Nicaragua: es hora de que la ONU nombre expertos para investigar las violaciones de los derechos humanos

Después de la reciente farsa electoral, el Colectivo 46/2 pide a las Naciones Unidas que nombren expertos para investigar las graves violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en Nicaragua desde abril de 2018, y sus causas raíz. (Foto: ©Jorge Mejia Peralta)

Creemos en una Nicaragua abierta, igualitaria y democrática. Una Nicaragua en la que se garanticen los derechos humanos de todas las personas sin distinción, y en la que se proteja a quienes alzan su voz contra los abusos. Un país en el que se garantice la verdad y la justicia sin excepciones, especialmente para aquellos grupos que han sido históricamente discriminados.

Esto no es posible actualmente en Nicaragua. Desde abril de 2018, el gobierno ha criminalizado, detenido arbitrariamente, torturado, desaparecido, e incluso asesinado, a quienes promueven los derechos humanos y cuestionan la forma de gobernar del gobierno, incluidos los pueblos indígenas y afrodescendientes que defienden su territorio ancestral. También ha aprobado una serie de leyes que restringen las libertades de expresión, de reunión pacífica y de asociación, cerrando aún más el espacio para que la sociedad civil impulse un cambio positivo.

Reconociendo esta crisis, la ONU, a través de su Consejo de Derechos Humanos, ha tomado cartas en el asunto adoptando la resolución 46/2, en la que se pide al gobierno de Nicaragua que adopte una serie de medidas urgentes para resolver esta crisis de derechos humanos con múltiples vertientes. Sin embargo, según nuestras investigaciones, el Gobierno de Nicaragua no ha aplicado ninguna de las recomendaciones de la resolución 46/2. Por el contrario, ha tomado un número creciente de medidas contrarias a las mismas. 

Además, el Gobierno nicaragüense no ha mostrado ninguna intención de reanudar una cooperación significativa con la comunidad internacional, desde que expulsó del país a la presencia de derechos humanos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2018. Durante las reuniones dedicadas del Consejo de Derechos Humanos, evitó abordar cualquier preocupación sustancial, en lugar de rechazar todas las críticas como “intervencionistas y supremacistas“. También se negó a responder a las preguntas formuladas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) durante su examen el pasado mes de septiembre.

Es hora de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU responda de forma más asertiva estableciendo un mecanismo internacional que garantice la justicia y la rendición de cuentas para Nicaragua, en su próxima sesión de marzo de 2022.

¿Qué queremos? 

La resolución 46/2 era una de las últimas oportunidades para que el Gobierno de Nicaragua demostrara su voluntad de cooperar de buena fe con la comunidad internacional para encontrar una solución a la crisis de derechos humanos en el país. Como el Gobierno no dio ningún paso significativo para aplicar las recomendaciones de la comunidad internacional, ni para cooperar con ella, es hora de que la ONU intensifique su respuesta, en la sesión de marzo de 2022 del Consejo de Derechos Humanos.

Queremos que el Consejo de Derechos Humanos nombre a un grupo de expertos internacionales e independientes para que investiguen las graves violaciones de derechos humanos que se han producido desde abril de 2018, así como sus causas profundas, con el fin de que los autores rindan cuentas en el futuro.

Esto debería, a la larga, empujar al gobierno de Nicaragua a respetar los derechos humanos de todo el pueblo nicaragüense. Queremos que haya justicia, verdad, reparaciones y garantías de no repetición, para las víctimas de abusos de derechos humanos documentados desde abril de 2018. Esto incluye el restablecimiento de un verdadero Estado de Derecho, el reconocimiento de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como elecciones libres, justas y transparentes, y una democracia participativa, para que todos en Nicaragua puedan vivir en paz, libertad, seguridad y dignidad.

 

¿Qué debe hacer la comunidad internacional?

Dada la magnitud y la gravedad de las violaciones de derechos que se están cometiendo, y la prolongada falta de voluntad del Gobierno para abordar la crisis ni para cooperar con la ONU, es hora de que la ONU -a través de su Consejo de Derechos Humanos- nombre a un grupo de expertos internacionales independientes para que investiguen la situación. En su último párrafo, la resolución 46/2 pide al Consejo que “considere todas las medidas disponibles para fortalecer la promoción y la protección de los derechos humanos en Nicaragua”, un llamamiento que desde entonces ha reiterado la Alta Comisionada Bachelet.

En este contexto, lanzamos durante una rueda de prensa el 4 de noviembre de 2021 nuestro llamamiento global para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU establezca un mecanismo internacional de rendición de cuentas para Nicaragua, cuando considere la renovación de su resolución anual sobre Nicaragua en su próxima sesión de marzo de 2022. 

El mandato de este grupo de expertos independientes debe basarse en las necesidades y recomendaciones de la sociedad civil nicaragüense. Debe contar con el personal y los recursos adecuados, y tener el mandato de investigar las graves violaciones de derechos humanos que se están produciendo desde abril de 2018, así como sus causas profundas; y de recopilar y preservar las pruebas con el fin de garantizar que los autores de las violaciones o los abusos del derecho internacional de los derechos humanos rindan cuentas y puedan finalmente ser llevados ante la justicia en el futuro. 

 

¿Cómo lo conseguimos?

  1. Llevamos a cabo investigaciones, demostramos que la Resolución 46/2 no se ha aplicado y que la ONU debe intensificar su respuesta en consecuencia. Desde la adopción de la resolución, hemos tratado de hacer un seguimiento objetivo de la acción -y la inacción- de los gobiernos para aplicar las 14 recomendaciones de la resolución. En agosto y noviembre de 2021, publicamos nuestros primeros y segundos Puntos de Referencia de Evaluación de la implementación de la resolución 46/2 por parte de Nicaragua. Estas evaluaciones se basan en información disponible públicamente de los sistemas de la ONU e interamericano, así como de la sociedad civil y el periodismo independiente. Sobre la base de estas evaluaciones, concluimos que:
    • El gobierno de Nicaragua no ha tomado medidas sustanciales ni iniciales para implementar ninguna de las recomendaciones de la resolución 46/2;
    • El gobierno ha tomado un número significativo de acciones contrarias a las recomendaciones, resultando en un espacio cerrado de la sociedad civil y un aumento de los ataques a los defensores de los derechos humanos, periodistas, candidatos presidenciales y disidentes, en los últimos meses.
  2. Convencemos a los países presentes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de que es necesario un mecanismo internacional de rendición de cuentas. Abogamos, nos reunimos y escribimos a los miembros del Consejo de Derechos Humanos y les pedimos que apoyen nuestro llamamiento.
  3. Nos aseguramos de que nuestra voz se escuche. Hablamos con los medios de comunicación y nos aseguramos de que reproducen nuestros llamamientos y mensajes clave. También los transmitimos en las redes sociales y con un grupo más amplio de aliados de la sociedad civil.

 

¿Qué puede hacer usted? 

Nicaragua necesita justicia y verdad para salir de esta crisis y recuperarse como sociedad. Comparte esta página de la campaña y sensibiliza a un periodista que conozcas, a tus compañeros o en las redes sociales, con los hashtags #MecanismoParaNicaragua y #SOSNicaragua. Hemos preparado un tuit prefabricado para ayudarte: haz clic en la imagen de abajo o copia-pega este enlace en tu navegador: https://ctt.ac/sSbIe

 

El Colectivo 46/2 es una coalición de 16 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que busca monitorear la implementación por parte del gobierno nicaragüense de las 14 recomendaciones dirigidas a él en la resolución 46/2 adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2021. 

El Colectivo ha estado investigando, documentando e informando periódicamente a la comunidad internacional sobre las acciones, o falta de acciones, del Gobierno de Nicaragua para atender sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y las preocupaciones de la comunidad internacional en esta materia. 

El Colectivo pide a la ONU que designe un grupo de expertos internacionales para investigar la crisis de derechos humanos que se vive en el país desde abril de 2018. 

Por razones de seguridad no se pueden proveer los nombres de todas las organizaciones miembros del Colectivo.

La Resolución 46/2 también refuerza el mandato de supervisión de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, encargándole que presente actualizaciones orales periódicas al Consejo de Derechos Humanos y un informe final exhaustivo el próximo mes de marzo. También le pide que presente una actualización oral separada, prevista para el 14 de diciembre, centrada en el contexto “postelectoral”.

Llamamos a todos los Estados a que garanticen una posición conjunta sólida, basada en anteriores declaraciones conjuntas inter-regionales, para expresar su profunda preocupación por las graves violaciones que se producen en el país y para que indiquen su apoyo a la creación de un mecanismo de rendición de cuentas con mandato de la ONU en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. 

 

La Resolución 46/2 es la tercera y más reciente resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Presentada por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú, fue adoptada por votación el 23 de marzo de 2021. La primera resolución del Consejo sobre Nicaragua se adoptó en marzo de 2019, y se ha renovado anualmente en las sesiones de marzo del Consejo. La próxima resolución sobre Nicaragua se presentará al Consejo en marzo de 2022.

Basada en las obligaciones de Nicaragua en virtud del derecho internacional, la resolución 46/2 expresa de forma clara y detallada las principales preocupaciones de la comunidad internacional en relación con la crisis de derechos humanos en el país. Insta al Gobierno a tomar una serie de medidas urgentes para revertir el rumbo de la crisis que atraviesa el país. Estas medidas van desde la liberación de las personas detenidas arbitrariamente y la renuncia a atacar a los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, hasta la derogación de las leyes restrictivas, la garantía de un poder judicial independiente, el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, la prevención de la violencia de género, la realización de los derechos a la salud, la educación y el trabajo, y la reanudación de la cooperación con la comunidad internacional. 

Además de expresar su preocupación, la resolución renueva y amplía el mandato de supervisión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación en Nicaragua. En virtud de este mandato, la Alta Comisionada debe presentar una actualización oral sobre la situación del país en las sesiones de junio y septiembre de 2021 del Consejo, otra actualización oral en diciembre (fuera de las sesiones ordinarias del Consejo) tras las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, y un informe completo sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua que se presentará en la próxima sesión del Consejo en marzo de 2022.

Los mecanismos que el Consejo de Derechos Humanos puede adoptar son diversos. Sus mandatos específicos se reflejan en el texto de una futura resolución presentada y adoptada por los Estados Partes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El Consejo de Derechos Humanos debe adoptar una resolución en marzo de 2022 que establezca un mecanismo internacional que permita la investigación y la rendición de cuentas para Nicaragua. Este mecanismo debe tener el mandato de investigar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos desde abril de 2018, así como las causas estructurales de la crisis de derechos humanos en el país.

Independientemente del nombre de dicho mecanismo (Comisión de Investigación, o Misión de Determinación de los Hechos), este mecanismo debe tener el mandato de verificar los hechos de las presuntas violaciones graves de los derechos humanos, y de recopilar y preservar las pruebas con el fin de garantizar que los autores de violaciones o abusos del derecho internacional de los derechos humanos rindan cuentas y puedan ser llevados ante la justicia en el futuro. El mecanismo también debe estar compuesto por al menos tres expertos independientes, y contar con la asistencia técnica y los recursos financieros necesarios para cumplir su mandato.

Además, esta resolución debe mantener también el mandato de supervisión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, para garantizar que su Oficina tiene capacidad suficiente para seguir recopilando y documentando la información existente sobre todos los aspectos de la crisis de derechos humanos en el país.

Nicaragua necesita justicia y verdad para salir de la crisis y recuperarse como sociedad. El mecanismo allanará el camino para un proceso a largo plazo de justicia transicional en el país, y de justicia internacional para los autores de graves violaciones, dada la ausencia de un poder judicial independiente. 

  • 139

    personas detenidas arbitrariamente según el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

  • 103

    mil y más personas exiliadas fuera de Nicaragua.

  • 45

    ONGs cerradas por las autoridades entre el 28 de julio y el 26 de agosto de 2021, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Consulte nuestros Marcos de Evaluación de la resolución 46/2

Consulte nuestros Marcos de Evaluación de la resolución 46/2

El Colectivo 46/2 ha puesto en marcha una serie de referencias de evaluación sobre la aplicación de la resolución 46/2. El primero se publicó en agosto de 2021 y el segundo en noviembre de 2021. Estos documentos evalúan la acción -o la inacción- de los gobiernos en relación con una serie de objetivos claros, y se basan en información pública de las Naciones Unidas, el sistema interamericano de derechos humanos, así como en informes independientes de la sociedad civil y los medios de comunicación. (Foto: ©Jorge Mejia Peralta)

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