México: Nuevo informe señala los riesgos que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos y las reformas necesarias para su protección

Un nuevo informe co-escrito por ISHR señala que las defensoras y defensores de derechos humanos en México enfrentan graves riesgos, a menudo mortales, que la gran mayoría de los ataques contra personas defensoras no son investigados o reparados adecuadamente y que se necesita un mayor compromiso político y financiero para que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sea efectiva en el país.

Accede aquí al nuevo informe, “En Defensa de la Vida: Conclusiones de la Misión de Observación Civil sobre la Situación de Personas Defensoras en México”.

Mire aquí el video. 

(Ginebra) – Integrantes de una misión civil internacional a México presentaron ayer sus conclusiones en un evento paralelo en el Consejo de Derechos Humanos. La Misión, cuyo objetivo fue evaluar el grado de implementación y efectividad de las medidas de protección para defensores y defensoras de derechos humanos, concluyó que la situación para personas defensoras sigue siendo grave y pidió al Estado mexicano intensificar la respuesta para su protección.

ISHR formó parte de la misión, que visitó los estados de Baja California, Guerrero, Oaxaca y el Distrito Federal durante una semana de trabajo, donde sostuvieron reuniones con funcionarios del Estado, defensoras, defensores y otras partes interesadas.

Las integrantes de la misión encontraron la situación de las y los defensores de derechos humanos en los estados visitados profundamente preocupante. La gama de violaciones contra las y los defensores incluye asesinatos, desapariciones forzadas, vigilancia, criminalización y difamación. Profundamente arraigada, la impunidad estructural facilita y perpetúa estas violaciones.

La promulgación de la ley de protección para personas defensoras de derechos humanos debe estar acompañada de una implementación efectiva

La Ley de 2012 para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas creó un mecanismo de protección y un marco para que las instituciones públicas trabajen coordinadamente para proteger a defensores y defensoras, incluyendo unidades basadas en la Ciudad de México para evaluar y atender a las necesidades de protección de las y los defensores en riesgo y explorar medios para prevenir tales violaciones. Sin embargo, existen graves deficiencias en su implementación, como organismos clave previstos en la ley que todavía no se encuentran en operación –  el que se centra en la prevención sólo fue creado el mes pasado. La Misión encontró una falta de coordinación entre los organismos federales y estatales, así como un fracaso de las autoridades competentes de tomar responsabilidad por las deficiencias del sistema. Defensoras y defensores afirmaron que el mecanismo de protección está fallando.

“Escuchamos de varios defensores y defensoras que al apretar los botones de pánico que les habían sido proporcionados, no obtuvieron respuesta alguna. En algunos casos, las defensoras y defensores se sintieron aún más vulnerables, ya que fueron llevados a esperar una respuesta que nunca llegó”, dijo Eleanor Openshaw, de ISHR, quien participó en la Misión de Observación Civil y es co-autora del informe.

Rosario Figari Layus, también integrante de la Misión, se refirió a la visita de la Misión a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En septiembre de 2014, 43 estudiantes de la escuela fueron víctimas de desaparición forzada. Un año más tarde, Miguel Ángel Jiménez, defensor de derechos humanos que trabajaba con los familiares para exigir investigación y justicia, fue asesinado.

“En una avenida principal en la Ciudad de México, las personas han puesto placas con todos los nombres de quiénes han desaparecido; muchos datan de mucho antes de Ayotzinapa. Esto, y el descubrimiento de diversas fosas comunes desconocidas durante la búsqueda de los estudiantes, demuestran que las desapariciones forzadas de los estudiantes de Ayotzinapa no son casos aislados, sino indicativos de un contexto más general, donde graves violaciones quedan impunes”, afirmó Rosario Figari Layus.

En su intervención en el panel de presentación del informe, Guillaume Michel, de la Misión Permanente de México en Ginebra, respondió a las críticas sobre la implementación de la Ley y señaló que se trata de una nueva medida, tanto para México como a nivel internacional, y que como tal tomará algún tiempo para cubrir todas las dificultades. Hizo hincapié en que era difícil conseguir y coordinar tanto el personal debidamente capacitado como los recursos, especialmente teniendo en cuenta la estructura gubernamental sumamente descentralizada de México. También subrayó la necesidad de mejorar la educación en derechos humanos, en particular a nivel de los gobiernos locales. Sin embargo, citó la mejora en la situación de los derechos humanos que México ha visto en los últimos 15 años, junto con su cooperación con los mecanismos internacionales, como ejemplos de una tendencia positiva hacia el progreso.

También en el panel, Ben Leather, de ISHR, resaltó los contextos de México que han permitido un aumento en las agresiones contra defensoras y defensores: la llamada “guerra contra las drogas” y la implementación de un modelo económico que privilegia grandes proyectos de desarrollo sin garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas.

Señaló además que, tres años después de la creación del mecanismo de protección, defensoras y defensores de derechos humanos siguen siendo asesinados – mientras las organizaciones de la sociedad civil siguen identificando los mismos obstáculos para su implementación. “No hay más tiempo”, afirmó. “Alguien en los más altos niveles de gobierno tiene que agarrar el control sobre esto y dar prioridad a la implementación de las recomendaciones de la sociedad civil. México podría ser un ejemplo para el mundo en protección de defensores y defensoras de derechos humanos, pero una ley sin implementación es una ley inútil, al menos para la sociedad mexicana”.

Recomendaciones al gobierno de México

La Misión hizo una serie de recomendaciones respecto a la investigación, sanción y prevención de ataques para erradicar la impunidad contra defensoras y defensores de derechos humanos. Esto incluye desde el fortalecimiento de las instituciones que administran justicia, para asegurar que respondan a la naturaleza específica de las violaciones contra personas defensoras de derechos humanos, hasta el establecimiento de una base de datos con datos desagregados, ​​que sirva de base para el diseño de medidas de prevención de ataques contra las y los defensores. Varias de las recomendaciones versan sobre la naturaleza de las medidas de protección a defensoras y defensores en riesgo, incluido un fuerte llamado para garantizar que los funcionarios y funcionarias encargadas de la protección no hayan salido de los mismos servicios de seguridad que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia para el Estado.

En primer lugar, los funcionarios y funcionarias del Estado, en todos sus niveles, deben reconocer pública y regularmente el papel vital que desempeñan los defensores y defensoras de derechos humanos en las sociedades democráticas y en la promoción de la paz y el estado de derecho.

La Misión de Observación Civil instó al Estado establecer prontamente la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis, prevista en la ley, para basar las acciones de protección a defensoras y defensores en una política de prevención de ataques y erradicación de la impunidad. Desde entonces la misma se ha establecido, pero requiere fortalecimiento.

Las integrantes de la Misión hicieron hincapié en la importancia de que el Mecanismo de Protección actúe sobre los casos lo más rápido posible y garantice la seguridad inmediata de defensoras y defensores, incluso mientras esté bajo consideración su protección a largo plazo.

“Las lecciones aprendidas de la experiencia mexicana muestran que una ley para proteger a defensores y defensoras de derechos humanos sólo funcionará si existe voluntad política y rendición de cuentas, en todos los niveles, para garantizar una respuesta coherente y acción preventiva, y cuando haya suficiente personal que cuente con la debida capacitación y los recursos necesarios para garantizar que el mecanismo pueda funcionar correctamente”, puntualizó Ben Leather, de ISHR.

La Misión estuvo convocada, acompañada e integrada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Brigadas Internacionales de Paz – Proyecto México (PBI México) y Conexx – Europa, con el apoyo de Amnistía Internacional (AI) México, Asociadas por los Justo (JASS), Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR); Front Line Defenders (FLD), Protection Internacional (PI), Robert F. Kennedy Human Rights (RFK Center), Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (OMCT / FIDH) y la Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México.

Para más información, póngase en contacto con Eleanor Openshaw en Nueva York ([email protected])  o Ben Leather en Ginebra ([email protected])