Perú | La justicia que tarda décadas no es justicia

Hoy se presentó el informe sobre los resultados del tercer Examen Periódico Universal (EPU) de Perú; donde se evaluaron los progresos y retrocesos en materia de derechos humanos acaecidos desde la última sesión y el gobierno tuvo la oportunidad de presentar su reacción a las recomendaciones formuladas por otros Estados.

En una declaración, ISHR y la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos (CNDDHH) resaltaron lo que las recomendaciones de varios Estados ponen en evidencia: la posición de las personas defensoras de los derechos humanos se vuelve más precaria y las heridas del pasado siguen sin cerrarse.

Como explica Jorge Bracamonte de la CNDDHH, la situación se ha visto agravada debido al indulto otorgado al ex Presidente de Perú Alberto Fujimori, perpetrador de atroces violaciones de los derechos humanos durante su mandato.

‘Nos preocupa que la actual crisis y debilitamiento de la democracia en el Perú nos conduzca a una mayor vulnerabilidad para las personas defensoras de los derechos humanos,’ dice Bracamonte.

Citando el caso de Napoleón Tarrillo, defensor de la reserva comunal Chaparrí torturado hasta la muerte el 30 de diciembre pasado, la declaración expone que situaciones de este tipo son cada vez más frecuentes entre las personas defensoras de la tierra, de los bosques, del medio ambiente, de los sindicatos y de las comunidades indígenas, entre otros.

Helen Nolan de ISHR explica que estas actuaciones se ven aún escudadas por la inacción del Estado, también observada por otros Estados.

‘El Estado peruano aún no ha promovido una política de reconocimiento y protección para las personas defensoras de los derechos humanos, incumpliendo compromisos adquiridos con mecanismos como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,’ dice Nolan.

Paradójicamente, explica Bracamonte, se ha acentuado un sofisticado mecanismo punitivo contra las personas defensoras.

‘Con la criminalización de la protesta social, se puede penalizar la labor de las personas defensoras con sentencias de hasta 25 o 30 años de prisión,’ dice Bracamonte.

Finalmente, ISHR y CNDDHH ha expresado la imperativa necesidad de garantizar justicia y reparación para las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos así como de cientos de familias victimas del Grupo Colina, aparato criminal creado por la dictadura fujimorista.

‘Más allá de la aceptación formal de las recomendaciones del EPU,’ dice Nolan, ‘exigimos al Estado de Perú cumplir con estas recomendaciones en forma efectiva y práctica.’

En particular, ISHR y CNDDHH retomaron las preocupaciones expresadas en su informe conjunto, y instan al gobierno de la República de Perú a:

• Cesar el uso político de instituciones y mecanismos que, como el caso del indulto, afectan el estado de derecho, la división de poderes y la legitimidad de la democracia.
• Facilitar los procesos y recursos que garanticen el acceso a la justicia, a la reparación y al cierre del ciclo de dolor de las víctimas del conflicto armado interno, en plazos razonables y condiciones dignas.
• Desarrollar, aprobar e implementar una política pública de protección para las personas defensoras de derechos humanos, así como medidas concretas y urgentes que reduzcan el riesgo por la labor que realizan.
• Revisar, modificar y/o derogar los mecanismos normativos que restringen y criminalizan la labor de las personas defensoras de derechos humanos.

La intervención completa está disponible aquí.

Mira la declaración aquí:

_{Fotografía: CNDDHH}