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Más de 30 organizaciones a nivel global se unen para proteger a las personas defensoras de derechos humanos. El protocolo Esperanza es respaldado por diversas expertas y expertos de la ONU y ex relatores y relatoras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En una maniobra poco habitual y no deseada, Nicaragua ha escapado al escrutinio de dos comités de derechos humanos de la ONU. Al optar por saltarse las dos revisiones programadas y, al mismo tiempo, ignorar las decisiones de una corte regional de derechos humanos, Nicaragua envía un mensaje desafiante a la comunidad internacional y una confirmación de sus intenciones de ocultar un historial problemático de derechos humanos a nivel nacional.
Ante la apropiación de su nombre, la ONG peruana Madres en Acción se ha defendido, presentando una acción legal para recuperarlo. En un informe amicus en apoyo de la acción, ISHR argumenta que el derecho de marcas se está utilizando para atacar a las personas defensoras y esto debe parar.
Casi sesenta países expresaron conjuntamente su preocupación por la "persistente impunidad de las violaciones de los derechos humanos desde abril de 2018" en Nicaragua, e instaron a las autoridades a dar pasos significativos hacia una "solución pacífica de la crisis sociopolítica del país".
Con la detención arbitraria de otras tres personas defensoras en los últimos días, una vez más se pidió al Consejo de Derechos Humanos que hiciera más para presionar a Venezuela y permitir que se escuchen las voces disidentes en el país. La sociedad civil independiente contribuye de manera decisiva a la construcción de sociedades basadas en el respeto de los derechos humanos.
En el primer caso sobre violencia contra personas trans conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte sostuvo que Honduras era responsable por el transfemicidio de la defensora de derechos humanos Vicky Hernández.
Operadores de justicia, periodistas y personas defensoras indígenas han sufrido ataques y represalias por parte de un gobierno cada vez más atrevido, confirmando así la necesidad urgente de adoptar mecanismos legales para la protección de personas defensoras de derechos humanos.
ISHR, junto con 23 organizaciones, destaca los ataques y hostigamiento de personas defensoras trans y de género diverso, el Experto Independiente sobre OSIG examina la construcción del género en el derecho internacional, se forma un grupo de amigos del mandato del Experto Independiente y 27 Estados piden al Consejo que proteja urgentemente los derechos humanos de las personas trans.
ISHR, junto con 23 organizaciones, destaca los ataques y hostigamiento de personas defensoras trans y de género diverso, el Experto Independiente sobre OSIG examina la construcción del género en el derecho internacional, se forma un grupo de amigos del mandato del Experto Independiente y 27 Estados piden al Consejo que proteja urgentemente los derechos humanos de las personas trans.
Diez años después de la aprobación de la primera resolución SOGI en el Consejo de Derechos Humanos, 27 Estados lanzaron hoy el Grupo de Amigos del mandato del Experto Independiente de la ONU sobre la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Tess McEvoy, del ISHR, y Gabriel Galil, de ILGA World, nos lo cuentan.
Más de 300 ONG han pedido al Consejo de Derechos Humanos que exija a Colombia que respete el derecho a la protesta pacífica; que investigue las violaciones cometidas contra manifestantes y personas defensoras en las últimas semanas y que responda a las demandas de les manifestantes para hacer frente a la pobreza, el racismo sistémico, las desigualdades y la impunidad en el país.
En un evento organizado por el International Service for Human Rights (ISHR) y el Congreso Mundial Uigur, Gülbahar Jalilova, superviviente de un campo de internamiento uigur, compartió su experiencia de detención arbitraria. Su testimonio se hace eco de las crecientes pruebas de graves violaciones de los derechos humanos en contra de los pueblos uigur y de habla turca, que exigen un monitoreo sistemático y la presentación de un informe público por parte de la ONU.
