El Servicio Internacional para los Derechos Humanos presentó recientemente un escrito de amicus curiae en apoyo de una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de Ecuador, interpuesta por Acción Ecológica y otras organizaciones de la sociedad civil contra la Ley Orgánica de Transparencia Social («la Ley»), promulgada el 28 de agosto de 2025.
La Ley establece un marco jurídico que regula las organizaciones sociales sin ánimo de lucro en Ecuador. Al hacerlo, introduce amplios mecanismos de control estatal, entre los que se incluyen requisitos de registro obligatorios, amplios requisitos de supervisión financiera y de divulgación de información, y sanciones severas por incumplimiento, incluida la disolución. ISHR sostiene que estas medidas corren el riesgo de socavar la independencia y el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas defensoras de los derechos humanos.
El documento presentado por ISHR tiene por objeto ayudar al Tribunal Constitucional a determinar si la Ley cumple con las obligaciones internacionales de Ecuador en materia de derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de asociación en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos. El análisis de ISHR también se basa en los informes de los relatores especiales de las Naciones Unidas y en la «Declaración +25», impulsada por la sociedad civil, que se basa en la Declaración de las Naciones Unidas.
El análisis de ISHR muestra que el régimen de registro de la Ley, las restricciones al acceso a la financiación y las disposiciones que permiten la disolución como consecuencia del incumplimiento contravienen el derecho y las normas internacionales, en particular el artículo 22 del PIDCP y los artículos 5, 13 y 17 de la Declaración de las Naciones Unidas.
ISHR ha instado al Tribunal a garantizar que el marco jurídico de Ecuador respete plenamente el derecho a la libertad de asociación y cumpla con sus obligaciones internacionales. Ha solicitado la suspensión inmediata de la aplicación de la Ley en espera de la decisión del Tribunal sobre el fondo del asunto. En esta fase, el Tribunal ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad, pero la Ley sigue en vigor.
La impugnación de la ley y la intervención de ISHR se producen en un momento de crecientes restricciones al espacio cívico en Ecuador. El CIVICUS Monitor ha calificado el espacio cívico de Ecuador como «obstaculizado» desde 2020. También ha incluido al país en su lista de vigilancia de marzo de 2026, destacando casos profundamente preocupantes de asesinatos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración durante protestas pacíficas lideradas por indígenas, asesinatos y ataques contra periodistas, agresiones contra jueces y funcionarios judiciales, estigmatización y criminalización de personas defensoras del medio ambiente y líderes indígenas, mayor militarización y declaraciones de estado de emergencia desde 2024, etc. La aplicación de la Ley ya está teniendo también consecuencias negativas de gran alcance: según se informa, se han iniciado acciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito contra al menos 60 líderes sociales y representantes de organizaciones sin ánimo de lucro, y en septiembre y octubre de 2025 se congelaron las cuentas bancarias de al menos 10 personas defensoras indígenas.
El Tribunal Constitucional de Ecuador también ha sido objeto de críticas tras su decisión de agosto de 2025 de suspender la aplicación de determinadas leyes mientras se evalúa su constitucionalidad. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados expresó su preocupación por las presiones políticas y las intimidaciones, en un contexto marcado por las declaraciones de un ministro del Gobierno que calificó al Tribunal de «enemigo de la ciudadanía» y por una marcha encabezada por el presidente Daniel Noboa en la que se denunciaron presuntos casos de corrupción y se intentó desacreditar a los jueces.
(El escrito original presentado por ISHR ante el Tribunal Constitucional de Ecuador está en español. Aquí puede consultarse una traducción no oficial en inglés de este documento.)
