La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sonó las campanas de alarma hoy sobre la situación de las personas defensoras en Colombia, Guatemala y Honduras. La ausencia del Estado, las restricciones legales y las prácticas inefectivas fueron destacadas como obstáculos que deben ser abordados por los estados con urgencia. English version
Cada año, el Consejo de Derechos Humanos recibe informes sobre la situación de los derechos humanos en los países donde hay presencia de oficinas de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta sesión del Consejo celebró un diálogo sobre Colombia, Guatemala y Honduras.Ver declaraciones grabadas
Colombia
Cualquier discusión sobre la situación de los derechos humanos en Colombia hablará y debe hablar del nivel de asesinatos de las personas defensoras. ‘El informe de 2020 de Frontline Defenders muestra que los asesinatos de personas defensoras en Colombia son siete veces más altos que en cualquier otro país”, dijo ISHR’s Valeria Castellanos. ‘Las personas defensoras no están más seguras ahora que durante los años de conflicto’.
En su presentación, la Alta Comisionada observó una significativa intensificación de la violencia en el país, principalmente debido a la expansión de grupos armados no estatales. Destacó la necesidad del despliegue de instituciones civiles y autoridades para la prevención de violencia y la expansión de garantías de derechos humanos.
La ONG Comisión Colombiana de Juristas, hizo eco de la recomendación de la Alta y de su llamamiento a Colombia a que redoblara sus esfuerzos para la implementación de todos los capítulos del acuerdo de paz.
Compartimos la intervención de @AnaMaRodV, subdirectora de @Coljuristas, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU #HCR46 sobre el informe anual de Colombia, presentado por la Alta Comisionada para los derechos humanos @mbachelet. pic.twitter.com/OIPEetHuly
— Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- (@Coljuristas) March 1, 2021
Colombia respondió para decir que se encuentre al tanto de los peligros enfrentados por personas defensoras de derechos humanos y que la fuente de esta violencia son los grupos criminales armados envueltos en actividades ilícitas, particularmente el tráfico de drogas.
Guatemala
La erosión del espacio cívico durante 2020, con ataques e intimidaciones a defensores de derechos humanos, incluyendo periodistas, fue uno de los temas resaltados por la Alta. En el mes de febrero se adoptó la Ley 5257, la cual reforma regulaciones dirigidas a organismos no-gubernamentales para el desarrollo y – según la Alta Comisionada – puede ser problemática para la labor dirigida por personas defensoras de derechos humanos. Con respeto a cuestiones de impunidad y corrupción, el gobierno de Guatemala comentó que se habían fortalecido instancias públicas en la materia, particularmente las fiscalías correspondientes.
Honduras
La Alta Comisionada resaltó que desde 2016 ha habido una contracción en el espacio cívico en Honduras, siendo esta una tendencia que se intensificó en el año 2020. Protestas sociales se hicieron más comunes en este año. Personas defensoras han sido atacadas y asesinatos de activistas y periodistas han obtenido reducidas o nulas acciones por parte del sistema judicial. La Alta Comisionada comentó que los cuerpos nacionales para la protección de derechos humanos en Honduras se han debilitado con el paso del tiempo y siguen impregnados por problemáticas sistémicas de corrupción e impunidad.
Respondiendo a la presentación de la Alta Comisionada, Honduras reafirmó la importancia del trabajo conjunto para la protección de defensores de derechos humanos y su apertura a visitas por parte de los Procedimientos Especiales del Consejo.
Finalmente, varios estados latinoamericanos aprovecharon la sesión para mencionar su preocupación por el reducido financiamiento de la OACNUDH en la región. Urugay, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panamá y Perú solicitaron más apoyo para la protección de víctimas de violaciones de derechos humanos.
Al final del Foro hubo un mensaje claro: los compromisos voluntarios no son suficientes para garantizar la responsabilidad de las empresas, los Estados necesitan regular las empresas con normas vinculantes para abordar de manera integral los abusos de derechos humanos cometidos por las empresas.
Las elecciones presidenciales robadas; el uso de tácticas profundamente represivas por parte de agentes del Estado contra opositores reales y percibidos, y el reciente regreso de la OACDH a Caracas informaron el diálogo de hoy sobre Venezuela entre el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos.
La sociedad civil de las Américas ha hecho un llamamiento urgente para acelerar la aplicación del Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, Acuerdo de Escazú, adoptado hace cinco meses.
