Superior Court of Justice of Lima, Credits: Estudiante2018, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

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ISHR y RFK intervienen en caso de defensor ante Corte Superior de Perú

ISHR y RFK Human Rights llaman a la Corte Superior de Justicia de Lima para que responsabilice a la minera Yanacocha por violar los derechos humanos de Elmer Campos y otras personas, heridas durante una protesta 

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El International Service for Human Rights (ISHR), y el Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Human Rights) se dirigieron al Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima para expresar su apoyo a la apelación de amparo presentada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en un caso relacionado con violaciones de derechos humanos cometidas por la minera Yanacocha y la Policía Nacional del Perú (PNP)

El caso se relaciona con hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2011, cuando un grupo de comunitarios se manifestaban contra un proyecto minero a cargo de la empresa Yanacocha, propiedad de Newmont, de capital estadounidense. La protesta fue reprimida violentamente por la PNP, que provee servicios de seguridad ‘privada’ a la empresa. Elmer Campos, uno de los manifestantes, recibió un disparo que le dejó parapléjico de por vida. 

El proceso penal en contra de los agentes de la PNP sigue desarrollándose. En él, la empresa Yanacocha había sido vinculada por su posible responsabilidad civil (obligación de indemnizar al Sr. Campos). A pesar de la clara responsabilidad de la empresa minera a la luz del contrato de seguridad entre ella y la PNP, la Corte Suprema de Justicia de Perú desligó a Yanacocha del proceso. Elmer Campos y sus representantes presentaron un amparo contra tal decisión, el cuál fue desestimado sin conocer los argumentos de fondo. La apelación de este rechazo está actualmente en conocimiento del Juzgado Constitucional. 

La responsabilidad empresarial por violaciones a derechos humanos es un tema delicado en el Perú, donde actualmente existen al menos 46 conflictos mineros y dónde, en las últimas dos décadas, empresas privadas relacionadas con explotaciones extractivas han gastado cerca de 20 millones de dólares para contratar los servicios de seguridad de la PNP. Las significativas sumas de dinero que recibe la PNP presentan un claro conflicto de interés, motivándolos a reprimir rápidamente las protestas ambientales para que las empresas puedan continuar con sus operaciones. El Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, y el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, se han pronunciado sobre los riesgos que entrañan estos contratos. 

Es ante estos hechos que ISHR y RFK Human Rights intervinieron como terceros en el proceso, manifestando su apoyo a la admisibilidad del amparo. La intervención resaltó la importancia del caso para los temas de derechos humanos y responsabilidad empresarial, invitando al Juzgado a que analice el fondo de la demanda y no sólo la forma. Al “re-vincular” a Yanacocha al proceso, el Estado peruano reconocería el rol de la empresa en la violación de los derechos del Sr. Campos. Más allá del caso concreto, también disuadirá a la PNP, Yanacocha y otras empresas privadas de ignorar los estándares internacionales sobre derechos humanos, en el marco del ejercicio del derecho a la protesta de comunitarios en contra de la instalación en sus territorios de proyectos empresariales.

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