Ante el Consejo de Derechos Humanos, personas defensoras indígenas guatemaltecas hablaron de la “oportunidad histórica” que vive Guatemala, pero también de los profundos problemas sistémicos que deben de abordarse con urgencia.
En la primera sesión de cada año del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos presenta un informe sobre Guatemala —basándose en las conclusiones de su equipo en el país —, seguido por un diálogo con Estados sobre este país y otros. Esta es una ocasión para personas defensoras guatemaltecas de hablar directamente con Estados, y representantes de la ONU y de la sociedad civil sobre la situación en el país.
ISHR acompañó en algunas de sus actividades de incidencia a tres de personas defensoras:Bernardo Caal Xol, líder maya q’eqchi, profesor y activista del medio ambiente y los derechos sobre la tierra; Luis Pacheco, ex-presidente del consejo de Alcaldes Comunales de los 48 cantones de Totonicapán, y Lourdes Haquelina Gómez Willis, mujer defensora de orígen q’eqchi-afrodescendiente. La visita de Lourdes hizo eco en Prensa Comunitaria de Guatemala.
El 14 de enero, después de meses de protestas lideradas por varios sectores de la sociedad civil, y en particular por Pueblos Indígenas, el candidato electo, Bernardo Arévalo, tomó posesión de la presidencia.
Arévalo, ha dejado en claro sus intenciones de luchar contra la corrupción y la impunidad para favorecer el retorno a un gobierno inclusivo y sensible a las demandas de la sociedad. Por ejemplo, acciones como el establecimiento de una Comisión Anticorrupción, o su reiterado llamado a que se respete la normativa regional e internacional en materia de DDHH, dan credibilidad a sus intenciones en favor de un retorno del Estado de Derecho al país. Sin embargo, los retos siguen siendo graves.
Bernardo Caal y Luis Pacheco trajeron a la luz los diferentes peligros que permanece debido a la cooptación y debilitamiento de las instituciones estatales.
Las acciones de la Fiscal General Consuelo Porras – quien sigue en su puesto – como la criminalización de personas defensoras y operadores de justicia, la fabricación de casos y desmantelamiento de instituciones clave como la Fiscalía General Contra la Impunidad, son acciones que contribuyen a un clima de corrupción, miedo e incertidumbre. Asimismo, la falta de garantías de independencia e imparcialidad judicial, y órdenes de captura vigentes, hace imposible que personas en el exilio puedan regresar.
Al tener presentes estos hechos, Bernardo Caal y Luis Pacheco fueron muy enfáticos en demandar que la comunidad internacional siguiera expectante a las próximas asignaciones en varios puestos claves del poder judicial que tienen que ser nombradas en los próximos meses
Lourdes Haquelina Gómez también señaló que la cooptación del sistema judicial sigue siendo el mayor impedimento a la estabilidad política y social de Guatemala. Explicó que, ante la falta de garantías en la impartición de justicia, persisten los temores de varios sectores de la sociedad por participar y hacer valer sus derechos.
De acuerdo con la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA), se registraron 5,965 casos de agresiones contra personas defensoras entre enero y noviembre de 2023. La falta de una política de protección de personas defensoras, junto a la cooptación de la justicia y la impunidad, dificultan la labor de las personas defensoras, y particularmente quienes son originarias de los Pueblos Indígenas.
Bernardo Caal estuvo en prisión por más de 4 años por luchar por la protección del río Cahabón y visibilizar la falta de consulta a las comunidades ante la construcción y operación de una central hidroeléctrica. Asimismo, Luis Pacheco señaló que las reformas al código penal, que justifican el encarcelamiento de manifestantes, así como el cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), son claros ejemplos del pendiente que gira alrededor de la provisión de justicia en el país.
Ante el aumento de agresiones contra personas defensoras, resaltan las crecientes vulnerabilidades a las que se han tenido que enfrentar las comunidades indígenas en la defensa de sus tierras. Por ende, Bernardo Caal y Lourdes Haquelina Gómez hicieron llamados fervientes a entender que para la lucha por el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sustentable, es fundamental seguir enfrentándose a la invisibilización y corrupción del Estado.
Además, aludieron a cómo esto contribuía a una mayor vulnerabilidad de las comunidades históricamente marginalizadas ante el impacto de las industrias extractivas. Del mismo modo, hicieron hincapié en la cadena de corresponsabilidad que existe y como el desvirtuamiento de la cosmologías indígenas, sumado al silencio de inversores y a las mismas inversiones de países Europeos en proyectos extractivos, los hace cómplices de la cadena de violaciones de los derechos humanos resultantes de las actividades extractivas.
Aprovechando su estancia en Ginebra, Lourdes participó en un evento paralelo sobre la situación de derechos humanos en Guatemala. Resaltó, las consecuencias devastadoras que han tenido las actividades extractivas en el desarrollo de las comunidades indígenas.
En específico, habló de los impactos que ha causado la industria del aceite de palma. Lourdes, cuyo trabajo se ha centrado en la defensa de la tierra y territorio, explicó que la desertificación y el despojo de tierras, o la falta de agua potable, causada por estas actividades, es lo que ha suscitado la creciente vulnerabilidad de sus comunidades, forzándolos a abandonarlas y a migrar.
De esta manera, agregó que en el caso de las mujeres, a estas consecuencias se suma el aumento de riesgo de ser víctimas de violencia sexual.
En su informe anual, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos hizo recomendaciones a que el Estado guatemalteco tomara medidas que garanticen la independencia judicial, desarrollen una política pública de protección de personas defensoras, tomando en cuenta su diversidad, y a que se establezcan los marcos administrativos para que las empresas se apeguen a normativas y estándares en materia de derechos humanos.
Durante el diálogo interactivo con el Alto Comisionado, la Unión Europea agregó que Guatemala debe seguir trabajando en el fortalecimiento del Estado de derecho para la protección de los derechos humanos y la promoción de la justicia social.
En un evento paralelo sobre Guatemala, las Relatorías especiales para la independencia de jueces y magistrados y la de libertad de unión pacífica y de asociación hicieron llamados en relación al combate a la corrupción y la impunidad a través de la lucha contra la discriminación y a favor del Estado de Derecho en Guatemala.
Lourdes Gómez, Luis Pacheco y Bernardo Caal hicieron una serie de recomendaciones a Guatemala durante su estancia en cuanto a:
Bernardo Caal expresó que en consecuencia al aumento de casos de intimidación, criminalización y muerte de personas defensoras, es el deber de los Estados garantizar el respeto al consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas y a dejar de tomar acciones que criminalicen a las personas defensoras.
Por último, Gómez, Pacheco y Caal exhortaron al gobierno guatemalteco a que acceda al Acuerdo de Escazú e implemente las medidas necesarias que garanticen la protección de personas defensoras del medio ambiente, particularmente indígenas.
Finalmente, exhortaron a Guatemala a continuar con su compromiso de cooperar activamente con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, aceptando visitas de Procedimientos Especiales, implementando las recomendaciones del Examen Peri, y demás órganos de tratado. Por último Solicitaron una visita del Alto Comisionado al país.
Mirando hacía el futuro
”Aunque es claro que se vive un momento de gran expectativa y esperanza ante los cambios que Guatemala está experimentando, la participación de Lourdes, Bernardo, y Luis nos dejan ver los pendientes que siguen presentes durante la transición democrática” comentó Ulises Quero de ISHR. “Sus contribuciones también ejemplifican la importancia de que la comunidad internacional siga monitoreando la situación de derechos humanos en Guatemala y en particular para garantizar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos en distintos espacios”.
Somos conscientes del tiempo y los recursos que estas visitas requieren, así como de la necesidad de estar alerta ante el riesgo de represalias contra cualquier persona defensora que participe a nivel internacional”, agregó Quero. ‘
Ante la crisis de derechos humanos que vive la región, además de cambios significativos, durante la 55° sesión del Consejo de Derechos Humanos, personas defensoras de América Latina y el Caribe hablaron de las realidades a las que se enfrentan, exigiendo mayor acción y nuevos mecanismos, y expresando su preocupación por las decisiones políticas que prevalecen sobre las evaluaciones de necesidades objetivas.
Personas defensoras del medio ambiente de toda América Latina y el Caribe se reunieron la semana pasada en el II Foro de los Derechos Humanos (Acuerdo de Escazú) poniendo de manifiesto su papel indispensable en la defensa de la vida en la Tierra. Para que Escazú responda a sus necesidades y expectativas, los mecanismos de apoyo a su aplicación deben recibir fondos suficientes.
La Coalición Mundial de la Sociedad Civil, Pueblos Indígenas, Movimientos Sociales y Comunidades Locales por el Reconocimiento Universal del Derecho Humano a un Ambiente Limpio, Sano y Sostenible es hoy uno de los galardonados con el prestigioso Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2023. La Coalición es premiada por su rol esencial en abogar por el reconocimiento del derecho a un ambiente sano por parte de la Asamblea General de la ONU en 2022.
