Venezuela: es hora de renovar los mecanismos de derechos humanos de la ONU

La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos el 27 de septiembre de 2019 mediante la resolución 42/25.  Su mandato fue renovado dos veces en octubre 2020 y 2022 mediante la resolución 45/20 y 51/29. Su quinto informe y el fin de su mandato se esperan en septiembre 2024.

La FFM se estableció para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde 2014.

Concretamente, se encomendó a la FFM:

• investigar las violaciones graves de los derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluidas las relacionadas con la violencia sexual y de género, cometidas desde 2014;
• ayudar a combatir la impunidad y garantizar la plena rendición de cuentas de los responsables y la justicia para las víctimas;
• presentar actualizaciones orales sobre su trabajo durante un diálogo interactivo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; y,
• preparar informes escritos sobre sus conclusiones para presentarlos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Puede encontrar más información en el sitio web de OACNUDH.

La FFM se creó para unificar esfuerzos en la lucha por la justicia para las víctimas y para servir de elemento preventivo ante nuevas violaciones de los derechos humanos y posibles crímenes atroces.

La renovación de su mandato permitiría a la FFM seguir reuniendo pruebas de violaciones graves y continuadas de los derechos humanos. Este sería un paso más hacia el establecimiento de responsabilidades por el enorme sufrimiento del pueblo venezolano desde 2014. También enviaría un mensaje claro a quienes perpetraron abusos de que, tarde o temprano, tendrán que responder por los crímenes cometidos.

En tanto que la justicia no pueda ser obtenida a nivel interno en Venezuela, debido a los obstáculos cuidadosamente documentados por la FFM en su informe sobre la falta de independencia judicial, y mientras perpetradores, a todos los niveles, continúen evadiendo la investigación y la rendición de cuentas, la FFM sigue siendo una herramienta única y crítica para sentar las bases de la verdad, la justicia, la reparación y la protección de víctimas, sobrevivientes y sus familias, así como de la población en general.

Renovar el mandato de la FFM es especialmente importante en estos momentos en Venezuela, en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y de las elecciones legislativas y regionales previstas para 2025.

En este contexto electoral, las autoridades venezolanas han violado repetidamente sus obligaciones internacionales en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos actualmente en vigor. Estas violaciones incluyen detenciones arbitrarias por motivos políticos y órdenes de arresto contra activistas, personas defensoras de los derechos humanos o miembras de la oposición, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos de personas opositoras, entre ellos María Corina Machado. También han continuado las represalias por la labor de protección de los derechos humanos de los organismos de la ONU, como la expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El gobierno también ha propuesto leyes que restringirían gravemente el espacio cívico y la libertad de expresión y asociación.

En consecuencia, el mandato de la FFM no puede considerarse aún satisfecho y sigue siendo un mecanismo para que el Consejo de Derechos Humanos incida en la mejora de la situación de los derechos humanos en el país, disuadiendo de una nueva escalada en la comisión de posibles crímenes de derecho internacional y documentando los que ya se han producido y permanecen impunes.

La FFM tiene un papel fundamental a la hora de garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, así como para poner de relieve las reformas estructurales necesarias para prevenir futuros abusos. La FFM ha documentado cientos de casos, ha identificado patrones de crímenes internacionales y ha establecido una lista de personas cuya participación debe ser investigada por autoridades judiciales independientes y creíbles.

La FFM fue uno de los primeros mecanismos internacionales en afirmar con contundencia que las autoridades venezolanas han cometido graves violaciones de los derechos humanos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil que podría constituir crímenes de lesa humanidad. Identificó a autoridades de rango medio y alto, incluido el jefe de Estado, como posibles responsables de violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, detenciones por motivos políticos y torturas, así como de abusos contra manifestantes, y reveló el papel activo del poder judicial venezolano en la comisión de violaciones de derechos humanos y en garantizar la impunidad de estos atroces abusos, así como los diversos mecanismos de represión empleados por el resto de funcionarios del Estado.

Asimismo, la FFM evidenció la existencia de un plan para reprimir a la oposición o a quienes son percibidos como tales, así como violaciones de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras zonas del Estado de Bolívar y la falta de una verdadera reforma de las instituciones policiales tras la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

En un contexto de impunidad, represión y censura en Venezuela, y de casi ningún avance en materia de derechos humanos, la existencia de un mecanismo independiente de investigación y rendición de cuentas como la FFM ha permitido a las víctimas ser escuchadas y contribuir a garantizar su derecho a la justicia, la verdad y la reparación. Además, sus informes son una valiosa aportación para la Corte Penal Internacional (CPI) y las causas penales bajo el principio de jurisdicción universal.

La FFM podría recibir el mandato adicional de alertar a tiempo sobre un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos, en particular antes de las elecciones previstas para 2024 y 2025. Órganos de investigación similares de la ONU como los de Burundi, Sudán del Sur y Myanmar, han realizado evaluaciones similares para proporcionar información de alerta temprana sobre la repetición de crímenes atroces. La FFM también debe documentar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el periodo electoral, centrándose en garantizar la no repetición de estos crímenes y violaciones en Venezuela.

Sobre la base del mandato ya establecido, la FFM podría profundizar su investigación, (i) haciendo hincapié en diversos grupos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, las infancias y los pueblos indígenas ; (ii) teniendo en cuenta las condiciones y circunstancias específicas de determinadas regiones geográficas muy afectadas por la violencia : (iii) investigando los vínculos entre el gobierno de Nicolás Maduro y grupos armados y criminales; (iv) profundizando su investigación sobre el papel de las distintas ramas de las fuerzas de seguridad en la represión; y (v) investigando otras formas de persecución y control social relacionadas con el acceso a bienes, servicios, programas sociales o salarios estatales.

La no renovación del mandato de la FFM en 2024 tendría implicaciones negativas para la protección de las víctimas, las personas supervivientes y la población en general, incluido su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, debido a varios factores:

• la ausencia de otro mecanismo de la ONU con el mandato de investigar los abusos y violaciones sistemáticos de los derechos humanos con vistas a la plena rendición de cuentas de los autores;
• la falta de un mecanismo dedicado a recopilar y preservar pruebas y evidencias, no sólo con fines de rendición de cuentas, sino también como parte del derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad y a la memoria;
• la discontinuidad del trabajo realizado durante los cinco años de existencia de la FFM;
• la falta de un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones emitidas en sus informes anteriores en materia de rendición de cuentas, reparaciones y medidas para evitar la repetición de los abusos.

Sí.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU otorgó a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) el mandato de informar sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y de colaborar técnicamente con las autoridades venezolanas para mejorar la situación de los derechos humanos sobre el terreno.

Este mandato difiere y complementa el de la FFM, que se centra en la identificación de las responsabilidades individuales, la rendición de cuentas y la denuncia de las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de derecho internacional. Por ejemplo, a la OACNUDH no se le encomienda la recogida y conservación de pruebas para futuros enjuiciamientos, lo que subraya la complementariedad de ambos mandatos.

Además de la OACNUDH, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) ha autorizado seguir adelante con la investigación sobre la situación de Venezuela. Sin embargo, estas investigaciones se encuentran aún en una fase preliminar de identificación de casos y se reconoce que, de conformidad con el principio del interés de la justicia establecido en el Estatuto de Roma y la política de la Fiscalía, no todos les autores directos o indirectos serán enjuiciados.

Por lo tanto, la FFM sigue teniendo la responsabilidad de documentar, identificar y exponer a los autores y las cadenas de mando que deben ser investigadas para que las víctimas obtengan verdad, justicia y reparación. La Fiscalía de la CPI seguirá centrándose en formular una acusación concreta contra individuos específicos, mientras que la FFM continuaría documentando los problemas estructurales, dado que su mandato abarca un conjunto más amplio de abusos y violaciones de los derechos humanos. Además, la FFM podría seguir obteniendo pruebas para que se inicien o avancen otros procedimientos en las jurisdicciones nacionales.

Desde 2019, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU trabaja en Venezuela como parte de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas. La presencia en Venezuela permite a la Oficina brindar apoyo para la implementación efectiva de las recomendaciones emitidas en estos informes, así como las de otros mecanismos de derechos humanos de la ONU, brindar apoyo a la sociedad civil y continuar evaluando de manera creíble la situación de los derechos humanos y los desafíos desde el terreno.

Aquí puede encontrar una visión general del trabajo de la OACNUDH sobre Venezuela y de sus logros: https://www.ohchr.org/en/countries/venezuela/our-presence

El país celebró elecciones presidenciales el 28 de julio. La principal candidata de la oposición, María Corina Machado, fue inhabilitada y sustituida por Edmundo González. Millones de venezolanos participaron en las elecciones, a pesar de las irregularidades y violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno, que desnivelaron el terreno de juego. Las autoridades gubernamentales detuvieron a miembros de la oposición, pronunciaron discursos estigmatizadores, atacaron el espacio cívico, inhabilitaron a candidatos e impusieron restricciones al voto.

El Consejo Nacional Electoral afirma que Nicolás Maduro ganó las elecciones, pero un Equipo Técnico Electoral de la ONU y el Centro Carter, las únicas misiones de observación técnica acreditadas por el Consejo para observar los comicios, concluyeron que el proceso careció de transparencia e integridad. La oposición publicó en Internet recibos de voto que indicaban que el candidato opositor, Edmundo González, había ganado las elecciones por un margen significativo. En 2025 se celebrarán otras elecciones (legislativas y locales) en las que la supervisión activa de la ONU será clave. 

Desde el 29 de julio, los poderes públicos venezolanos han activado una política represiva, violando los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a las garantías judiciales y a la libertad. Las fuerzas de seguridad venezolanas, así como grupos armados progubernamentales, conocidos como «colectivos», reprimieron las manifestaciones contra el resultado electoral anunciado, lo que provocó, según informes, más de 20 muertes de manifestantes y transeúntes. Más de 2.400 personas han sido detenidas, entre ellas 120 niños, y muchas han sido acusadas de «terrorismo» y otros cargos penales.

En enero de 2024, la Asamblea Nacional reactivó el proceso de aprobación de la ley de ONGs. El 15 de agosto, la Asamblea Nacional aprobó la ley de ONGs – la Ley de Control, Regularización, Actuación y Financiación de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines – . En enero, el ISHR se unió a otras ONGs para denunciar el proyecto de ley por contradecir las normas internacionales. Esta ley obstaculiza la libertad de asociación al obligar a las OSC a solicitar la autorización del gobierno para operar libremente y revelar cualquier financiación extranjera. El énfasis explícito del proyecto de ley en la financiación extranjera ha sido señalado como motivo de preocupación, ya que establecería una revisión periódica de dichos fondos y financiación, violando el derecho a la privacidad de las ONGs y sus miembros y garantizando un mayor control sobre las organizaciones por parte del gobierno. El lenguaje del proyecto de ley es preocupante, ya que su carácter vago y ambiguo hace sonar las alarmas de persecución contra los defensores de los derechos humanos con posibles multas, cancelación del registro de su organización e incluso cargos penales. Estas medidas restringen aún más el espacio cívico en el contexto del periodo electoral, cuando es más importante que nunca la labor de la sociedad civil para vigilar, denunciar y documentar una amplia gama de violaciones y abusos de los derechos humanos en curso y en aumento.

Las organizaciones de la sociedad civil se han enfrentado a una nueva ola de represión. El 9 de febrero de 2024, la conocida defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel fue detenida arbitrariamente en el aeropuerto de Caracas, en Venezuela, cuando viajaba con su hija. Su detención sigue un patrón de detenciones arbitrarias sistemáticas y desapariciones forzadas a corto plazo en el país. Aunque el fiscal general reconoció su detención, no facilitó información sobre su paradero, a pesar de los esfuerzos de su equipo legal por localizarla. Algunos familiares de San Miguel también fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad. Otros casos incluyen la detención en curso de Javier Tarazona (más de 900 días) y el arresto de múltiples figuras de la oposición.

El 15 de febrero, el gobierno venezolano anunció que suspendía las actividades de la OACNUDH, lo que supone una preocupante escalada en los intentos del país de eludir el escrutinio internacional y la rendición de cuentas. Esta decisión se produjo poco después de que la OACNUDH expresara su preocupación por la detención de San Miguel, señalando que “su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención de desaparición forzada”. La suspensión anunciada también tuvo lugar un día después de la publicación del informe del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación sobre su reciente visita a Venezuela.

Como consecuencia de estos acontecimientos, Civicus incluyó a Venezuela en la “lista de vigilancia” de marzo de 2024, rebajándola a la categoría de “espacio cívico cerrado”.