Alejandra Burgos: defensora de derechos sexuales y reproductivos de El Salvador
Alejandra Burgos es la Coordinadora de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, que busca articular esfuerzos para la protección de las defensoras y la promoción de los derechos de las mujeres. Reside en San Salvador, El Salvador.
Alejandra estuvo en Ginebra para llevar a cabo actividades de incidencia previa a la sesión del EPU de El Salvador y para participar, en el marco del 28º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, de un evento paralelo de alto nivel sobre la protección de defensoras. Ella separó un tiempo para hablar con ISHR sobre su trabajo y los obstáculos que las personas que defienden derechos humanos enfrentan en su país, particularmente aquellas que trabajan en el área de derechos sexuales y reproductivos.
‘Una de nuestras demandas principales es que el gobierno reconozca la legitimidad de nuestra lucha.’
Alejandra destacó que en El Salvador se criminaliza la defensa de derechos humanos, por lo que se necesita mover al otro extremo, en el que leyes y políticas públicas reconozcan y protejan a las personas que defienden derechos humanos.
Según Alejandra, otro problema es la falta de información disponible para los y las defensoras.
‘Las personas defensoras de derechos humanos en El Salvador también requieren de más información sobre los mecanismos que existen para proteger sus derechos humanos, y al mismo tiempo, esos mecanismos deben ser fortalecidos. Por ejemplo, tenemos una institución nacional de derechos humanos, pero que cuenta con muy pocos recursos y un mandato limitado, y que debe ser fortalecida.’
La red de defensoras ha identificado que los riesgos que las mujeres defensoras enfrentan se multiplican cuando trabajan, además, sobre temas que implican niveles particularmente elevados de riesgo. Por ejemplo, MDDHs que defienden la tierra y el territorio enfrentan amenazas aún más graves.
Alejandra también dijo a ISHR que el aumento del crimen organizado relacionado con el tráfico de drogas ha traído como consecuencia cambios en la realidad de todas las personas de El Salvador, incluidas las personas que defienden derechos humanos.
‘Esto afecta a todo. Las personas no se sienten seguras ni siquiera en sus casas y, por ejemplo, están empezando a emplear más seguridad armada. La lucha por la tierra también se ha intensificado y las comunidades se pelean cara a cara con los cárteles de drogas que buscan controlar el territorio. Personas defensoras de derechos humanos de algunas regiones deben negociar con las bandas delictivas solo para poder llevar a cabo su trabajo y asegurar que no se vuelvan otro actor hostil en su contra. Cada vez más personas son desplazadas o migran debido a la inseguridad.’
El impacto de este contexto en las personas que defienden derechos humanos se vuelve aún más complicado cuando las autoridades culpan automáticamente a los grupos delictivos sin antes llevar a cabo investigaciones.
‘Se vuelve muy difícil mostrar que un ataque en contra de una activista fue consecuencia de su trabajo de defensa de derechos humanos y no simplemente un crimen ordinario.’
Esto se vuelve aún más complicado cuando tienes en cuenta que, aquellos que desean atacar a personas defensoras, frecuentemente emplean a integrantes de esas bandas para llevar a cabo esos ataques y disfrazarlos de crimen común. Además, antes de siquiera realizar una investigación, las autoridades suelen salir a decir que “creemos que la víctima estaba vinculada con el crimen organizado”.
Alejandra identifica la oficina regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se encuentra en Panamá, como un aliado importante; representantes de la Organización de Estados Americanos también han visitado y mostrado su apoyo al trabajo de defensoras y defensores.
‘Cuando estos mecanismos internacionales se pronuncian o realizan una visita, ellos nos ayudan a abrir puertas que normalmente se encuentran cerradas y, de repente, podemos sentarnos con diferentes personas del gobierno y tener un tipo de diálogo diferente.’
Alejandra señala que ha habido algunos cambios positivos en El Salvador, como el aumento del número de mujeres en los espacios públicos y en cargos de poder, así como un incremento de niñas que van a la escuela y un fortalecimiento de la legislación en cuanto a derechos de las mujeres.
‘Estos avances son fruto de las luchas y el activismo de muchas mujeres. Pero ahora el Estado tiene que tomar los próximos pasos para consolidar esos cambios y caminar hacia el próximo nivel. Muchas de las instituciones que han sido creadas o no funcionan o no tienen los fondos y el apoyo apropiado.’
En Ginebra, Alejandra habló con contactos clave sobre las demandas que tiene tanto para su propio gobierno como para actores internacionales.
‘Queremos un protocolo para la atención y protección de mujeres defensoras de derechos humanos. Esto en sí mismo nos proporcionaría reconocimiento y aumentaría nuestra legitimidad. El Salvador es ahora miembro del Consejo de Derechos Humanos y esperamos tener más impacto en nuestras demandas de respeto por los derechos humanos a nivel interno. Queremos que el trabajo del gobierno en casa sea coherente con las intenciones que pronuncia internacionalmente. Mientras tanto, en lo internacional, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrían llevar a cabo un estudio objetivo de las leyes del continente que criminalizan el trabajo de las defensoras de derechos humanos.’
Alejandra Burgos puede ser contactada por medio del correo electrónico [email protected]. Síguela en Twitter: @liaburgos1310