Expertas y expertos de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, y sobre la independencia de jueces y abogados, presentaron sus informes al Consejo de Derechos Humanos trás su visita a Honduras en agosto de 2019. Cuatro años después del asesinato de Berta Cáceres, el gobierno de Honduras debe redoblar de esfuerzos para asegurar verdad, justicia y reparación en ataques a personas defensoras de derechos humanos.
En su informe a la 44a sesión del Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos resaltó el número significativo de personas detenidas arbitrariamente, intimidadas, estigmatizadas, criminalizadas, y asesinadas, por luchar por la protección de los derechos humanos en el contexto de industrias extractivas e hidroeléctricas; y el alto nivel de impunidad en dichos casos.
Lideresa del pueblo lenca, defensora de la tierra y ambientalista, Berta Cáceres ha simbolizado el valiente combate de personas defensoras de derechos humanos en Honduras, en su campaña por detener la construcción de la represa de Agua Zarca. Sin embargo, apesar de que individuos responsables por su asesinato en marzo de 2016 hayan sido condenados penalmente, investigadores de la misión de expertos independientes del GAIPE indican que los autores intelectuales del crimen, entre los cuales líderes de la empresa constructora (DESA), siguen sin ser investigados o juzgados.
Durante el diálogo con el Grupo de Trabajo, su hija Bertha Zúñiga recordó la necesidad de ‘generar las condiciones para que prevalezca un Estado de derecho, así como instrumentos vinculantes que obliguen a las empresas a rendir cuentas en materia de derechos humanos’, en una declaración conjunta apoyada por Brigadas Internacionales de Paz (PBI), el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
La presidenta del Grupo de Trabajo, Anita Ramasastry, agredeció las declaraciones de sociedad civil sobre la situación en Honduras, resaltando que ‘el Grupo de Trabajo continua dialogando con el gobierno’. ‘Hemos transmitido nuestra preocupación por el tratamiento de las personas defensoras de derechos humanos y las cuestiones relacionadas con el acceso a la justicia’, dijo Ramasastry, ‘esperamos colaborar con todas las partes interesadas para avanzar en la protección de personas defensoras’.
La declaración conjunta al Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos puede ser descargada aquí.
Video de la declaración:
Luchar contra la impunidad y construir un Estado de derecho
Otro experto independiente de la ONU, el Relator especial sobre la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán, también presentó su informe de visita a Honduras ante el Consejo de Derechos Humanos. Respondiendo al llamado de García-Sayán a que el gobierno de Honduras tome medidas urgentes para garantizar un sistema judiciario independiente, ‘fuertemente cuestionado por los ciudadanos’, PBI y ISHR instaron en una declaración conjunta al Consejo a que el gobierno de Honduras:
La declaración conjunta al Relator especial sobre la independencia de jueces y abogados puede ser descargada aquí.
Video de la declaración:
Contacto: Marianne Bertrand ([email protected])
Imagen: Flickr / Trocaire
Ante la crisis de derechos humanos que vive la región, además de cambios significativos, durante la 55° sesión del Consejo de Derechos Humanos, personas defensoras de América Latina y el Caribe hablaron de las realidades a las que se enfrentan, exigiendo mayor acción y nuevos mecanismos, y expresando su preocupación por las decisiones políticas que prevalecen sobre las evaluaciones de necesidades objetivas.
El 2 de abril de 2024, durante la 55ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos mantuvo un Diálogo Interactivo sobre la situación de Haití con la participación del Experto Designado, William O'Neil.
ISHR y la Articulación Latinoamericana por el Decenio Afrodescendientes (ALDA) se unieron a los movimientos globales contra el racismo para exigir reconocimiento, justicia y desarrollo para los afrodescendientes.
