La reciente aprobación de leyes que restringen gravemente el espacio de la sociedad civil es el último episodio del constante deterioro de los derechos humanos en Nicaragua. Durante su actual período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe adoptar una resolución reforzada que establezca una serie de objetivos claros que el Gobierno debe cumplir urgentemente para revertir el rumbo actual y reanudar una cooperación significativa con la comunidad internacional.
Actualización: El martes 23 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución reforzada sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, con 20 votos a favor, 8 en contra, y 18 abstenciones. La resolución solicita una ampliación del mandato de monitoreo de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, con la presentación de un informe exhaustivo en la sesión de marzo de 2022 del Consejo, dos actualizaciones orales en las sesiones de junio y septiembre de 2021, así como una actualización oral con recomendaciones en el marco de las elecciones nacionales de noviembre de 2021.
Mediante esta resolución, el Consejo también decide considerar todas las medidas a su disposición para proteger los derechos humanos en Nicaragua. La resolución también refuerza sus llamados con relación a ataques a los pueblos indígenas, violencia sexual y de género, leyes restrictivas, y la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, en particular mujeres, personas indígenas y afrodescendientes, y ambientalistas.
El pasado 25 de febrero, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su último informe sobre Nicaragua ante el la 46a sesión del Consejo de Derechos Humanos, por mandato de la resolución adoptada por el Consejo el año pasado. En dicho informe, ella expresó su preocupación por la ‘continua restricción del espacio cívico y democrático’, indicando que su Oficina documentó 117 casos de acoso, intimidación y amenazas por parte de la policía y elementos progubernamentales, contra personas defensoras de los derechos humanos, activistas políticos, estudiantes y otros individuos, así como 34 casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio contra periodistas y personas trabajadoras de los medios de comunicación.
Mientras que más de 19 países, entre ellos Uruguay, Perú, Ecuador, Canadá y la Unión Europea, señalaron las violaciones en curso y la falta de cooperación de Nicaragua con la ONU, varias organizaciones de derechos humanos, entre ellos el International Service for Human Rights (ISHR), alertaron el Consejo ante los ataques contra los pueblos indígenas y quienes defienden sus derechos dentro del país. María Luisa Acosta, coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), se dirigió al Consejo sobre el impacto de los recientes huracanes ETA e IOTA, así como sobre los ataques violentos perpetrados de forma sistemática por actores armados que han provocado el desplazamiento de los pueblos Mískitu y Mayangna, ante la inacción del Estado para proteger la vida y los territorios de pueblos indígenas.
‘La respuesta de Nicaragua al Consejo de ‘rechazo absoluto’ al informe y enmarcarlo como una ‘instrumentalizacióin injerencista’ demuestra más bien su absoluta falta de voluntad de cooperar significativamente y de remediar la situación’, dijo Raphaël Viana David, Oficial de Programas de ISHR.
‘Esto hace que sea aún más vital que el Consejo establezca en su nueva resolución un marco de referencia claro y con fechas límites de las medidas que Nicaragua debe tomar para cooperar de buena fe este año, allanando el camino para la creación de un mecanismo internacional de rendición de cuentas en caso de que no haya cooperación posible’, añadió.
En su informe, la Alta Comisionada insta a Nicaragua a enmendar las leyes que restringen profundamente los derechos a las libertades de expresión, asociación, reunión pacífica y a la participación en los asuntos públicos. Estas leyes también han sido objeto de largas cartas enviadas por personas expertas en derechos humanos de la ONU al gobierno nicaragüense – a las cuáles éeste no ha respondido -, en particular la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo. El informe también señala la erosión del Estado de Derecho, la persistencia de la impunidad, así como la falta de independencia judicial que ‘dificulta la transparencia y la rendición de cuentas, incluso en relación con la respuesta del Gobierno a la pandemia del COVID-19 y las elecciones de 2021’.
‘Estas nuevas leyes restrictivas endurecen aún más la represión en contra de las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y organizaciones de sociedad civil, que ya se enfrentan a acoso, vigilancia y ataques, simplemente por sacar a la luz las violaciones de los derechos humanos en el país’, ha declarado Raphaël Viana David. ‘El Consejo debe expresar su apoyo y reconocer el trabajo vital que estas personas están desempeñando como los últimos observadores independientes de los derechos humanos en el país desde la expulsión de los funcionarios de derechos humanos de la ONU y del Sistema Interamericano en 2018′.
Haga click aquí para leer la declaración conjunta de ISHR y CALPI, o asista a la declaración entregada al Consejo a continuación:
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