Anexa Alfred Cunningham es una valiente líder indígena miskitu, defensora de los derechos humanos, abogada y experta en derechos de los pueblos indígenas de Nicaragua. Defiende el territorio y los recursos naturales ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribeña de Nicaragua. También ha trabajado con comunidades indígenas y afrodescendientes para investigar los numerosos abusos que sufren y denunciarlos ante las Naciones Unidas. Estos Pueblos se enfrentan a ataques de grupos armados que pretenden arrebatarles su territorio ancestral con la aprobación del Estado. Su situación se ha deteriorado desde la – aún en curso – crisis de derechos humanos de 2018. En 2022, según grupos de derechos locales , se documentaron 90 ataques y al menos 32 asesinatos en la Costa Caribe Norte. Este año, el 11 de marzo, la comunidad de Wilu fue atacada por un grupo armado. Quemaron casas y mataron a cinco indígenas mayagnas, lo que provocó el desplazamiento forzado del resto de la comunidad. Anexa ha denunciado esta violencia sistémica y considera que equivale a un genocidio y crímenes contra la humanidad.
El trabajo de Anexa molesta al gobierno nicaragüense. Las autoridades han intentado silenciarla. En julio de 2022, tras participar por primera vez en una sesión de un grupo de personas expertas de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, del cual es miembro, las autoridades de Nicaragua le negaron la entrada en su propio país. Anexa reside en Nicaragua con su familia, pero se le impidió embarcar en su vuelo de regreso y reunirse con sus hijos menores de edad. Desde entonces permanece varada en Ginebra. El presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha pedido reiteradamente aclaraciones al gobierno nicaragüense y ha solicitado que Anexa pueda regresar sana y salva a su hogar y a su familia, pero el gobierno no ha respondido. Anexa sigue en una situación de exilio forzoso e ilegal de su propio territorio.
Anexa no es la única que se encuentra en esta situación. En febrero de 2023, el gobierno de Nicaragua liberó y deportó a 222 personas presas políticas que se encontraban recluidas injustamente en centros de detención del Estado y luego las privó de su nacionalidad. Luego las autoridades nicaragüenses despojaron arbitrariamente de su nacionalidad y derechos de ciudadanía a otras 94 personas que criticaban al gobierno (entre ellas personas periodistas, campesinas, defensoras de los derechos humanos, escritoras y líderes políticos y sociales), muchas de las cuales ya se encontraban en el exilio. El secretario general de la ONU ha denunciado al menos siete casos de represalias contra activistas nicaragüenses por cooperar con la ONU desde mayo de 2020.
Todas y todos tenemos derecho a defender los derechos humanos. Queremos que Anexa y las personas defensoras de los derechos humanos nicaragüenses puedan colaborar de forma efectiva y segura con las Naciones Unidas. Queremos que el gobierno de Nicaragua se abstenga de intimidar o llevar a cabo represalias contra las personas defensoras.
Exíjale a la ONU y a sus Estados miembros que respondan eficazmente al caso de Anexa, la apoyen y presionen para que obtenga justicia, de modo que por fin pueda regresar a casa con su comunidad y continuar su liderazgo como mujer indígena y defensora de los derechos humanos.
