Foto: Corte Constitucional de Colombia.
En una intervención de tercero en un caso donde la Corte más alta del país analizará la situación de personas defensoras en Colombia, ISHR y otras organizaciones pidieron reformas a nivel de todo el gobierno.
ISHR, en conjunto con Robert F. Kennedy Human Rights (RFK), Women’s Link Worldwide (WLW) y la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) intervinieron como tercera parte (amicus curiae) en un caso siendo conocido por la más alta corte de Colombia. Arguyeron que el Estado ha reafirmado sus compromisos internacionales con las personas defensoras, pero que esto no se demuestra en la práctica, por lo que se necesitan acciones urgentes.
La defensa de los derechos humanos es una labor particularmente peligrosa en Colombia. Tan solo en 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas verificó 83 casos de masacres y 112 homicidios de personas defensoras, principalmente a manos de grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Esto, a pesar de que Colombia fue el primer país del mundo en adoptar un mecanismo de protección para personas defensoras, a finales de los noventas.
Es por ello que ONGs nacionales han acudido a las cortes del país para solicitar los cambios que urgentemente se necesitan. En un proceso que ha abarcado más de 4 años y 3 instancias, se ha venido considerando el alcance de la obligación del Estado Colombiano de proteger a las personas defensoras.
Esta es la tercera vez que ISHR interviene en el caso. En 2020, intervino ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá apoyando una acción constitucional de tutela que pretendía proteger a diez personas defensoras vulneradas en sus derechos; la Corte falló en favor de las víctimas. En 2021, ISHR intervino nuevamente cuando la sentencia fue revisada en segunda instancia por la Corte Constitucional, la Corte confirmó la sentencia y reconoció que en Colombia está protegido el derecho a defender los DDHH como un derecho autónomo.
La Corte ha decidido revisitar este caso para considerar si procede declarar un “Estado de cosas inconstitucional” – una figura legal a través de la cual reconocería que hay problemas estructurales que causan que las personas defensoras sufran violaciones de DDHH. Si este fuera el caso, la Corte ordenaría a las autoridades nacionales tomar medidas estructurales (p.ej. reformar leyes) para enmendar la situación.
En la más reciente intervención, ISHR, RFK, WLW y UNITAS presentaron un resumen de la situación de las personas defensoras en Colombia, así como de los avances legales en los sistemas universal e internacional, durante los últimos dos años (desde que fue presentado el último amicus).
La intervención destaca que, desde ese entonces, Colombia ha ratificado el Acuerdo de Escazú y participado en la adopción de resoluciones de la ONU sobre la Declaración de las Personas Defensoras, ambos instrumentos que llaman a proteger a las personas defensoras. También ha hecho compromisos públicos comprometiéndose a proteger a las personas defensoras. A pesar de esto, el país sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo para defender los DDHH.
La intervención hace un llamado a la Corte Constitucional para que declare la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional, en virtud de que las vulneraciones que sufren las personas defensoras responden a un sistema que no les protege de manera adecuada.
Javier Urízar, de ISHR, indicó: ‘ISHR ha seguido de cerca este caso desde hace años, pues Colombia ha sido pionera en los programas de protección de las personas defensoras, pero esto no ha sido suficiente. La situación en el país es grave, por lo que la Corte debe ordenar al gobierno que tome una serie de medidas para transformar profundamente el contexto en que trabajan y viven las personas defensoras.’
El ISHR, junto con otras ONG, emitió una declaración conjunta condenando la criminalización de Milena Quiroz y pidiendo que se garantice su derecho a un juicio justo y su derecho a defender derechos humanos.
Esta semana las partes presentarán sus alegatos finales en un caso que ofrece una oportunidad histórica a la Corte interamericana de DDHH para pronunciarse sobre las agresiones, seguimientos ilegales y el uso de tecnología en contra de personas defensoras de DDHH.
Se presentaron cuatro denuncias contra el Estado de Marruecos ante el Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas, en Ginebra.
