Nicaragua volvió a figurar en la agenda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre, cuando Costa Rica encabezó una declaración conjunta sobre la crisis de derechos humanos en el país en nombre de un grupo interregional de 47 Estados – el mayor pronunciamiento grupal sobre esta cuestión desde marzo de 2023. El grupo rechazó categóricamente el anuncio de los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, de que no se celebrarían más elecciones con la participación de voces disidentes ni partidos de oposición, y reafirmó su apoyo a la celebración de elecciones libres, pluralistas y transparentes.
Además de los nueve miembros del grupo núcleo sobre Nicaragua en el Consejo, la declaración contó con el respaldo de delegaciones de Europa occidental y del este, América del Norte y Asia-Pacífico. Condenaron la «concentración total del poder estatal en el partido gobernante» y la persecución de personas opositoras —reales o percibidas como tal— tanto dentro como fuera del país, mediante vigilancia, hostigamiento, privación de la nacionalidad y ejecuciones extrajudiciales.
Haciéndose eco de las condenas públicas emitidas por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) y por relatores especiales de la ONU, los 47 gobiernos expresaron su consternación por la muerte bajo custodia del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, tras casi tres años de detención en régimen de incomunicación.
Instaron a que se llevara a cabo una investigación pronta, independiente, imparcial y transparente para determinar responsabilidades, y exigieron a las autoridades que revelaran el destino y el paradero de los familiares y simpatizantes que, según informes, habían desaparecido tras intentar recuperar sus restos.
Por último, el grupo lamentó la negativa de Nicaragua a cooperar con el Examen Periódico Universal (EPU) y su retirada del Consejo, e instó al país a reanudar la cooperación con los mecanismos internacionales y regionales, a concederles acceso sin restricciones al territorio nacional y a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente.
En una decisión posterior adoptada por consenso por todos los Estados miembros, el Consejo decidió examinar, en su 65º período de sesiones de junio de 2027, las medidas que pudieran ser necesarias para responder a la persistente falta de cooperación de Nicaragua.
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Durante el diálogo del Consejo sobre Nicaragua celebrado el 21 de septiembre, Maarit Kohonen Sherif presentó el último informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre el país, destacando la ausencia total de pluralismo político, el impacto de la reforma constitucional de 2025, la creciente represión mediante detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, y la anulación del espacio de la sociedad civil con el cierre de 56 medios de comunicación y la cancelación de la personalidad jurídica de más de 5.500 organizaciones de la sociedad civil desde 2018.
El informe también puso de relieve la violencia contra las comunidades indígenas, los feminicidios y los delitos de odio contra personas LGBTIQ+. Los pueblos indígenas y afrodescendientes siguen enfrentándose a actividades extractivas respaldadas por el Estado y a nuevas disposiciones legales que los privan de sus territorios ancestrales y derechos colectivos, registrándose además casos de violencia contra niñas indígenas, incluidos secuestros y violencia sexual.
La OACNUDH instó a los Estados que acogen a nicaragüenses a intensificar la protección y el apoyo a las víctimas, a no extraditar ni expulsar a ninguna persona que corra riesgo de sufrir perjuicios irremediables y a fortalecer la cooperación para investigar y responder a la represión transnacional. Asimismo, hizo un llamamiento a realizar esfuerzos diplomáticos concertados, respaldados por organizaciones multilaterales, comparables a aquellos que ayudaron a restablecer derechos en otros momentos de la historia de Centroamérica.
Un día después, el GHREN publicó un informe detallado sobre desapariciones forzadas y muertes bajo custodia, describiendo un cambio estratégico de las autoridades estatales hacia las desapariciones prolongadas y la «crueldad estatal».
El Grupo verificó 161 casos de desaparición forzada desde 2018, de los cuales 29 continuaban abiertos en agosto de 2026 – se estima que la cifra real es considerablemente mayor. Asimismo, documentó ocho casos de muertes bajo custodia estatal de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos – causadas por tortura, negligencia o malos tratos -, haciendo especial hincapié en el caso de Brooklyn Rivera.
Según el Grupo, estos actos —facilitados mediante la coordinación y las omisiones de la Policía Nacional, el sistema penitenciario nacional, el ministerio del interior, la fiscalía y el sistema de justicia— constituyen crímenes de lesa humanidad: específicamente de encarcelamiento, tortura y otros actos inhumanos (concretamente, la desaparición forzada), así como persecución por motivos políticos.
El Grupo reiteró sus recomendaciones para que los Estados ejerzan la jurisdicción universal sobre tales crímenes, adopten sanciones selectivas contra personas funcionarias e instituciones responsables y tengan en cuenta estos actos al evaluar cualquier relación financiera con Nicaragua y al tomar decisiones sobre el acceso preferencial a los mercados.
