China | Superviviente uigur recuerda a la ONU deber de monitorear la situación de derechos humanos en el país

Un número creciente de informes y pruebas creíbles de la ONU y de organizaciones de la sociedad civil demuestran que las autoridades chinas están cometiendo crímenes de lesa humanidad contra los uigures y otros pueblos de habla turca. Esto incluye la detención arbitraria de más de un millón de personas, incluidos nacionales de países vecinos, en campos de internamiento en lo que se conoce como la ‘Región Autónoma Uigur de Xinjiang’ (RAUX). Gülbahar Jalilova estaba entre ellos.

Jalilova fue detenida en 2017 durante dieciséis meses bajo el pretexto de la ‘lucha contra el terrorismo’. Estuvo retenida bajo duras condiciones en Urümqi, la capital de la región uigur, donde se enfrentó a repetidos actos de violencia de género y de tortura.

En febrero de 2021, diez expertas y expertos en derechos humanos de la ONU enviaron una carta conjunta al gobierno chino sobre su caso, en la que expresan su ‘profunda preocupación’ por su detención arbitraria, así como por los malos tratos, las malas condiciones de detención y la violencia de género a la que estuvo expuesta. Las expertas y los expertos solicitaron información detallada y explicaciones al gobierno, subrayando que ‘este tipo de violencia, combinada con estrategias para impedir que las personas reclusas mantengan y expresen su identidad cultural, incluidos su idioma y sus creencias o prácticas religiosas, conducen al adoctrinamiento y a la asimilación forzosa de las personas’.

A pesar de los elevados riesgos que incurre, Jalilova decidió denunciar la cruel realidad a la que se enfrentan las mujeres uigures en los campos de internamiento en un evento en línea celebrado el 25 de mayo por ISHR y el Congreso Uigur Mundial.

Zumretay Arkin, responsable de programas e incidencia del Congreso Uigur Mundial, subrayó durante el evento que ‘el objetivo de estos camps es eliminar cualquier ‘pensamiento extremista’ que no esté en consonancia con la agenda del gobierno’.

Asista el evento completo en línea en español (subtitulado) a continuación, o véalo en inglés, francés o uigur.

‘Nadie podía oir nuestros gritos’

Gülbahar Jalilova, una empresaria uigur de nacionalidad kazaja, recuerda que antes de su detención llevaba una vida normal. Sin embargo, el 22 de mayo de 2017 fue detenida durante un viaje de negocios a China por ser una ‘terrorista potencial’. A partir de esa fecha, estuvo privada de libertad arbitrariamente durante dieciséis meses.

Su testimonio ofrece una visión desgarradora del profundo impacto desde una perspectiva de género que tienen la detención y los malos tratos en las mujeres. Describe un ‘lugar aterrador’, en el que ‘las condiciones eran de horror’ – donde no les proporcionaban condiciones de higiene, alimentos o agua de forma adecuada – y donde las mujeres sufrían violaciones y ‘constantes tratos degradantes’, incluso por hablar en uigur entre ellas.

‘Al llegar, me desnudaron y me pidieron que me pusiera un uniforme amarillo. Me obligaron a hacerme un análisis de orina para comprobar si estaba embarazada: en caso afirmativo, me llevarían al hospital para practicarme un aborto forzado’.

Su testimonio coincide con el de muchas otras mujeres uigures que han denunciado la violencia sexual y de género y actos de esterilización forzada en su contra, resaltando las formas interseccionales de violencia y discriminación a las que se enfrentan durante la detención debido a su género y su etnia. En su declaración introductoria al evento, Elizabeth Broderick, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, evocó el informe de 2019 del Grupo de Trabajo sobre las mujeres privadas de libertad. Este informe subraya que ‘la privación de libertad tiene consecuencias devastadoras para la vida de las mujeres, ya que las expone a la tortura, a la violencia y a los abusos, a condiciones inseguras e insalubres, a la falta de acceso a los servicios sanitarios y, a menudo, a una mayor marginalización’.

Jalilova recuerda: ‘Vi a niñas de tan sólo catorce años y a mujeres de hasta ochenta. Me dolió mucho ver a estas adolescentes tan jóvenes e inocentes viviendo tal horror. Es muy angustioso describir esa experiencia’.

Un deber colectivo de apoyar a las víctimas uigures y de exigir que las autoridades rindan cuentas

Ésta se trata de la primera carta enviada a las autoridades chinas sobre el caso individual de una persona superviviente de un campo uigur, sin embargo, no es la primera vez que las y los expertos independientes de las relatorías especiales de la ONU plantean serias preocupaciones sobre la situación general en la región uigur. En junio de 2020, 50 expertas y expertos hicieron un llamado conjunto a que se adoptaran ‘medidas decisivas’ para hacer frente a una serie de graves violaciones de los derechos humanos en China, entre ellas la ‘represión colectiva de la población, especialmente de las minorías religiosas y étnicas, en Xinjiang y Tíbet’. Más recientemente, el 29 de marzo de 2021, un grupo de ocho expertas y expertos planteó su grave preocupación por ‘la explotación laboral y las condiciones de vida abusivas que pueden constituir detención arbitraria, tráfico de personas, trabajo forzado y esclavitud’.

‘Mientras el gobierno chino despliega grandes esfuerzos para desprestigiar a las víctimas y negar las acusaciones, estas cartas le demuestran a la comunidad internacional que lo que está ocurriendo en la región uigur es aterrador, y que viola los derechos más básicos protegidos por el derecho internacional’, dijo Raphael Viana David, oficial de programas para Asia de ISHR.

En noviembre de 2020, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU dirigió una carta al gobierno en la que examina la aplicación de las recomendaciones urgentes resultantes del examen de China por el Comité en agosto de 2018, el cual constituyó en su momento un punto de inflexión en los esfuerzos por traer a los ojos de la comunidad internacional la detención arbitraria de más de un millón de uigures en campos de ‘reeducación política’. En la carta, el Comité expresó su grave preocupación ante varios patrones de violaciones, entre los cuales:

• Las ONG que trabajan en cuestiones de derechos humanos en China operan en circunstancias extremadamente restringidas que ‘les impiden documentar e investigar las violaciones’
• ‘Un gran número de uigures y miembros de otras minorías son detenidos arbitrariamente en centros de detención extrajudiciales que funcionan como centros de educación y formación y en campos de trabajos forzados’
• Las hijas e hijos de las personas detenidas han sido ‘internadas en instituciones estatales, incluso cuando los padres no han dado su consentimiento’
• Los controles gubernamentales sobre la vida cotidiana en Xinjiang, incluidas las ‘paradas de las fuerzas policiales en numerosos puntos de control’ y los ‘sistemas de reconocimiento facial para identificar y rastrear a los uigures’, suponen ‘violaciones de las prohibiciones legales internacionales contra la discriminación’

‘Es importante que la ONU siga presionando para que se rindan cuentas, pero el gobierno chino no está dispuesto a proporcionar a la ONU un acceso sin restricciones al país’, afirmó en el evento Zumretay Arkin. Para ella, ‘la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, debe ejercer su mandato independiente y encontrar de forma urgente vías alternativas, como el monitoreo a distancia y la presentación de un informe público sobre sus conclusiones : existen suficientes pruebas fuera del país, como las de valientes supervivientes de los campos como Gülbahar’.

Ante la pregunta sobre qué esperar de las Naciones Unidas, Jalilova fue clara: ‘Queremos que la ONU le exija a China que rinda cuentas. Queremos que las personas perpetradoras sean juzgadas’.