Liderado por un grupo de Estados de América Latina y Canadá, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas extendió hoy el mandato de la Misión de Investigación para Venezuela por dos años, siendo esta la tercera renovación del mecanismo desde su creación en 2019.
23 Estados votaron a favor, mientras que 6 Estados se opusieron a la renovación y 18 se abstuvieron.
En 2019, la Misión recibió el mandato de investigar violaciones de los derechos humanos cometidos en Venezuela desde 2014 y asegurar la plena rendición de cuentas por parte de entidades y personas responsables y la justicia para las víctimas. Desde entonces, el mecanismo ha entrevistado a cientos de personas que han presenciado o sido víctimas de violaciones, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad, estableciendo también cadenas de responsabilidad que inculpan a agentes del Estado hasta el propio presidente Nicolás Maduro.
Como la hizo la sociedad civil, la Misión advirtió del grave deterioro de la situación en Venezuela desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Maduro reivindicó la victoria pese a las acusaciones de fraude generalizado formuladas por la oposición y por órganos observadores internacionales.
Más allá del proceso electoral, el 15 de agosto, el partido presidencial también aprobó una controvertida ley que impone un mayor control estatal sobre la labor de las organizaciones no gubernamentales y que se dirige especialmente a los grupos que reciben financiación del exterior.
El 17 de septiembre, al presentar su informe anual durante el 57º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Misión de Determinación de los Hechos afirmó que la violencia estatal tras las elecciones había provocado la muerte de 25 manifestantes y que se habían detenido a 2.400 personas.
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, subrayó que las conclusiones de la Misión eran “abrumadoras” y que “las violaciones se han intensificado” en Venezuela tras las elecciones, alcanzando niveles “sin precedentes”.
Organizaciones de la sociedad civil venezolana e internacional han hecho campaña para que se renueve el mandato de la Misión, para que ésta pueda continuar sus investigaciones en este momento crucial para Venezuela.
Instamos a los Estados en el Consejo de Derechos Humanos a que sigan presionando a las autoridades venezolanas para que cesen de reprimir a quienes reclaman transparencia tras las elecciones, a que cooperen con los mecanismos de derechos humanos regionales y de la ONU – tanto la Misión como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos – y a que pongan fin a los ataques legislativos y políticos contra el espacio cívico y el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos.
