Tirza Flores: Defensora de derechos humanos y de la independencia judicial en Honduras

ISHR entrevistó a Tirza Flores, defensora de derechos humanos y de la independencia judicial en Honduras, en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU) sobre Honduras, que se llevó a cabo en Ginebra la semana pasada. La entrevista también se dio a la luz de la reciente preocupación de la sociedad civil en temas como la estigmatización de defensores y activistas participantes en el proceso de Pre-sesiones del EPU y la creciente incertidumbre sobre la aprobación de una ley de defensores manifiestamente incompleta e inadecuada.

Tirza Flores Lanza es abogada, y hasta Mayo del 2010 se desempeñó como magistrada de la corte de apelaciones en San Pedro Sula, Honduras. Debido a su oposición al golpe y a varias acciones realizadas en su calidad de ciudadana y de miembro activo de la asociación Jueces por la Democracia de Honduras, la Corte Suprema de Justicia decidió destituirla como parte de una oleada de represalias que se llevaron a cabo durante el periodo del golpe de Estado contra los administradores de justicia que defendían el estado de derecho.

“El golpe de Estado creó una situación de mayor vulnerabilidad de la que ya existía, hubo un colapso total de todas las instituciones del sistema de administración de justicia y las violaciones a derechos humanos se agravaron drásticamente, esta situación continúa en Honduras, e incluso se ha agravado desde el último EPU en 2010.”

Desde su destitución, Tirza ha luchado incansablemente por que se haga justicia, no únicamente en su caso – el cual fue recientemente litigado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos – sino también para que se restablezca el orden democrático en el país, en especial desde la perspectiva de los administradores de justicia, periodistas y defensores/as de derechos humanos de Honduras. A esta lucha se han sumado numerosos defensores/as y periodistas que buscan la aprobación de una ley para su protección que cumpla con los estándares internacionales y con las observaciones hechas por la sociedad civil en consultas previas y también que se finalice la creciente violencia contra defensores y periodistas, que se investigue y sancione a los responsables y se combata la impunidad generalizada que se vive en el país.

Es importante destacar que aunque la ley ha sido aprobada, aun no se ha hecho pública la versión final, lo que resulta en una contradicción con los compromisos que hizo el Estado durante su ponencia en el EPU; ISHR junto con varias organizaciones de la sociedad civil, están a la espera de la publicación de la ley y han manifestado previamente su preocupación, ya que versiones anteriores claramente amenazaban tanto la participación de los defensores, periodistas y jueces como el espacio de la sociedad civil en general.

Tirza se involucró con la defensa de los derechos humanos durante su carrera como magistrada, considera que fue un esfuerzo colectivo, pues hubo un movimiento de jueces inspirado en los jueces para la democracia de España y Argentina, formando entonces una Asociación  de Jueces por la Democracia (2002) cuyo objetivo es exigir grupos de jueces críticos y una selección rigurosa de jueces y magistrados en Honduras.

“Así nació la Asociación  de Jueces por la Democracia en Honduras, la cual involucra varios defensores de derechos humanos y de la independencia judicial pues se entiende que ambos temas están interrelacionados.” 

Las metas de incidencia a nivel nacional son claras para Tirza, pues la Corte Suprema de Justicia (CSJ)  termina un período, y comenta que la Asociación  trabaja fuerte para una renovación tanto de los jueces como del sistema de selección. “Es un proceso conjunto, la Asociación  de Jueces, la Coalición contra la Impunidad y la Plataforma EPU Honduras buscan que se implementen las recomendaciones en materia de independencia judicial que han hecho numerosas ONGs tanto nacionales como internacionales.

Tirza explica que luchar por la independencia judicial en Honduras es complicado, pues los principales problemas “vienen de la autoridad misma”; las autoridades criticadas llegan a ser muy sensibles a las críticas e incluso toman represalias, especialmente contra los defensores de derechos humanos que normalmente son los que promueven los casos de injusticias.

“Muchas veces es difícil concretar acciones incluso con algunas ONGs que ven a los jueces como parte de un sector privilegiado y no se dan cuenta que la independencia judicial es de todos los ciudadanos y es importante para el goce de los derechos más básicos.”

Hablando de las facilidades contempladas en la legislación para la creación de las ONGs, Tirza comenta que es difícil conseguir la personalidad jurídica, se piden dictámenes incluso ante la CSJ y muchas veces las ONGs son vetadas o la personalidad jurídica no otorgada, mayormente cuando se trata de ONGs que podrían ser críticas del gobierno.

“El año pasado se amenazó con cerrar varias, es solamente una mala práctica, una política pública restrictiva que no está prevista en la legislación tal cual.”

En cuanto a la recién aprobada Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, Tirza considera que ésta tiene aún muchas carencias y demasiadas medidas reactivas en vez de preventivas. Menciona que la sociedad no le tiene confianza a los policías ni a los militares y considera que la protección a operadores de justicia debería venir del poder judicial y no del ejecutivo como se contempla en la ley mencionada.

“Los defensores vivimos en fuerte incertidumbre y en precariedad profunda, al Estado no le importa nuestra situación, trata de quedar bien con la comunidad internacional pero no implementa recomendaciones ni hace esfuerzos por mejorar nuestra condición. La prensa se dedica a presentar los hechos de manera ambigua y confusa, muchas veces estigmatizando a los mismos defensores.”

Con respecto a su participación en los sistemas universal y regional, Tirza señala que ha impulsado el EPU tanto el pasado 2010 como el que se presentó en Mayo 2015 junto con la Plataforma EPU Honduras. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha sido más activa ya que fue peticionaria en el caso López Lone y otros ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual evidenciaba la falta de independencia judicial en Honduras y exigía su restitución y la de otros 3 jueces además de que participó en dos audiencias temáticas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estuvo activa en las audiencias del proceso de fortalecimiento del SIDH.  

“Es importante mover al estado en torno al proceso disciplinario, la ley ahora está peor, es urgente alcanzar una reforma legal que permita un marco normativo acorde con los principios de derecho del SIDH, esto podría probar que aún existe un estado de derecho en Honduras.”

Durante la sesión del EPU, ISHR documentó que alrededor de 40 delegaciones mencionaron el tema de los defensores de derechos humanos, los periodistas y los administradores de justicia, alentando al Estado Hondureño a continuar con los esfuerzos para la implementación de un mecanismo de protección además de la mencionada ley. La delegación Hondureña por su parte mencionó que se estimulará el diálogo con la sociedad civil, el cual es especialmente valorado en el país y que responderá en Septiembre a las recomendaciones de las demás delegaciones. ISHR coincide con la visión de la importancia de la sociedad civil y su espacio  y exhorta a Honduras a que sume esfuerzos para involucrarla en este proceso de implementación de la ley.