Cepaz / Detention of Fundrades Defenders
Con la detención arbitraria de otras tres personas defensoras en los últimos días, una vez más se pidió al Consejo de Derechos Humanos que hiciera más para presionar a Venezuela y permitir que se escuchen las voces disidentes en el país. La sociedad civil independiente contribuye de manera decisiva a la construcción de sociedades basadas en el respeto de los derechos humanos.
De acuerdo con el mandato de la resolución del Consejo A/HRC/RES/45/20, la Alta Comisionada presentó su informe al Consejo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
La actualización se produjo pocos días después de que tres personas defensoras, Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García, de la ONG FundaRedes, fueran detenidas arbitrariamente bajo cargos infundados.
La detención arbitraria de otras personas defensoras en el país puso de manifiesto la realidad de la crisis de los derechos humanos, que se está debatiendo en el Consejo”, dijo Eleanor Openshaw, del ISHR.
Bélgica y los Países Bajos fueron los únicos Estados que mencionaron directamente la detención de los defensores, aunque las restricciones a la sociedad civil en el país fueron muy citadas y deploradas.
ISHR tuvo el placer de presentar una breve declaración durante la sesión en la que expresaba su preocupación por la criminalización de la sociedad civil en el país:
una declaración de 55 países presentada por Brasil, se citaron las persistentes restricciones al espacio cívico y democrático como uno de los principales factores que contribuyen al declive del respeto de los derechos humanos en el país. Otros factores son el deterioro del estado de derecho y la falta de independencia del sistema judicial. En cuanto a esto último, Bélgica habló del poder judicial como una “herramienta politizada para la represión en lugar de un defensor del Estado de Derecho”, citando la conclusión de la ONG ICJ.
Con varios órganos y mecanismos de la ONU ya activos y emitiendo recomendaciones para el cambio en la situación de los derechos humanos en Venezuela, muchos se refirieron a la falta de implementación de esas recomendaciones. Según un grupo de ONGs venezolanas, de las 43 recomendaciones hechas por el Alto Comisionado desde 2019, el Estado venezolano no ha implementado ninguna, con un deterioro en lo que respecta a 33 de esas recomendaciones, en particular a las detenciones arbitrarias, la separación de poderes, la situación en la región del Arco Minero (un foco específico de preocupación de la ONU) y los derechos económicos, sociales y culturales.
Durante el diálogo, las ONG reconocieron la labor de la OACNUDH en Venezuela, pero la Oficina también recibió algunas críticas. El grupo de organizaciones venezolanas señaló lo que consideran un fracaso de la Oficina a la hora de supervisar la aplicación de las recomendaciones, lo que ha dado lugar a una imagen incompleta de lo que está ocurriendo en el país. Las ONGs también critican lo que consideran la tardanza de la Oficina en ocuparse de los casos urgentes.
La Alta Comisionada Bachelet expresó su esperanza de que, un año después de su visita a Venezuela, las negociaciones con el gobierno venezolano conduzcan al establecimiento de una presencia permanente de OACNUDH en el país. La ONG ICJ hizo un llamamiento a la OACNUDH para que inyecte mayor transparencia en sus acuerdos con el gobierno venezolano, incluyendo la participación de organizaciones nacionales e internacionales.
Tanto los Estados como las ONG hicieron múltiples llamamientos para que se facilite el acceso de los Procedimientos Especiales al país -para proporcionar un calendario continuo y de presentación de informes-, así como el acceso de la Misión de Investigación de la ONU que presentará su próximo informe al Consejo en septiembre.
En una declaración de 55 países presentada por Brasil, se citaron las persistentes restricciones al espacio cívico y democrático como uno de los principales factores que contribuyen al declive del respeto de los derechos humanos en el país. Otros factores son el deterioro del estado de derecho y la falta de independencia del sistema judicial. En cuanto a esto último, Bélgica habló del poder judicial como una “herramienta politizada para la represión en lugar de un defensor del Estado de Derecho”, citando la conclusión de la ONG ICJ.
Con varios órganos y mecanismos de la ONU ya activos y emitiendo recomendaciones para el cambio en la situación de los derechos humanos en Venezuela, muchos se refirieron a la falta de implementación de esas recomendaciones. Según un grupo de ONGs venezolanas, de las 43 recomendaciones hechas por el Alto Comisionado desde 2019, el Estado venezolano no ha implementado ninguna, con un deterioro en lo que respecta a 33 de esas recomendaciones, en particular a las detenciones arbitrarias, la separación de poderes, la situación en la región del Arco Minero (un foco específico de preocupación de la ONU) y los derechos económicos, sociales y culturales.
Durante el diálogo, las ONG reconocieron la labor de la OACNUDH en Venezuela, pero la Oficina también recibió algunas críticas. El grupo de organizaciones venezolanas señaló lo que consideran un fracaso de la Oficina a la hora de supervisar la aplicación de las recomendaciones, lo que ha dado lugar a una imagen incompleta de lo que está ocurriendo en el país. Las ONGs también critican lo que consideran la tardanza de la Oficina en ocuparse de los casos urgentes.
La Alta Comisionada Bachelet expresó su esperanza de que, un año después de su visita a Venezuela, las negociaciones con el gobierno venezolano conduzcan al establecimiento de una presencia permanente de OACNUDH en el país. La ONG ICJ hizo un llamamiento a la OACNUDH para que inyecte mayor transparencia en sus acuerdos con el gobierno venezolano, incluyendo la participación de organizaciones nacionales e internacionales.
Tanto los Estados como las ONG hicieron múltiples llamamientos para que se facilite el acceso de los Procedimientos Especiales al país -para proporcionar un calendario continuo y de presentación de informes-, así como el acceso de la Misión de Investigación de la ONU que presentará su próximo informe al Consejo en septiembre.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU amplió el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Los miembros de la Misión denunciaron una “represión sistemática, coordinada y deliberada” para sofocar las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela no dejó lugar a dudas al Consejo. La represión tras las elecciones presidenciales de julio fue planificada y una extensión de una política ya existente para inducir miedo y silenciar a la oposición. Muchos Estados dejaron claro que los mandatos de la Misión y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos debían continuar.
El 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (del 9 de septiembre al 11 de octubre) tratará temas como la intimidación y las represalias por cooperar con la ONU, las detenciones arbitrarias, el racismo sistémico, las desapariciones forzadas, el cambio climático, el agua y el saneamiento, y los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros.
