Cris Huerta se dirige al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, UN Webtv
En el debate del Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua, expertos de la ONU, gobiernos y ONG muestran su preocupación por el agravamiento de la crisis de derechos humanos e instan a Nicaragua a reanudar su diálogo con la comunidad internacional.
El 18 de diciembre, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) cerró el año convocando un diálogo sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en el que escuchó los acontecimientos más recientes en el país documentados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). En su discurso a los Estados miembros de la ONU, la Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, describió un desalentador contexto de persecución contra personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, líderes y lideresas políticos/as e indígenas y personas de la Iglesia católica, en el que “la impunidad es la norma”. Al-Nashif denunció la detención arbitraria de al menos 17 mujeres y 54 hombres, incluidas violaciones del debido proceso y torturas, así como la denegación de entrada en Nicaragua y “violaciones contra nicaragüenses despojados de su nacionalidad y propiedades”.
Cada día el país se desvía más de los derechos humanos, profundizando el sufrimiento de la gente, provocando el éxodo de la juventud y socavando el futuro de las instituciones públicas democráticas. Hago un llamamiento a Nicaragua para que invierta inmediatamente este rumbo e introduzca un cambio fundamental en interés de su pueblo, anclado en los derechos humanos.Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif
En una declaración conjunta, los gobiernos que componen el “grupo central” (core group) de países que lideran una resolución para establecer el escrutinio de la ONU sobre Nicaragua -Costa Rica, Chile, Canadá, Colombia, Brasil, Perú, Paraguay y Ecuador- instaron a las autoridades a “cooperar plenamente” con los organismos de derechos humanos de la ONU, planteando los casos del obispo Rolando Álvarez, el líder miskito Brooklyn Rivera y la empresaria Karen Celebertti.
La Unión Europea y otros gobiernos -entre ellos Francia, Suiza, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, Georgia, Ucrania, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos– expresaron su preocupación por una serie de abusos contra los derechos en el país. En una firme declaración, Argentina anunció que se reintegraría al “grupo central” (core group), que había abandonado en 2020.
Durante el diálogo, Cristiana “Cris” Huerta, activista feminista de Nicaragua, informó al Consejo de Derechos Humanos sobre la suerte de las defensoras de los derechos humanos en una declaración realizada en nombre de International Service for Human Rights. Para Cris, las activistas feministas se enfrentan a dos opciones: la cárcel o el exilio.
En octubre, Nicaragua volvió a negarse a someterse al escrutinio de un comité de derechos de la mujer de la ONU creado en virtud de un tratado ratificado por el propio Estado nicaragüense. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) “deploró” públicamente la “conducta inaceptable” y las “acusaciones infundadas” de Nicaragua. Este excepcional acto de desafío también fue recibido con fuertes críticas por parte de gobiernos y expertos de la ONU, y la Alta Comisionada interina Al-Nashif condenó el uso de un “lenguaje inapropiado” por parte de la embajadora de Nicaragua, Rosalía Bohorquez, contra el Comité. Las conclusiones del Comité sobre los derechos de la mujer en Nicaragua se publicarán en febrero de 2024.
Dado que está previsto que la Costa Caribe Norte y Sur de Nicaragua -habitada predominantemente por Pueblos Indígenas- celebre elecciones regionales en marzo de 2024, la Alta Comisionada interina Al-Nashif expresó su preocupación por la “cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de YATAMA, el principal partido político indígena y afrodescendiente del país”. También expresó su preocupación por los importantes riesgos para los derechos de los pueblos indígenas que entraña el proyecto Bio-CLIMA -financiado por Green Climate Fund-, en particular dada la falta de procesos adecuados para garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas.
En sus observaciones finales durante el diálogo del pasado lunes, la Alta Comisionada interina Al-Nashif recomendó que Nicaragua liberara sin demora a los miembros de la Asamblea Nacional Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, y restableciera la personalidad jurídica de todos los partidos políticos cancelados arbitrariamente, incluido YATAMA, antes de las elecciones regionales de 2024.
Hay esperanza. Las personas defensora sde los derechos humanos en Nicaragua y en el exilio siguen trabajando incansablemente por un futuro mejor. Necesitan el apoyo sostenido de la comunidad internacional.Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif
Este diálogo es un mandato de la resolución 52/2, adoptada por el Consejo de Derechos Humanos el 3 de abril de 2023, tras una campaña sostenida por el Colectivo 46/2, una coalición de ONG nicaragüenses e internacionales, incluido ISHR. La resolución renueva por dos años el mandato de monitoreo de la OACNUDH, y el mandato de investigación del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que concluyó a la comisión de crímenes de lesa humanidad a principios de marzo.
En 2024, la situación de los derechos humanos en Nicaragua será tema de debate en el Consejo de Derechos Humanos en marzo, junio, julio y diciembre. En noviembre, los Estados miembros de la ONU examinarán la trayectoria de Nicaragua y formularán recomendaciones en el contexto de su Examen Periódico Universal (EPU), una “toma de temperatura” clave de la preocupación mundial por la crisis multidimensional del país.
Personas defensoras del medio ambiente de toda América Latina y el Caribe se reunieron la semana pasada en el II Foro de los Derechos Humanos (Acuerdo de Escazú) poniendo de manifiesto su papel indispensable en la defensa de la vida en la Tierra. Para que Escazú responda a sus necesidades y expectativas, los mecanismos de apoyo a su aplicación deben recibir fondos suficientes.
El ISHR, junto con otras ONG, emitió una declaración conjunta condenando la criminalización de Milena Quiroz y pidiendo que se garantice su derecho a un juicio justo y su derecho a defender derechos humanos.
Ante la apropiación de su nombre, la ONG peruana Madres en Acción se ha defendido, presentando una acción legal para recuperarlo. En un informe amicus en apoyo de la acción, ISHR argumenta que el derecho de marcas se está utilizando para atacar a las personas defensoras y esto debe parar.
