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Con decenas de manifestantes muertos y centenares detenidos arbitrariamente en Colombia en los últimos días, las ONG piden al gobierno colombiano que tome medidas inmediatas para garantizar el derecho de las personas a protestar, que haga rendir cuentas a los autores de los asesinatos y ataques, y que tome medidas serias para abordar el descontento, incluso mediante la aplicación del Acuerdo de Paz de 2016.
Comunicado del grupo ONG-LAC en Ginebra sobre las recientes protestas en varias ciudades de Colombia
En el marco de las jornadas de movilización iniciadas el 28 de abril de 2021 en distintas ciudades de Colombia, nuestras organizaciones pertenecientes al grupo ONG-LAC en Ginebra, se suman a la preocupación de informaciones múltiples y coincidentes, que indican la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos como resultado del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de Colombia. Los asesinatos, los actos constitutivos de tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas, la violencia sexual, las detenciones arbitrarias y los ataques, incluidos los ciberataques, contra quienes ejercen su derecho a protestar, la prensa y las organizaciones de derechos humanos son profundamente preocupantes.
Las graves violaciones a los derechos humanos se han visto exacerbadas por las acciones y declaraciones de altos cargos quienes han ordenado la intervención de las fuerzas militares y han adoptado un enfoque estigmatizante y de criminalización hacia las personas que protestan, hacia las personas defensoras de derechos humanos y hacia los pueblos indígenas. Han sido expuestos a ataques no solo por parte de las fuerzas de seguridad sino de grupos civiles armados, vulnerando los principios internacionales básicos de promoción y protección del derecho de reunión pacífica, así como los principios básicos que regulan el uso de la fuerza, incluyendo la fuerza letal y las armas “menos letales”. Estos abusos se producen después del fallo de la Corte Suprema de Justicia colombiana en el que se insta a la Fuerza Pública a no actuar de manera violenta, arbitraria y sistemática durante las manifestaciones.
La Campaña Defender La Libertad ha registrado, entre el 28 de abril y el 10 de mayo 2021, al menos: 52 homicidios atribuidos a las fuerzas de seguridad, 15 personas víctimas de violencia basada en el género, 489 personas heridas, dentro de las cuales se destacan 33 personas con lesiones oculares y 48 personas heridas con armas de fuego; 1,365 personas detenidas de forma arbitraria, muchas de las cuales han denunciado actos constitutivos de tortura y otros malos tratos. La Campaña Defender la Libertad ha registrado también la desaparición de 435 personas.
Nos preocupa la información sobre ataques y amenazas en contra de personas defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que han estado monitoreando las protestas y haciendo seguimiento sobre el paradero de las personas detenidas. Las cifras más recientes de la mencionada Campaña hablan de 69 personas defensoras de derechos humanos. Esto en el país del mundo con el mayor número de personas defensoras asesinadas y amenazadas
Asimismo, nos preocupan profundamente los informes coincidentes que indican un patrón de detención arbitraria de manifestantes, en el cual se vulneran las garantías básicas, sin un registro de la detención, acceso a un abogado y a la comunicación con sus allegados, lo que ha resultado en un número preocupante de personas cuyo paradero sigue siendo desconocido, lo que las expone a un altísimo riesgo de ser sujetas a tortura y ataques contra su vida.
Las interferencias al derecho a la libertad de asociación y expresión se han registrado también en el entorno de internet, con cortes en el suministro y denuncias de usuarios sobre el acceso a contenidos relacionados con denuncias y seguimiento de las protestas.
Resulta importante destacar que el origen de las protestas no solo se vincula a reivindicaciones sobre el proyecto de ley de reforma tributaria (actualmente retirado por el Ejecutivo), sino demandas estructurales vinculadas a la garantía de derechos humanos, incluyendo un aumento de la pobreza5, la desigualdad e injusticias sociales crecientes, la impunidad y violencia
sistemática contra las personas defensoras, líderes y lideresas sociales, campesinas, sindicales e indígenas que defienden los derechos humanos y la plena implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
Mientras la inequidad y las causas estructurales de la pobreza no sean abordadas adecuadamente por las autoridades y no se generen espacios de diálogo que permitan la adopción de medidas concretas hacia la real implementación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Colombia, se mantendrá el riesgo de nuevos enfrentamientos sociales. Como tantas veces se ha repetido en la historia colombiana, dichos enfrentamientos son escenarios susceptibles para violaciones de los derechos civiles y políticos, especialmente de los sectores sociales marginados y excluidos que reclaman justicia. Por lo anterior nuestras organizaciones solicitan al Estado Colombiano:
1. A que adopte medidas urgentes y eficaces para localizar el paradero de las personas desaparecidas, así como para garantizar que las personas sean detenidas de conformidad con las salvaguardas necesarias, incluyendo el acceso a un abogado y a comunicación con personas allegadas en los primeros momentos de la detención.
2. A que cese el uso de la fuerza excesiva y arbitraria y se respeten los derechos a la libertad de reunión, la libertad de expresión y la libertad de asociación que son fundamentales para toda sociedad democrática. Se debe cesar el uso de armas letales contra manifestantes y transeúntes. El uso de la fuerza debe ser excepcional y utilizado de conformidad con los estándares internacionales para garantizar el derecho de reunión pacífica. La militarización de las ciudades y de las tareas de protección civil del Estado van en contra de las normas internacionales de derechos humanos.
3. A que adopte medidas urgentes para proteger y garantizar el derecho de reunión pacífica, frente al actuar de individuos y grupos armados de carácter civil, parapolicial o paramilitar, investigando y sancionando las declaraciones y comportamientos que estigmatizan y ponen en peligro la vida e integridad personal de las personas que ejercen este derecho.
4. A que cese inmediatamente toda forma de censura de los mensajes difundidos por internet y redes sociales que denuncian violaciones de derechos humanos por el Estado.
5. A que garantice la protección de las personas defensoras de derechos humanos que participan y vigilan las protestas y que denuncian las violaciones a los derechos humanos cometidas; para que puedan realizar su trabajo libremente y sin obstáculos ni ataques, amenazas e intimidaciones.
6. A que realice investigaciones prontas, exhaustivas e independientes en el fuero ordinario de la jurisdicción colombiana con vistas a identificar y castigar a los perpetradores de todos los casos de uso excesivo y arbitrario de la fuerza y otras graves violaciones a los derechos humanos que se han perpetrado en el marco de las protestas y de los ataques a las personas defensoras de los derechos humanos, incluidos los anteriores a las protestas de este año; garantizando la imparcialidad de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, dotándolas con recursos y capacidades suficientes para asegurar la cabal independencia de estos órganos.
7. A que garantice espacios democráticos, seguros, transparentes e inclusivos de diálogo entre el Estado y todos los diversos sectores del Paro Nacional en pie de igualdad y con la veeduría de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, que permitan llegar a acuerdos sociales que garanticen el cumplimiento del Estado colombiano con sus obligaciones de derechos humanos, especialmente para con los de los sectores discriminados y marginados de la población. Es fundamental garantizar plenamente el derecho a la participación de estos sectores, escuchando y atendiendo sus reivindicaciones en materia de derechos humanos y justicia social, como los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de las personas campesinas y otras comunidades rurales, comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas, el derecho a la vida y el cumplimiento de Acuerdo de Paz de 2016.
Centre for Civil and Political Rights (CCPR Centre)
Dominicans for Justice and Peace
FIAN International
Franciscans International (FI)
International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race & Equality)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)
Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR)
Durante el Panel anual sobre los efectos adversos del cambio climático en los derechos humanos la defensora de derechos humanos Yannia Visuetti dió una contundente declaración sobre la situación en América Latina.
El 4 de julio, Volker Türk presentó el informe de su oficina sobre la situación en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, dando a los Estados una oportunidad clave para responsabilizar públicamente al gobierno de Maduro por su historial antes de unas elecciones presidenciales probablemente tensas, a finales de este mes.
Ante la crisis de derechos humanos que vive la región, además de cambios significativos, durante la 55° sesión del Consejo de Derechos Humanos, personas defensoras de América Latina y el Caribe hablaron de las realidades a las que se enfrentan, exigiendo mayor acción y nuevos mecanismos, y expresando su preocupación por las decisiones políticas que prevalecen sobre las evaluaciones de necesidades objetivas.
