Esta semana ha habido dos diálogos interactivos sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos: con la Alta Comisionada Adjunta el 19 marzo, y con l@s miembros de la Misión de Determinación de los Hechos (el ‘fact-finding mission’ o ‘FFM’ en inglés) el 20 marzo. Estas se dieron en el contexto de la suspensión de actividades de la OACNUDH en Venezuela cuando el 15 febrero, el gobierno venezolano dio a las 13 miembros del equipo, 72 horas para salir del país.
La Alta Comisionada Adjunta, Nada Al-Nashif, expresó su ‘profundo pesar’ por la suspensión de las actividades de OACNUDH y el deseo de que la Oficina pudiera ‘reanudar pronto plenamente su labor de servicio a la población de la República Bolivariana de Venezuela ..en estricto cumplimiento del mandato de la Oficina’. No hubo referencia a ‘conversaciones’ con las autoridades venezolanas como en una comunicación anterior de la oficina. Habló de cambios positivos que se habían experimentado con la Oficina dentro del país y que queda mucho por hacer. Por su lado, el nuevo Embajador de Venezuela ante la ONU optó por llamar a la Oficina ‘un bufete neocolonial al servicio de los EEUU y sus satélites’.
‘La OACNUDH sigue presionando para volver pero necesita tener claras sus líneas rojas’, dijo Eleanor Openshaw del ISHR. ‘Es esencial que no haga concesiones en cuanto a poder cumplir con un mandato pleno que incluye documentar violaciones, presentar informes y trabajar con sociedad civil en el país’.
En su declaración durante la sesión ISHR se refirió a la suspensión de la oficina encajando un patrón de creciente represión en el país.
Este recrudecimiento de la represión en el país fue el enfoque de la actualización oral de la Presidenta del FFM. Marta Valiñas comentó que ‘nos encontramos ante una fase de reactivación de la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades’ y esa modalidad ‘se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos’.
El FFM, la Alta Comisionada Adjunta, y varios estados destacaron el aumento de casos de intimidación, estigmatización, e incluso detención de los partidos de la oposición, periodistas, personas defensoras y demás voces disidentes – reales o percibidos, al régimen de Maduro. Después de la sesión del consejo Uruguay sacó un llamamiento a Venezuela para dejar en libertad a presos políticos. Los casos de Javier Tarazona y Rocío San Miguel estaban en boca de much@s durante la sesión y se habló del proyecto del proyecto de ley sobre ONGs como ejemplo de un intento prevalecientes por restringir el actuar libre e independiente de la sociedad civil.
Muchos países en la sala manifestaron su preocupación por los hechos y, reconociendo la complementariedad del trabajo hecho por ambos mandatos, instaron a Venezuela a reanudar la cooperación con las instancias.
A los países que hablaba de la cooperación de Venezuela al sistema, Francisco Cox, miembro del FFM dijó, ‘no sé cómo se coopera con OACNUDH expulsándolo’.
El Embajador de Paraguay en el diálogo interactivo con el Alto Comisionado respondió a acusaciones de selectividad en el establecimiento de mecanismos de la ONU en el caso de Venezuela, diciendo que qué muestra más selectividad que la elección de Venezuela de no cooperar con ACNUDH, FFM o gran mayoría de expertos independientes.
Mientras que varios estados de la región intervinieron a través de declaraciones conjuntas (Paraguay, Canada, Chile, Argentina, Guatemala, Ecuador, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, y todos los estados de grupo central en otro) o de manera individual, las voces de México y Colombia faltaron en el espacio. Honduras habló de los mecansimos de la ONU en Venezuela como ejemplo de injerencia.
Los diálogos terminaron con un reconocimiento de que en un contexto pre-electoral los riesgos para voces opositoras al estado incrementan. De hecho, el día después de concluir los diálogos, las fuerzas de seguridad venezolana detuvieron dos miembros más del equipo de la candidata presidencial de oposición Maria Corina Machado.