Venezuela: Los mecanismos de la ONU deben continuar su labor por la justicia

La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos el 27 de septiembre de 2019 mediante la resolución 42/25.  Su mandato fue renovado tres veces en octubre 2020, 2022 y 2024 mediante la resolución 45/20, 51/29 y 57/36  respectivamente. El fin de su mandato se espera en septiembre 2026.

La FFM se estableció para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde 2014. Este mecanismo es el único órgano de supervisión independiente de las Naciones Unidas con el mandato de investigar las violaciones sistemáticas y los abusos contra los derechos humanos, así como de garantizar que los responsables rindan cuentas en Venezuela.

Concretamente, se encomendó a la FFM:

• investigar las violaciones graves de los derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluidas las relacionadas con la violencia sexual y de género, cometidas desde 2014;
• ayudar a combatir la impunidad y garantizar la plena rendición de cuentas de los responsables y la justicia para las víctimas;
• presentar actualizaciones orales sobre su trabajo durante un diálogo interactivo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; y,
• preparar informes escritos sobre sus conclusiones para presentarlos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Puede encontrar más información en el sitio web de OACNUDH.

Si bien la destitución forzosa de Maduro en enero de 2026 generó una esperanza cautelosa y supuso una oportunidad crucial para un cambio significativo a largo plazo, en el momento de redactar esta página web la gran mayoría de las personas, instituciones y estructuras estatales de alto nivel responsables de facilitar crímenes contra la humanidad siguen intactas.

No se ha llevado a cabo ninguna purga de los órganos represivos basada en la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos.

Los cambios más significativos se produjeron con las dimisiones del Fiscal General y del Defensor del Pueblo, quienes fueron destinados a otros cargos públicos y sustituidos por personas que habían prestado servicio anteriormente bajo el régimen. Otro cambio afectó al ministro de Defensa, quien fue sustituido por el antiguo jefe del SEBIN, bajo cuyo mando este organismo de seguridad llevó a cabo detenciones arbitrarias y actos de tortura, tal y como informó la FFM.

El poder judicial sigue estando compuesto por jueces y fiscales que, durante años, han encarcelado arbitrariamente a miles de personas venezolanas perseguidas por motivos políticos. Ese mismo poder judicial es responsable de la aplicación de la Ley de Amnistía, denegando arbitrariamente su aplicación en al menos 400 casos.

La Ley de Amnistía fue concebida para excluir períodos significativos a partir de 1999 y para excluir a grupos de personas presas  por motivos políticos que fueron encarceladas o procesadas por hechos ocurridos durante dichos períodos. Esta ley se ha aplicado sin transparencia. Jorge Izarra, presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en Venezuela, informó de que más de 8.600 personas se beneficiaron de la ley, pero no se han facilitado listas verificables ni auditables. Una petición presentada por la ONG Espacio Público en la que se solicitaba el acceso a dichas listas fue denegada por el fiscal Devoe.

El marco jurídico en el que se ha basado la persecución de las personas opositoras políticas —o de quienes son percibidas como tales— también sigue vigente. Así, el 3 de enero de 2026 se promulgó un Decreto sobre el Estado de Emergencia Externa, que se suma a la normativa que permite la criminalización de personas consideradas opositoras, incluidos las personas defensoras de los derechos humanos. Se mantienen vigentes la Ley constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, la Ley Simón Bolívar, la Resolución N.° 2012-0026 del 17 de octubre de 2012 del Tribunal Supremo de Justicia, que crea los tribunales con competencia en terrorismo, y la Resolución n.° 2015-0007 de 15 de marzo de 2025, que la modifica parcialmente.

Persiste la amenaza de prohibición y persecución contra las ONG y otras organizaciones sociales. Sigue en vigor la Ley de Supervisión, Regulación, Funcionamiento y Financiación de las Organizaciones No Gubernamentales y las Organizaciones Sociales sin Ánimo de Lucro (la «Ley contra las ONG»), que entró en vigor el 15 de noviembre de 2024.

La persistente incertidumbre en torno a las dinámicas de poder internas dentro de la élite gobernante de Venezuela podría aumentar aún más el riesgo de una nueva ola de represión y de continuas violaciones de los derechos humanos, lo que agravaría la vulnerabilidad de millones de personas que ya viven sometidas a una presión socioeconómica extrema.

Por lo tanto, cualquier proceso de reforma significativo debe ser integral e incluir el desmantelamiento de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia implicados en crímenes contra la humanidad, la reforma de los sistemas judicial y electoral, y la derogación de la legislación que ha permitido la persecución política y la restricción sistemática del espacio cívico.

En este contexto de transición, los mecanismos de investigación desempeñan un papel particularmente crítico. Proporcionan la supervisión independiente necesaria para evaluar dónde se están logrando avances reales, distinguir entre reformas estructurales y medidas cosméticas destinadas a desviar la atención internacional, y asegurar que las dinámicas políticas en evolución sigan siendo evaluadas desde una perspectiva de derechos humanos. La supervisión continua en materia de derechos humanos y la presentación de informes públicos siguen siendo esenciales para preservar la capacidad de influencia internacional sobre las autoridades y mantener la presión en favor de cambios significativos basados en los derechos.

En este marco, las investigaciones de la FFM desde 2019 han permitido mapear los factores estructurales de riesgo que facilitaron la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La continuación de la presentación de informes públicos por parte de la Misión es, por tanto, indispensable para determinar si las reformas anunciadas abordan estos factores subyacentes de abuso o si constituyen meros ajustes superficiales. Sus recomendaciones también son fundamentales para cerrar las brechas de protección y garantizar que las reformas estructurales se orienten de manera efectiva a abordar los riesgos identificados de atrocidades a nivel institucional. Al proporcionar una evaluación independiente del progreso, o de su ausencia, en el desmantelamiento de las estructuras que facilitaron atrocidades pasadas, la FFM desempeña un papel crucial en la contribución a los esfuerzos para reducir el riesgo de repetición, fortalecer las garantías de no repetición y asegurar que cualquier posible transición política esté basada en un sólido marco de prevención de atrocidades.

Además, los momentos de transición política son precisamente aquellos en los que el potencial efecto disuasorio de las investigaciones independientes es mayor. A medida que las autoridades venezolanas buscan legitimidad internacional y avanzan hacia una mayor normalización política y apertura económica, existe una ventana de oportunidad crítica para que los actores externos influyan en sus cálculos e incentiven cambios significativos. 

La experiencia de los últimos años sugiere que la supervisión internacional puede modificar el comportamiento de los perpetradores y de las instituciones sensibles a los costos reputacionales. Organizaciones venezolanas de derechos humanos documentaron que, tras la publicación del primer informe de la FFM en septiembre de 2020, el número de ejecuciones extrajudiciales disminuyó en más de un 50 % entre enero de 2020 y diciembre de 2021, mientras que el papel de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), identificadas por la Misión como centrales en los patrones de ejecuciones extrajudiciales, se redujo significativamente en las operaciones de seguridad. Aunque las estructuras y políticas subyacentes que permitían los abusos permanecieron en vigor, estos desarrollos demostraron la capacidad de las investigaciones independientes y la presentación de informes públicos para generar efectos disuasorios, en particular entre los altos funcionarios responsables de dirigir las operaciones de seguridad. Preservar el mandato de la FFM durante este período de mayor sensibilidad a la legitimidad internacional es, por tanto, esencial no solo para la rendición de cuentas y la verdad, sino también para mantener la capacidad de influencia sobre las autoridades y maximizar las perspectivas de una reforma significativa y duradera.

La FFM tiene un papel fundamental a la hora de garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y de crímenes internacionales, así como a la hora de poner de relieve las reformas estructurales necesarias para prevenir futuros abusos. La FFM ha documentado cientos de casos, ha identificado patrones de delitos según el Derecho internacional y ha elaborado una lista de personas cuya participación debería ser investigada por autoridades judiciales independientes y creíbles.

La FFM fue uno de los primeros mecanismos internacionales en afirmar con firmeza que las autoridades venezolanas habían cometido graves violaciones de los derechos humanos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil que podría constituir crímenes contra la humanidad. Identificó a autoridades de rango medio y alto, incluido el jefe de Estado, como posibles responsables de violaciones de los derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones por motivos políticos y tortura, así como abusos contra manifestantes, y reveló el papel activo del poder judicial venezolano en la comisión de violaciones de los derechos humanos y en garantizar la impunidad de estos abusos atrozes, así como los diversos mecanismos de represión empleados por el resto de los funcionarios del Estado.

Asimismo, la FFM puso de manifiesto la existencia de un plan para reprimir a la oposición o a quienes se perciben como tal, así como violaciones de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras zonas del estado de Bolívar, y la ausencia de una reforma genuina de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley tras la disolución de las Fuerzas de Acción Especial (FAES).

En un contexto de impunidad, represión y censura en Venezuela, y ante la práctica ausencia de avances en materia de derechos humanos, la existencia de un mecanismo independiente de investigación y rendición de cuentas como la Misión de Factos ha permitido que las víctimas sean escuchadas y haya contribuido a garantizar su derecho a la justicia, la verdad y la reparación. Los informes de la FFM siguen constituyendo una valiosa aportación a la Corte Penal Internacional (CPI) y a los procedimientos penales en virtud del principio de jurisdicción universal, como lo ilustra la solicitud de extradición presentada por Argentina a España contra el coronel retirado de la GNB Efraín Verdú en relación con el asesinato de la joven Geraldín Moreno, ocurrido durante las protestas de febrero de 2014 en Venezuela.

En 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó la Misión de Investigación sobre Venezuela con el fin de evaluar las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en el país desde 2014.

Este mecanismo es el único órgano de supervisión independiente dentro de las Naciones Unidas con el mandato de investigar las violaciones y los abusos sistemáticos de los derechos humanos y de garantizar que los responsables en Venezuela rindan cuentas.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU otorgó a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) el mandato de informar sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y de colaborar técnicamente con las autoridades venezolanas para mejorar la situación de los derechos humanos sobre el terreno.

Este mandato difiere y complementa el de la FFM, que se centra en la identificación de las responsabilidades individuales, la rendición de cuentas y la denuncia de las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de derecho internacional. Por ejemplo, a la OACNUDH no se le encomienda la recogida y conservación de pruebas para futuros enjuiciamientos, lo que subraya la complementariedad de ambos mandatos.

Además de la OACNUDH, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) ha autorizado seguir adelante con la investigación sobre la situación de Venezuela. Sin embargo, estas investigaciones se encuentran aún en una fase preliminar de identificación de casos y se reconoce que, de conformidad con el principio del interés de la justicia establecido en el Estatuto de Roma y la política de la Fiscalía, no todos les autores directos o indirectos serán enjuiciados.

Por lo tanto, la FFM sigue teniendo la responsabilidad de documentar, identificar y exponer a los autores y las cadenas de mando que deben ser investigadas para que las víctimas obtengan verdad, justicia y reparación. La Fiscalía de la CPI seguirá centrándose en formular una acusación concreta contra individuos específicos, mientras que la FFM continuaría documentando los problemas estructurales, dado que su mandato abarca un conjunto más amplio de abusos y violaciones de los derechos humanos. Además, la FFM podría seguir obteniendo pruebas para que se inicien o avancen otros procedimientos en las jurisdicciones nacionales.

Entre 2019 y 2026, el presupuesto total asignado en virtud de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos sobre Venezuela y aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas asciende a 16 741 400 dólares estadounidenses. Para los años 2025 y 2026, las estimaciones ascienden a 3 785 050 dólares estadounidenses y 9 042 000 dólares estadounidenses, respectivamente.

Esto representa el 0,1 % y el 0,2 % del presupuesto global de la ONU aprobado para 2025 y 2026, respectivamente.
Debido a la crisis de liquidez de la ONU, estos fondos no se han ejecutado en su totalidad. Durante 2025, FFM solo recibió —y, por lo tanto, solo pudo desembolsar— aproximadamente 1,1 millones de dólares estadounidenses. Esto representa menos de la mitad del importe aprobado inicialmente en la resolución correspondiente.

Esto ha dado lugar a graves déficits presupuestarios y, a su vez, a recortes de personal dentro de FFM.

La composición aprobada de la FFM incluye entre 13 y 16 miembros del personal con distintos niveles de compromiso. (A modo de comparación, en la Defensoría del Pueblo de Venezuela trabajan alrededor de 900 personas, mientras que comisiones similares a la FFM en otros países, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, llegaron a contar en su momento con una plantilla de casi 200 personas).

En realidad, la FFM no ha contado con este número de empleados. En mayo de 2026, la FFM declaró que la congelación de la contratación había dejado a la Misión en una situación extremadamente precaria, especialmente hacia finales de 2025 y principios de 2026, de la que solo ha comenzado a recuperarse en los últimos dos o tres meses.

A pesar de las graves restricciones presupuestarias, la FFM ha logrado documentar, tramitar y presentar informes de la máxima calidad técnica con menos de la mitad de los fondos asignados. Esto demuestra la rentabilidad institucional y un compromiso incuestionable con los derechos humanos. Si, con recursos mínimos, han logrado salvaguardar la memoria y la justicia, la renovación de su mandato con pleno apoyo es una obligación moral para la comunidad internacional.

El 20 de enero de 2026, dieciséis organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales han presentado una lista de diez demandas prioritarias. Puede consultarlas aquí.

El objetivo de estas diez demandas es identificar una serie de medidas urgentes que, a corto plazo, puedan encauzar la situación actual hacia una transición democrática genuina y creíble.

Esta lista debe servir como punto de partida, adaptada a las condiciones actuales del país, con el objetivo de reconstruir la confianza, restablecer la seguridad jurídica y abrir vías efectivas hacia el restablecimiento del Estado de derecho y la democracia. No pretende ser una agenda exhaustiva de derechos humanos, ni una hoja de ruta completa para la redemocratización.

Más bien, debe entenderse como parte de un proceso más amplio que requiere voluntad política, coordinación entre los actores nacionales e internacionales y el apoyo de marcos multilaterales legítimos, acompañados de mecanismos internacionales de derechos humanos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

La participación de la sociedad civil, junto con la puesta en marcha de mecanismos de justicia transicional, como la FFM, es esencial para lograr una transición inclusiva y sostenible, centrada en la sociedad venezolana y en las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos.