CDH58: Un llamado para el restablecimiento de los derechos de las personas afroargentinas

El 27 de marzo, durante le 58o periodo de sesions del Consejo de Derechos Humanos, se celebró un panel en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la discriminacióin Racial. Este día es conmemorado alrededor del mundo el 21 de marzo recordando la masacre Sharpeville, Sudáfrica, cuando la policía abrió fuego contra manifestantes que pacíficamente protestaban contra las leyes de apartheid, dejando más de 60 muertos. 

El panel tenia como titulo “Sexagésimo aniversario de la adopción de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial”. Este contó con la participación de Volker Turk, Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Michal Balcerzak, Presidente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Angeli Achrekar, Directora Ejecutiva Adjunta de la Subdivisión de Programas del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), Bernard Mogesa, Secretario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, y Joan Carling, Directora Ejecutiva de Indigenous Peoples Rights International. 

En su introducción, Volker Turk destacó que hoy, 60 años después de la adopción de la convención, es importante recordar lo lejos que hemos llegado y lo duro que hemos luchado por la igualdad, la justicia racial y el fin de la discriminación. En este sentido tanto Volker Turk como Michel Balcherzak insistieron en que no podemos aceptar ningún retroceso de los logros obtenidos con tanto esfuerzo. 

En este marco la organización DIAFAR, en conjunto con ISHR hicieron una declaración conjunta visibilizando los graves retrocesos en materia de derechos humanos que atraviesa Argentina.  El gobierno argentino ha adoptado una postura de negación frente a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluida la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, celebrada en este panel.

DIAFAR denuncia que el actual gobierno ha desmantelado las políticas específicas destinadas a los pueblos afrodescendientes e indígenas. Espacios institucionales que fueron conquistados tras años de lucha y movilización han sido eliminados, dejando a estas comunidades sin acceso a programas de reparación histórica y reconocimiento efectivo de sus derechos. Esta desarticulación que lleva a cabo el gobierno actual no sólo profundiza las desigualdades preexistentes, sino que perpetúa la marginación y el racismo estructural. 

En la declaración conjunta ISHR y DIAFAR destacaron los discursos de odio promovidos por personas mandatarias de alto nivel dentro del gobierno. Éstos han generado un clima propicio para el aumento de expresiones y actos racistas como fue la vandalización del monumento a María Remedios del Valle, figura afroargentina y prócer de la independencia del país, conocida como la “Madre de la Patria”, en 2023. A la fecha, el monumento no ha sido restaurado y no se han identificado a las personas responsables. 

ISHR y DIAFAR exigen que el Estado argentino revierta estas decisiones y retome el camino del cumplimiento de sus obligaciones internacionales. A la comunidad internacional les piden que insten al gobierno argentino a garantizar estos derechos. 

A continuación encontrará la declaración y el vídeo:

La Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR) es una organización con más de quince años de historia en la lucha por los derechos de la comunidad afroargentina. Como personas afrodescendientes organizadas, trabajamos para visibilizar nuestra historia y realidad actual, combatiendo el racismo en todas sus formas. Promovemos el bienestar y el desarrollo de nuestra comunidad, impulsando diálogos que fortalezcan el pluralismo cultural, amplifiquen la diversidad de voces y afiancen los derechos humanos, en pos de una democracia más justa. Desde nuestro espacio, hemos denunciado de manera sistemática las desigualdades estructurales que atraviesan nuestras comunidades y exigido la implementación de políticas públicas que garanticen igualdad y no discriminación.

En este contexto, y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, denunciamos el grave retroceso en materia de derechos humanos que atraviesa Argentina. El actual gobierno ha desmantelado las políticas específicas destinadas a los pueblos afrodescendientes e indígenas. Espacios institucionales que fueron conquistados tras años de lucha y movilización han sido eliminados, dejando a nuestras comunidades sin acceso a programas de reparación histórica ni reconocimiento efectivo de sus derechos. Sin bien, se pueden realizar muchas críticas a las políticas implementadas en los gobiernos anteriores, esta desarticulación que lleva a cabo el gobierno actual no solo profundiza las desigualdades preexistentes, sino que perpetúa la marginación y el racismo estructural.

El caso más emblemático es la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y, con ello, la Comisión para el Reconocimiento de la Comunidad Afroargentina, un espacio con reconocimiento internacional que representó un avance significativo frente a un Estado que históricamente ha invisibilizado, negado y extranjerizado a nuestra comunidad. Su eliminación deja en evidencia una decisión política de retroceder en la lucha contra el racismo.

A esto se suma la creciente criminalización de la protesta social y la represión de quienes se organizan en defensa de sus derechos. En los últimos meses, hemos sido testigos de la persecución a movimientos sociales, sindicales y de derechos humanos, con detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza contra quienes ejercen su legítimo derecho a manifestarse. Esta política represiva no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también instala un clima de miedo e intimidación para desmovilizar a las comunidades más vulnerables.

Asimismo, el gobierno argentino ha adoptado una postura de negación frente a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Tratados y convenciones, incluida la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, están siendo ignorados, debilitando la institucionalidad democrática y el compromiso histórico del país con los derechos humanos.

En este contexto, los discursos de odio promovidos por personas funcionarias de alto nivel han generado un clima propicio para el aumento de expresiones y actos racistas. Un claro ejemplo de esta situación fue la vandalización del monumento a María Remedios del Valle, la “Madre de la Patria” y prócer afroargentina, en 2023. A la fecha, ni el monumento ha sido restaurado ni se han identificado a los responsables. Este hecho, lejos de ser un caso aislado, se inscribe en una escalada de discursos que legitiman el racismo desde el Estado, ya sea por acción directa o por omisión.

Además, la persistencia del perfilamiento racial por parte de las fuerzas de seguridad sigue siendo una grave preocupación. En junio de 2023, por primera vez, un tribunal argentino condenó un caso de detención arbitraria basada en perfil racial. Sin embargo, este fallo es una excepción en un sistema judicial donde el sesgo racista impide la correcta aplicación de las normativas existentes. Un año antes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos] (Corte IDH) condenó al Estado argentino en el caso Acosta Martínez, ordenando la implementación de medidas de no repetición, incluidas capacitaciones obligatorias para las fuerzas de seguridad sobre el impacto discriminatorio del perfilamiento racial y la creación de un registro de detenciones arbitrarias basadas en este criterio. Pese a ello, estas medidas aún no han sido implementadas de manera sistemática. La falta de avances en el cumplimiento de esta sentencia no solo refleja una negligencia estatal, sino que perpetúa la impunidad de la violencia racial ejercida por las fuerzas policiales.

Exigimos que el Estado argentino revierta estas decisiones y retome el camino del cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que inste al gobierno argentino a garantizar estos derechos. La lucha contra el racismo y la discriminación racial no es un capítulo cerrado de la historia: es un desafío del presente. Debemos asegurarnos de que los avances conquistados no sean desmantelados, sino fortalecidos y profundizados.