las normas internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión.
La Corte Penal concluyó que Pascual no había cometido ningún delito, sino que simplemente había ejercido su derecho a la libertad de expresión, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión.
‘La confianza de la Corte en estos instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos envía un poderoso mensaje de que los gobiernos y los tribunales nacionales necesitan respetar las normas internacionales de derechos humanos,’ dijo la Gerente de Programas y Asesora Jurídica de ISHR, Tess McEvoy.
Al acoger esta decisión tan esperada, Ronaldo Galeano, uno de los abogados de Pascual señaló que ‘la sentencia refleja que la denuncia es infundada y está dirigida a callar la voz de una persona que representa el sentir de comunidades indígenas y campesinas.’
Guatemala ha sido durante mucho tiempo un entorno hostil para los defensores de los derechos humanos. Sin embargo, recientemente la Corte Constitucional de Guatemala otorgó amparo provisional contra una legislación propuesta que habría restringido gravemente los derechos a la libertad de reunión y asociación. Según McEvoy, ‘en este contexto, esperamos que la absolución de Pascual pueda ser motivo de cauto optimismo sobre la voluntad del sistema judicial de Guatemala de defender las normas internacionales de derechos humanos frente a los intentos de restringir los derechos fundamentales de defensores de los derechos humanos.’
Contacto: Tess McEvoy, [email protected]
Foto de Daniel Pascual por Carta Maior
[1] Una Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas determinó que el ejército guatemalteco había cometido actos de genocidio contra los guatemaltecos mayas durante la guerra civil de 36 años del país que terminó en 1996.
El ISHR, junto con otras ONG, emitió una declaración conjunta condenando la criminalización de Milena Quiroz y pidiendo que se garantice su derecho a un juicio justo y su derecho a defender derechos humanos.
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