Una coalición de 39 ONG lanzó un nuevo informe ante la Comisión Interamericana, documentando un patrón de amenazas mayores y particulares contra quienes trabajan el tema de empresas y derechos humanos en las Américas
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La Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denominado las democracias de las Américas “una desgracia total” por haber fallado en la protección de quienes defienden los derechos a la tierra, el territorio y el medio ambiente, después de escuchar los testimonios de defensores/as que representaron una coalición de 39 organizaciones en una audiencia en Washington ayer.
La coalición también lanzó un nuevo informe, que cubre 17 países, documenta los específicos y elevados riesgos enfrentados por defensores/as de derechos humanos trabajando en temas relacionados con empresas. La Presidenta enfatizó que la protección de este grupo de defensores/as es una prioridad para la CIDH, aunque también reconoció que una continuada falta de recursos socava profundamente la habilidad de la Comisión en responder adecuadamente.
La coalición de organizaciones nacionales, regionales e internacionales – que trabajan a lo largo de las Américas – había pedido la audiencia para subrayar el papel de las empresas en violaciones contra defensores/as de los derechos a la tierra, el territorio y el medio ambiente. El informe es complementario, y contiene recomendaciones dirigidas hacia la CIDH, Estados, empresas, y mecanismos internacionales.
“A través de nuestra análisis como coalición amplia, hemos podido presentar ante la Comisión evidencia de un patrón de ataques en contra de defensoras y defensores de la tierra, territorio y el medio ambiente a lo largo de las Américas, con claros ejemplos de colusión entre empresas, el Estado y hasta el crimen organizado, con el fin de silenciar a defensores y defensoras”, dijo Ben Leather del Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR).
Abriendo la audiencia por parte de la coalición, María José Veramendi de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) explicó que los defensores/as de la tierra, el territorio y el medio ambiente viven una situación de mayor riesgo comparado con otros grupos de defensores/as. Citando el trabajo de Global Witness, Sra. Veramendi dijo que en tan solo una década – entre el 202 y el 2013 – 760 defensores/as de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados.
“El ambiente en lo cual estos defensores y defensoras trabajan es marcado por una impunidad profunda, que simplemente propicia futuras amenazas y ataques en contra de personas defensoras”, dijo Eleanor Openshaw del ISHR.
Sra. Veramendi subrayó que esta impunidad es particularmente aguda cuando la presencia del Estado es débil pero las empresas son libres a operar. Estos son precisamente los contextos en los cuales defensores/as protejan las tierras y la subsistencia de sus familias y miembros de sus comunidades. Se emplean tácticas particulares para socavar su labor, incluyendo estigmatización como “opositores del desarrollo económico” o “terroristas”, todo afectando su habilidad de buscar justicia y exponiéndoles a futuros ataques y restricciones.
Una táctica que sobresale del informe es la de la criminalización de defensores/as a través de la aplicación arbitraria de leyes vagas, o excesivamente restrictivas, en su contra.
Danilo Chammas de Justiça nos Trilhos habló de la criminalización a manos de Vale S.A. en Brasil, donde cuatro miembros de las comunidades rurales de Buriticupu en el norte del país fueron llevados a juicio por la empresa por haber llevado a cabo una protesta por la destrucción causada por el paso de vehículos de la empresa por sus territorios. Asimismo, resaltó el que la empresa había utilizado un sistema de vigilancia para monitorear personas defensoras y organizaciones de base. El sistema, según Danilo Chammas, funcionaba con el conocimiento del Estado Brasilero utilizando los mismos agentes de seguridad privada que habían trabajado para el Estado durante la dictadura militar.
María Isabel Jiménez de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) comentó que frecuentemente la criminalización se viene dirigida contra los líderes indígenas y las y los que exigen el respeto del derecho a la consulta libre, previa e informada para las comunidades afectadas por los proyectos económicos propuestos. En hacer esta demanda al Estado, María Isabel Jiménez, junto con sus compañeros de trabajo y su familia fueron víctimas de amenazas de muerte y ataques físicos, en una comunidad ya dividida.
Isabel Zuleta del Movimiento dos Ríos, habló de que en el caso de Colombia, los intereses poderosos que han salido con ganancias de la guerra, ahora ganan de la explotación de la tierra. Sin cambios al ‘modelo capitalista’ actual, siguió, la destrucción del ambiente continuará y con ella, las amenazas y ataques contra quienes defienden al ambiente en la región.
En sus recomendaciones, la coalición pidió a la Comisión a que incorporara un enfoque sobre este grupo de personas defensores en su trabajo, mientras que define – en colaboración con la sociedad civil – medidas de protección que responden a sus necesidades particulares y en particular las de las comunidades y colectivos de personas defensores. Asimismo, la coalición hizo un llamado a la Comisión a que convoque una reunión entre personas defensoras y empresas a hablar de las responsabilidades del último en cuanto a la creación de un ambiente seguro y propicio para las y los defensores.
Las y los panelistas hablaron de las amenazas y ataques que ellos y sus compañeros de trabajo han experimentado a nivel personal. Isabel Zuleta habló de una serie de amenazas contra ella y en particular un intento de secuestro contra ella y sus compañeros de trabajo. Ella ha hecho una denuncia oficial contra los que considera responsable, ella comentó, pero hasta la fecha no se ha lanzado ninguna investigación en cuando a estos sucesos. Ella hizo un fuerte llamado a la CIDH a que asegurara la protección de quienes testifiquen frente a la Comisión para que no sufran represalias.
Respondiendo a los testimonios presentados a la CIDH durante la audiencia, la Presidenta comentó que la audiencia había dado a conocer ‘la amplitud y la profundidad’ del problema al cual se enfrentan las personas defensoras de los derechos a la tierra, el territorio y el ambiente por toda la región. Añadió que la audiencia había mostrado que existe ‘un patrón evidente de persecución’ por toda la región. La Presidenta se expresó de manera clara en cuanto a la falta de recursos disponibles a la Comisión, la cual ha causado una demora en el establecimiento del puesto de la Relatora Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La audiencia fue acumulada con otra encabezada por el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad con autoridades indígenas, la cual resaltaba muchos de los mismos patrones de amenazas y ataques.
Las organizaciones que contribuyeron a la audiencia y el informe sobre el tema tratado son:
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Amazon Watch, la Asamblea de los Pueblos del Sur, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), Association for Women’s Rights in Development (AWID), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres Chihuahua, Centro Mexicano del Derecho Ambiental (CEMDA), Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH), Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Comisión Mexicana para la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Comunidad de Derechos Humanos Bolivia, Conectas Direitos Humanos, Comisión Colombiana de Juristas, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Due Process of Law Foundation (DPLF), Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe (FAU-AL), Forum Suape, Global Witness, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Internacional Service for Human Rights (ISHR), JASS por Asociadas por lo Justo (JASS), Justiça Global, Justiça nos Trilhos, Laboratorio de Paz, Movilización de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca por el Cuidado de la Vida en los Territorios Ancestrales, Peace Brigades International (PBI), Plataforma Internacional Contra la Impunidad, Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN, Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC), Robert F. Kennedy Human Rights, Terra Mater, La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras Guatemala (UDEFEGUA), y Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).
Ante la crisis de derechos humanos que vive la región, además de cambios significativos, durante la 55° sesión del Consejo de Derechos Humanos, personas defensoras de América Latina y el Caribe hablaron de las realidades a las que se enfrentan, exigiendo mayor acción y nuevos mecanismos, y expresando su preocupación por las decisiones políticas que prevalecen sobre las evaluaciones de necesidades objetivas.
Personas defensoras del medio ambiente de toda América Latina y el Caribe se reunieron la semana pasada en el II Foro de los Derechos Humanos (Acuerdo de Escazú) poniendo de manifiesto su papel indispensable en la defensa de la vida en la Tierra. Para que Escazú responda a sus necesidades y expectativas, los mecanismos de apoyo a su aplicación deben recibir fondos suficientes.
Olnar Ortiz Bolívar y Alexandra Lezama, dos personas defensoras de los derechos humanos de Venezuela, asisten a la 52a sesión del Consejo de Derechos Humanos, en la que la Misión de de determinación de los hechos sobre Venezuela (FFM, por su siglas en inglés) presentará oralmente un informe actualizado sobre la situación de los derechos humanos en el país.
