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Ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ISHR y la Fundación Código Humano condenaron el trato violento contra migrantes y personas dominicanas y de ascendencia africana en la República Dominicana.
El debate general, punto 9 de la 58.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, se celebró entre el 27 y el 28 de marzo y se debatieron cuestiones relacionadas con el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La sesión del 27 de marzo contó con declaraciones de representantes de Estados del grupo africano y otros países, así como de organizaciones no gubernamentales.
Ghana, en nombre del Grupo Africano, destacó que la Declaración y el Programa de Acción de Durban (DDPA) deberían seguir significando el reconocimiento internacional de las personas africanas y de ascendencia africana como víctimas del racismo, señalando que la esclavitud, la trata transatlántica de personas esclavizadas y el colonialismo se encuentran entre las fuentes, causas y formas de las intolerancias contemporáneas.
Además, en el contexto del Tema del Año 2025 de la Unión Africana, “Justicia para las personas africanas y afrodescendientes a través de las reparaciones”, el grupo recordó su visión de la justicia reparadora como un vehículo fundamental a través del cual podemos abordar colectivamente los impactos estructurales y sistémicos de las injusticias históricas.
El 28 de marzo, la sesión continuada del punto 9 contó con declaraciones de integrantes de la Coalición Antirracista Ante la ONU (UNARC) como Conectas Internacional, Amnistía Internacional, ISHR y Fundación Código Humano, que ilustraron las violaciones sufridas por las personas africanas y de ascendencia africana debido al racismo sistémico y pidieron a los Estados y a las instituciones internacionales que reforzaran las normas existentes en materia de derechos humanos.
En una declaración conjunta de ISHR y de la Fundación Código Humano, Altagracia Jean Joseph condenó el trato violento a personas migrantes y de ascendencia africana en la República Dominicana, llamó la atención sobre las graves violaciones de los derechos humanos que se están produciendo en el país e instó a su gobierno a volver a respetar la dignidad humana como principio rector, defendiendo la aplicación de la DDPA.
La declaración completa se puede encontrar a continuación:
Condenamos el trato violento a los migrantes y a las personas dominicanas de ascendencia africana en la República Dominicana y otras violaciones de los derechos humanos en el país.
En 2024, el presidente de la República Dominicana anunció deportaciones masivas de migrantes indocumentados, que incluían una cifra de 10,000 deportaciones de migrantes por semana. Las personas afectadas por estas medidas incluyen a las personas dominicanas comunes y a las personas afrodescendientes que son atacados por el color de su piel, violando sus derechos a la no discriminación, a un juicio justo, a la salud y a la educación.
Más aún, el derecho de nuestros niños y niñas a la protección contra el acoso es nulo y sin efecto, especialmente para los que viven en barrios empobrecidos, donde muchos migrantes son enviados debido a la discriminación racial; otros son deportados sin el debido proceso. Hacemos un llamamiento a la República Dominicana para que ponga fin a las deportaciones arbitrarias de personas dominicanas y defienda el derecho a la libre circulación y a la privacidad, y para que el Estado garantice la rendición de cuentas por las violaciones cometidas por las fuerzas del orden.
Además, nos preocupa el extractivismo que está acabando con los campos y ríos del país. Instamos a la República Dominicana a que haga evidente la protección judicial efectiva y los debidos procesos, tal como se establece en los artículos 68 y 69 de la Constitución dominicana. Los niños y niñas de la República Dominicana deben tener la garantía de crecer en un entorno seguro y saludable.
Por último, pedimos que se vuelva a la legalidad, al orden y al respeto fundamental de la dignidad humana como principio rector de la nación, y hacemos hincapié en el papel vital de las personas defensoras de los derechos humanos en la defensa de estos principios y en el avance de la aplicación de la DDPA.
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