Nuestro trabajo para garantizar que los Estados, las empresas y otros actores no estatales respetan y protegen a las personas defensoras de los derechos humanos se centra en cuatro puntos fundamentales:
- Los Estados deben dejar de restringir, obstaculizar o criminalizar a las personas defensoras de los derechos humanos y su trabajo, ya sea derogando o modificando la legislación restrictiva.
- Los Estados deben consultar a las personas defensoras de los derechos humanos y convertirse en defensores positivos de las mismas, y adoptar medidas legislativas y políticas para respetar y proteger a las personas defensoras de los derechos humanos en los ámbitos nacional, regional e internacional.
- Los Estados y los mecanismos internacionales y regionales deben exigir responsabilidades a los Estados que restringen, obstaculizan o criminalizan a quienes defienden los derechos humanos y su trabajo.
- Las empresas y otros actores no estatales deben regularse de forma efectiva con respecto a los derechos humanos y a las personas defensoras de los derechos humanos, consultar con estas y convertirse en defensores de quienes se dedican a labores de defensa, tomar medidas para respetar y contribuir a la protección de las personas defensoras, abstenerse de llevar a cabo acciones que restrinjan o violen sus derechos, y rendir cuentas cuando no lo hagan.