En un momento crucial para la protección de personas defensoras de derechos humanos en el país, ISHR llama a Honduras a que ponga fin a las represalias en contra de defensores/as interactuando con el EPU y a que asegure que la peopuesta de ley para la protección de defensores/as se fortalezca antes de aprobarse.
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(Geneva) – ISHR hace un urgente llamado al Estado hondureño a poner fin a la ola de estigmatización contra defensores/as de los derechos humanos, que pareciera constituir una represalia por haber ejercido su derecho a interactuar con el proceso de Examen Periódico Universal (EPU). ISHR también se unió a otras organizaciones de la sociedad civil para exigir que el Congreso hondureño incorpore las observaciones hechas por la sociedad civil sobre el proyecto de ley para la protección de los defensores y defensoras, que actualmente se encuentra en riesgo de ser aprobado en su versión más débil, contraviniendo los comentarios de la sociedad civil.
En una carta pública al Presidente del Congreso, ISHR (aqui en inglés) – junto con la Red Nacional Defensoras de DDHH Honduras, CEJIL, Jass y Protection International – felicitó el previo esfuerzo del Congreso para involucrar a la sociedad civil en el proceso de elaboración del proyecto de la Ley para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia. Sin embargo, los defensores/as locales y las ONG internacionales advirtieron que la ley sería ineficaz de ser aprobada en su estado actual, sin tomar en cuenta las observaciones hechas por la sociedad civil.
En previas ocasiones, tales como en el documento informativo para el próximo EPU sobre Honduras, ISHR ha recomendado la incorporación de las observaciones hechas por la sociedad civil al proyecto de ley de protección de defensores/as.
“En el contexto del EPU, el Estado hondureño tiene una oportunidad importante para demostrar su compromiso con la seguridad y protección de las defensoras y defensores de los derechos humanos”, dijo el Director de Comunicaciones e Incidencia de ISHR, Ben Leather. “Sin embargo, este proyecto de ley es insuficiente. Los actores internacionales saben que únicamente una ley que incorpore las aportaciones y observaciones de la sociedad civil y de quienes defienden los derechos humanos será eficaz y que una ley debilitada es igual de nociva que la falta de la misma”. Además de la nueva carta, las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos habían proporcionado una lista de recomendaciones al Congreso en agosto del año pasado, agregó el Señor Leather.
La mencionada posibilidad de que se apruebe una ley ineficaz sucede en un contexto de represalias contra las personas defensoras de los derechos humanos que buscan usar el EPU para exigir una mejor protección de los derechos humanos. Honduras será examinado en mayo bajo este mecanismo por lo que defensores/as viajaron a Ginebra la semana pasada para participar en los pre-sesiones del EPU, provocando una oleada de declaraciones difamatorias por parte de funcionarios públicos y periodistas, los que sugieren que los activistas tratan de denigrar el país, debilitar al Gobierno y hacer dinero a través de su acciones.
Ante un similar ambiente de represalias en Venezuela, los funcionarios hondureños sugirieron también que la participación de la sociedad civil en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington es la evidencia de los mismos intereses ocultos. Entre los que hacen los comentarios difamatorios se encuentran el Ministro de Asuntos Exteriores, personal de la Presidencia y grandes periódicos nacionales. Muchos comentarios se refieren explícitamente a la participación de la sociedad civil en el proceso del EPU.
“La participación de defensoras y defensores de derechos humanos es fundamental para el proceso del EPU “, dijo el Sr. Leather. “Esta ola de estigmatización es una amenaza para la seguridad de personas defensoras. Hacemos un llamado urgente al Estado de Honduras a cumplir con sus obligaciones internacionales, para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente contra las represalias. La estigmatización debe cesar, los culpables deben ser sancionados, y se deben tomar medidas para proteger a las personas en riesgo. El mundo está observando”, añadió.
“El Estado de Honduras tiene una obligación clara bajo derecho internacional – incluyendo la Resolución 25/18 del Consejo de Derechos Humanos – de crear un entorno seguro y propicio para los defensores y defensoras de derechos humanos. Ahora es un momento crucial para reflejar ésta obligación en Honduras: el Estado debe actuar con urgencia, tanto para combatir las mencionadas represalias como para garantizar la aprobación de una ley fuerte y eficaz para la protección de los defensores de derechos humanos, en lugar de la actual versión debilitada’, concluyó el Sr. Leather.
La carta dirigida al Congreso resalta las siguientes preocupaciones en la actual versión de la ley:
ISHR y otras organizaciones no gubernamentales locales e internacionales estarán alentando a otros actores – como Relatores de la ONU y otros Procedimientos Especiales, la comunidad diplomática en Honduras y el Presidente del Consejo de Derechos Humanos- para actuar de acuerdo a sus responsabilidades y plantear las cuestiones mencionadas ante las autoridades del Estado de Honduras, así como tomar medidas para respaldar a las y los defensores locales.
Para más información, contactar a Ben Leather al correo [email protected]
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