Cepaz / Detention of Fundrades Defenders

Venezuela (República Bolivariana de)
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CDH47 | La detención arbitraria de personas defensoras venezolanas sirve de telón de fondo al diálogo con la Alta Comisionada

Con la detención arbitraria de otras tres personas defensoras en los últimos días, una vez más se pidió al Consejo de Derechos Humanos que hiciera más para presionar a Venezuela y permitir que se escuchen las voces disidentes en el país. La sociedad civil independiente contribuye de manera decisiva a la construcción de sociedades basadas en el respeto de los derechos humanos.

De acuerdo con el mandato de la resolución del Consejo A/HRC/RES/45/20, la Alta Comisionada presentó su informe al Consejo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. 

La actualización se produjo pocos días después de que tres personas defensoras, Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García, de la ONG FundaRedes, fueran detenidas arbitrariamente bajo cargos infundados.

La detención arbitraria de otras personas defensoras en el país puso de manifiesto la realidad de la crisis de los derechos humanos, que se está debatiendo en el Consejo”, dijo Eleanor Openshaw, del ISHR.

Bélgica y los Países Bajos fueron los únicos Estados que mencionaron directamente la detención de los defensores, aunque las restricciones a la sociedad civil en el país fueron muy citadas y deploradas. 

ISHR tuvo el placer de presentar una breve declaración durante la sesión en la que expresaba su preocupación por la criminalización de la sociedad civil en el país:

una declaración de 55 países presentada por Brasil, se citaron las persistentes restricciones al espacio cívico y democrático como uno de los principales factores que contribuyen al declive del respeto de los derechos humanos en el país. Otros factores son el deterioro del estado de derecho y la falta de independencia del sistema judicial.  En cuanto a esto último, Bélgica habló del poder judicial como una “herramienta politizada para la represión en lugar de un defensor del Estado de Derecho”, citando la conclusión de la ONG ICJ.

Con varios órganos y mecanismos de la ONU ya activos y emitiendo recomendaciones para el cambio en la situación de los derechos humanos en Venezuela, muchos se refirieron a la falta de implementación de esas recomendaciones.  Según un grupo de ONGs venezolanas, de las 43 recomendaciones hechas por el Alto Comisionado desde 2019, el Estado venezolano no ha implementado ninguna, con un deterioro en lo que respecta a 33 de esas recomendaciones, en particular a las detenciones arbitrarias, la separación de poderes, la situación en la región del Arco Minero (un foco específico de preocupación de la ONU) y los derechos económicos, sociales y culturales.

Durante el diálogo, las ONG reconocieron la labor de la OACNUDH en Venezuela, pero la Oficina también recibió algunas críticas.  El grupo de organizaciones venezolanas señaló lo que consideran un fracaso de la Oficina a la hora de supervisar la aplicación de las recomendaciones, lo que ha dado lugar a una imagen incompleta de lo que está ocurriendo en el país.  Las ONGs también critican lo que consideran la tardanza de la Oficina en ocuparse de los casos urgentes. 

La Alta Comisionada Bachelet expresó su esperanza de que, un año después de su visita a Venezuela, las negociaciones con el gobierno venezolano conduzcan al establecimiento de una presencia permanente de OACNUDH en el país.  La ONG ICJ hizo un llamamiento a la OACNUDH para que inyecte mayor transparencia en sus acuerdos con el gobierno venezolano, incluyendo la participación de organizaciones nacionales e internacionales. 

Tanto los Estados como las ONG hicieron múltiples llamamientos para que se facilite el acceso de los Procedimientos Especiales al país -para proporcionar un calendario continuo y de presentación de informes-, así como el acceso de la Misión de Investigación de la ONU que presentará su próximo informe al Consejo en septiembre. 

En una declaración de 55 países presentada por Brasil, se citaron las persistentes restricciones al espacio cívico y democrático como uno de los principales factores que contribuyen al declive del respeto de los derechos humanos en el país. Otros factores son el deterioro del estado de derecho y la falta de independencia del sistema judicial.  En cuanto a esto último, Bélgica habló del poder judicial como una “herramienta politizada para la represión en lugar de un defensor del Estado de Derecho”, citando la conclusión de la ONG ICJ.

Con varios órganos y mecanismos de la ONU ya activos y emitiendo recomendaciones para el cambio en la situación de los derechos humanos en Venezuela, muchos se refirieron a la falta de implementación de esas recomendaciones.  Según un grupo de ONGs venezolanas, de las 43 recomendaciones hechas por el Alto Comisionado desde 2019, el Estado venezolano no ha implementado ninguna, con un deterioro en lo que respecta a 33 de esas recomendaciones, en particular a las detenciones arbitrarias, la separación de poderes, la situación en la región del Arco Minero (un foco específico de preocupación de la ONU) y los derechos económicos, sociales y culturales.

Durante el diálogo, las ONG reconocieron la labor de la OACNUDH en Venezuela, pero la Oficina también recibió algunas críticas.  El grupo de organizaciones venezolanas señaló lo que consideran un fracaso de la Oficina a la hora de supervisar la aplicación de las recomendaciones, lo que ha dado lugar a una imagen incompleta de lo que está ocurriendo en el país.  Las ONGs también critican lo que consideran la tardanza de la Oficina en ocuparse de los casos urgentes. 

La Alta Comisionada Bachelet expresó su esperanza de que, un año después de su visita a Venezuela, las negociaciones con el gobierno venezolano conduzcan al establecimiento de una presencia permanente de OACNUDH en el país.  La ONG ICJ hizo un llamamiento a la OACNUDH para que inyecte mayor transparencia en sus acuerdos con el gobierno venezolano, incluyendo la participación de organizaciones nacionales e internacionales. 

Tanto los Estados como las ONG hicieron múltiples llamamientos para que se facilite el acceso de los Procedimientos Especiales al país -para proporcionar un calendario continuo y de presentación de informes-, así como el acceso de la Misión de Investigación de la ONU que presentará su próximo informe al Consejo en septiembre. 

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