Delcy Eloina Rodriguez Gomez, Acting President of the Bolivarian Republic of Venezuela, addresses the general debate of the General Assembly’s eighty-first session.
El Consejo de Derechos Humanos renovó los mandatos de su Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para monitorear la situación de los derechos humanos en el país, en un momento en que el escrutinio internacional es más necesario que nunca para garantizar que las reformas respeten y protejan los derechos humanos.
La resolución fue aprobada el 6 de octubre con 25 votos a favor, 5 en contra y 17 abstenciones, renovando ambos mandatos bajo sus condiciones originales y por un periodo adicional de dos años.
La renovación de estos mandatos por el Consejo de Derechos Humanos evidencia que la situación de derechos humanos en Venezuela sigue siendo de alta preocupación, no solo para esta instancia de la ONU sino para los Estados miembros ONU. Desde el movimiento de derechos humanos tenemos claro que el aparato represivo sigue intacto y de que no hay pasos auténticos hacia la investigación y enjuiciamiento de los responsables de las violaciones graves a los derechos humanos ni para garantizar los derechos de las víctimas. Es imprescindible mantener en la agenda internacional la situación de Venezuela para garantizar un verdadero proceso de transición hacia la democracia y que se inicien cuanto antes los procesos de justicia transicional necesarios para la reconstrucción del país.Calixto Ávila, defensor de derechos humanos venezolano, representante de Provea en Europa
En nombre de los principales copatrocinadores de la resolución, Chile señaló que el texto reconocía que los cambios recientes en Venezuela eran «parciales, condicionales y reversibles», y que se requería renovar los mandatos de los mecanismos de la ONU para apoyar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Japón y Estonia también intervinieron para respaldar la resolución.
Estonia expresó su preocupación por la continua represión contra actores políticos y personas defensoras de derechos humanos.
Cuba y China se opusieron al texto, calificándolo en ambos casos de «injerencia». La delegación china solicitó que se procediera a una votación. Por su parte, los representantes de Venezuela «tomaron nota» de la resolución.
La votación final también reflejó una creciente preocupación a escala regional, ya que dos Estados africanos adicionales —Mauricio y Costa de Marfil— apoyaron la renovación.
En 2019, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la creación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde 2014. Este mecanismo es el único órgano de supervisión independiente de las Naciones Unidas con el mandato de investigar violaciones sistemáticas y abusos contra los derechos humanos, así como de garantizar la rendición de cuentas de los responsables en Venezuela.
La resolución de hoy también prorrogó por otros dos años el mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para prestar asistencia técnica, supervisar la situación de los derechos humanos en el país y prevenir nuevas violaciones.
Los mandatos tanto de la FFM como de la ACNUDH desempeñan funciones distintas pero complementarias a la hora de documentar los abusos en Venezuela e informar a la comunidad internacional, emitiendo alertas tempranas sobre nuevos episodios de represión y manteniendo la presión necesaria para incentivar el cambio.
Junto con organizaciones de la sociedad civil venezolana e internacional, ISHR hizo campaña a favor de esta renovación.
Esta resolución surge nueve meses después de que una intervención militar ilegal de Estados Unidos para apartar del poder a Nicolás Maduro, lo que llevó a la sociedad civil a formular diez exigencias prioritarias para una verdadera transición democrática y un cambio significativo en materia de derechos humanos.
Sin embargo, en su informe de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos, la Misión concluyó que el «aparato represivo» del país permanece intacto —pese a «limitadas mejoras»— y que las instituciones responsables de la represión, las violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad permanecen prácticamente inalteradas.
'No cabe esperar que el derrocamiento ilegal de un líder — incluso de uno que haya pisado brutalmente los derechos humanos — restablezca de repente e inmediatamente los derechos fundamentales de la ciudadanía y ponga fin a estructuras de opresión arraigadas durante décadas. Con la prórroga de los mandatos de la Misión y de la OACNUDH, el Consejo conserva dos instrumentos vitales para apoyar a todas las personas que trabajan en favor de la rendición de cuentas y una transición democrática en Venezuela.'Raphaël Viana David, responsable de incidencia para ISHR
ISHR insta a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a que apoyen los mandatos de la Misión de Determinación de los Hechos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y a que promuevan su acceso pleno, seguro e independiente al territorio venezolano.
En una declaración conjunta publicada hoy, 21 organizaciones de la sociedad civil, incluido ISHR, piden la renovación de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela.
ISHR ha presentado un escrito de amicus curiae ante el Tribunal Constitucional de Ecuador, en el que sostiene que la Ley Orgánica de Transparencia Social impone requisitos de registro excesivamente amplios, obligaciones de supervisión financiera y presentación de informes, así como otras cargas que restringen indebidamente a las organizaciones de la sociedad civil y menoscaban el derecho a la libertad de asociación.
El Consejo de Derechos Humanos se ha enfrentado a nuevas y contundentes pruebas de la magnitud, la sofisticación y el alcance transnacional de la represión ejercida por las autoridades nicaragüenses. El último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, así como los llamamientos públicos realizados de los Estados y la sociedad civil ante el Consejo y la Asamblea General ponen de relieve la necesidad de exigir responsabilidades.
