Emmanuel Umpula Nkumba: Un defensor de derechos humanos en la República Democrática del Congo

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Emmanuel Umpula Nkumba es un defensor de derechos humanos de la República Democrática del Congoc (RDC). Después de haber trabajado para la Association Contre l’Impunité pour les Droits de l’Homme (ACIDH), Emmanuel es ahora Director Ejecutivo de AFREWATCH, una ONG que lucha por un uso responsable de los recursos naturales

‘Nuestro mayor objetivo es asegurar que la explotación de los recursos naturales se lleve a cabo respetando las normas, y que los beneficios también lleguen a la población local.’

Pero antes de dedicarse a este sector, Emmanuel se consagraba a la defensa de los derechos civiles y políticos. ‘En 2002, se introdujo una nueva legislación, principalmente el nuevo Código de Inversiones y el Código Minero, y empezaron a aparecer actores privados en el sector de la explotación de los recursos naturales. Desde entonces, los problemas no han hecho mas que multiplicarse’, recuerda. El abánico de consecuencias negativas es muy extenso: polución, desplazamiento de las poblaciones, impacto sobre el medioambiente de las industrias mineras, trabajo infantil, etc. Así pues, muchas ONG fueron creadas o expandieron su trabajo a la protección de los derechos humanos en el contexto de los proyectos de desarrollo, de las industrias extractivas y de la explotación de los recursos naturales.

Los desafíos para las y los defensores que trabajan para la protección de los derechos humanos por parte de la empresas en la RDC son de gran envergadura. Subsanar los defectos de la legislación es por supuesto una prioridad, pero ha de ser acompañada por un proceso adecuado de implementación. Sin embargo, en la ausencia  de voluntad política de respetar la ley, es inútil cualquier esfuerzo hecho para formar un marco legal que sostenga los derechos de las poblaciones locales.

‘En RDC, todas las instituciones habilitadas para dar respuesta a los problemas que surgen de la explotación de los recursos naturales están en disfunción casi absoluta.’

Este es el segundo – y quizás el mayor – obstáculo con el que se encuentran los defensores. Cada vez que una organización decide emprender una acción contra una violación, saben con adelanto que ni los mecanismos administrativos, ni siquiera los judiciales, aportaran una respuesta adecuada a nivel nacional.

‘Por supuesto, los mecanismos regionales e internacionales pueden servir para abordar las deficiencias, pero según mi opinión, solo hasta cierto punto’, nos explica Emmanuel. Para él, usar esos mecanismos no es una tarea fácil: son menos accesibles que los mecanismos nacionales, demasiado complejos para las comunidades locales, y requieren el despliegue de más recursos. Además, usar los mecanismos internacionales supone realizar un proceso de selección: no se pueden llevar todos los casos ante ellos, ya que en tal caso se saturarían. ‘Se debe optar por los mecanismos nacionales únicamente como último recurso, cuando todos los recursos nacionales se han agotado; más hoy en día están percibidos como un medio principal’, lamenta Emmanuel. Por ello, él cree que es mejor concentrase en fomentar la capacidad de las instituciones nacionales para asegurar una gestión de casos mas rápida, eficaz y exhaustiva. ‘Las víctimas deberían tener acceso a la justicia a nivel nacional, y no verse obligados a acceder directamente a la esfera internacional o regional’ añade.

‘Algunas iniciativas de las Naciones Unidas, como el Marco ‘Proteger, Respetar y Remediar’ son muy prometedoras, pero su éxito depende de la forma en la que sean puestas en práctica.’

La mayor preocupación de Emmanuel con relación a herramientas internacionales, ya sean los marcos y procedimientos especiales de la ONU, las directrices de la OCDE, o todas las campañas de ‘naming and shaming’ o denuncia pública, es que no son vinculantes. ‘Cuando las victimas deciden emprender acciones contra los autores de violaciones, lo que buscan principalmente es la reparación por los prejuicios sufridos’, el señor Umpula aclara. El carácter ‘voluntario’ de los medios internacionales disponibles conlleva una desmotivación por parte de las victimas a emplear tiempo, recursos y energías en un procedimiento que no garantiza ningún remedio o compensación.  

Algunos mecanismos regionales también son laudables aunque insuficientes. Emmanuel ya ha tenido experiencia con la Comisión Africana para los Derechos Humanos y de los Pueblos. Él piensa que las preocupaciones son muy similares: el procedimiento ante la Comisión toma mucho tiempo ya que las etapas son largas y complicadas, y el tiempo debilita a las victimas. Además, es muy común que el Estado condenado evite tomar medidas para cumplir con sus obligaciones.

‘Las y los defensores de derechos humanos en la RDC se enfrentan a obstáculos de múltiples dimensiones, especialmente debidos a que ni el Gobierno ni las empresas entienden, o quieren entender, el papel importante que aquellos juegan en la sociedad.’

Así pues, es muy común que los miembros de las ONG, los periodistas o cualquier otro actor de la sociedad civil que haya emprendido una lucha legitima para asegurar un monitoreo de las actividades de las empresas o el respecto de los derechos humanos por parte de éstas, sean el objeto de amenazas, detenciones u otras restricciones en su trabajo. Cuando esto sucede, la primera reacción es publicar comunicados de prensa e intentar que alcancen un eco internacional. Luego, se ponen en marcha los procedimientos administrativos y judiciales. ‘Desgraciadamente, aunque en algunos casos se consiga para la amenaza, son escasos aquellos en los que el autor de la violación es perseguido o condenado’.