La activista y académica cubana Anamely Ramos describe la represión a la que se enfrentan ella y otras personas defensoras de los derechos culturales y - coincidiendo con el informe de la Relatora Especial de en materia de derechos culturales al Consejo de Derechos Humanos - pide que se respete el derecho a la libertad de expresión y la libertad artística.
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La activista y académica Anamely Ramos, miembro del Movimiento de Artistas de San Isidro, habla sobre las amenazas y los ataques perpetrados contra las personas defensoras de la cultura en Cuba.
Ramos fue detenida durante una redada en la sede del Movimiento en noviembre de 2020 y mantenida incomunicada. Las autoridades alegaron que la redada estaba relacionada con violaciones de supuestas normas relacionadas con el COVID-19. Ramos ya se había manifestado en contra del proyecto de Decreto 349 que exigía a los artistas obtener un permiso del Ministerio de Cultura cubano si querían actuar en espacios públicos o privados. Se teme que su efecto sea silenciar y frenar las actividades de artistas y activistas.
La declaración de Anamely Ramos:
Soy una de los 14 activistas cubanos que estuvimos acuartelados en noviembre de 2020, en la sede del Movimiento San Isidro, algunos en huelga de hambre y sed. La noche del 26 de ese mes, militares vestidos como médicos nos apresaron por la fuerza, alegando propagación del coronavirus. Fuimos golpeados, desaparecidos durante varias horas y condenados a prisión domiciliaria. Nuestro único delito: leer poesías para exigir la libertad del rapero Denis Solís, víctima de un encarcelamiento arbitrario.
Horas después, más de 200 jóvenes se concretaron voluntariamente frente al Ministerio de Cultura, para exigir el cese de la censura. Las imágenes de prensa muestran el cerco policial establecido y del uso de gases lacrimógenos.
Para impulsar los derechos culturales en Cuba, habría que garantizar, primero, que todos sus ciudadanos tengan derecho a expresarse libremente sobre sus vidas, su entorno y sus sueños de cambio, sin que eso signifique persecución, campañas de difamación, actos de repudio, golpizas, prohibición de movimiento, arrestos arbitrarios, y condenas a prisión.
Hasta ahora la política cultural del Estado cubano no reconoce las organizaciones artísticas independientes, mientras exhibe a las instituciones oficiales como únicas representantes de la cultura cubana. Decretos leyes como el 349 y el 370 criminalizan el disenso y la crítica.
El Estado cubano debe reconocer nuestro derecho a asociarnos libremente, y cursar invitación al país a la Relatora Especial de la ONU en la esfera de los derechos culturales y ella debe reunirse con activistas independientes.
Las palabras de la Relatora Especial de la ONU sobre Derechos Culturales:
El mensaje de Anamely coincide con la presentación del informe de la experta independiente de la ONU en derechos culturales, Karima Bennoune, centrado en el efecto de Covid19 sobre los derechos culturales. Aquí, Bennoune habló de cómo las medidas de Covid19 se estaban empleando para “criminalizar a les artistas con opiniones disidentes”. La detención de artistas podría actuar como una “sentencia de muerte de facto”, dada la presencia del virus en los centros de detención. Bennoune concluyó su diálogo con los Estados para hacer hincapié en el potencial positivo de las culturas y los derechos culturales para mejorar las soluciones que respetan los derechos y fomentar la resiliencia.
El ISHR tuvo el placer de unirse a otras organizaciones culturales y de derechos humanos para presentar una declaración en apoyo del trabajo de la Relatora Especial.
‘La declaración a la que nos unimos termina con un mensaje claro’, dijo Eleanor Openshaw del ISHR. ‘La libertad cultural no es un lujo; por el contrario, debe estar en el centro de nuestra respuesta a la pandemia del COVID-19’.
Con gracias a Alessandra Pinna, Freedom House
Foto: una imagen de video
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La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela no dejó lugar a dudas al Consejo. La represión tras las elecciones presidenciales de julio fue planificada y una extensión de una política ya existente para inducir miedo y silenciar a la oposición. Muchos Estados dejaron claro que los mandatos de la Misión y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos debían continuar.
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