Jorge Mejía Peralta / FlickR
Durante un debate del Consejo de Derechos Humanos con el Alto Comisionado Volker Türk sobre el impacto en derechos humanos de las recientes elecciones municipales en Nicaragua, el International Service for Human Rights (ISHR) y 33 organizaciones, entre ellas de la coalición Colectivo 46/2, lanzaron un llamamiento global para la renovación por dos años de la resolución del Consejo sobre Nicaragua.
El 15 de diciembre, el Consejo de Derechos Humanos -máximo órgano decisorio de la ONU en materia de derechos humanos- celebró un debate sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua tras las elecciones municipales del 6 de noviembre, de conformidad con la resolución 49/3 del Consejo. En su intervención ante el Consejo, el nuevo Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció la intensificación del “clima de opresión”, lo que incluye:
Me gustaría expresar mi solidaridad con las víctimas y sus familias, y con todos los defensores de derechos humanos en Nicaragua y en el exilio. Mi Oficina continuará apoyando los esfuerzos por la rendición de cuentas y por la promoción y protección de los derechos humanos.Volker Türk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
El Alto Comisionado Türk instó a Nicaragua a “liberar inmediatamente a todas las personas detenidas arbitrariamente”, llamamiento reiterado por Argentina, España, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania y la Unión Europea. Si bien Argentina expresó su gran preocupación por los abusos en Nicaragua, la voz de México estuvo notablemente ausente del diálogo.
Hablando en nombre de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Ecuador y Perú, la embajadora costarricense se sumó al llamamiento para la liberación de todas las personas presas políticas, y destacó que las elecciones municipales no fueron “ni justas ni libres”: estuvieron marcadas por detenciones y por la ausencia de reformas electorales, “similares a las elecciones generales de 2021”. Los siete países – con la notable ausencia de Brasil, el miembro restante del grupo de Estados que lideran la resolución del Consejo sobre Nicaragua –, instaron a Nicaragua a asistir a su próxima revisión por el comité de derechos de la mujer de la ONU (CEDAW) en febrero.
Alemania reiteró su profunda preocupación por la impunidad ante los reiterados ataques contra los pueblos indígenas, recordando que “obligar a los pueblos indígenas a abandonar sus hogares ancestrales también significa restringir su acceso a la educación, los alimentos, las medicinas y otros recursos vitales”. Perú, Francia y Suiza se hicieron eco de la preocupación por la situación de los indígenas y afrodescendientes en el país.
Los países del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) subrayaron que “los feminicidios y la violencia sexual siguen aumentando como consecuencia del desmantelamiento de las instituciones que garantizan los derechos de las mujeres”.
Como era de esperar, el gobierno nicaragüense declaró su “absoluto rechazo” a lo que percibe como informes “intervencionistas” del Alto Comisionado, postura previsiblemente respaldada por Siria, China, Corea del Norte, Irán, Bielorrusia, Sri Lanka, Rusia y Venezuela – países también bajo la lupa del Consejo por graves violaciones de los derechos humanos.
El activista nicaragüense Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, habló en nombre de 34 organizaciones de derechos humanos para instar al Consejo de Derechos Humanos a que renueve su resolución sobre Nicaragua en su próxima sesión de marzo de 2023, cuando está previsto que la examine. La declaración conjunta fue respaldada por el Colectivo 46/2, una coalición de grupos de derechos humanos nicaragüenses e internacionales que monitorean la crisis de derechos humanos de Nicaragua a nivel de la ONU.
La versión integral de la declaración conjunta está disponible en inglés y español. Se pronunció oralmente de la siguiente manera:
Nuestro léxico carece de términos apropiados para caracterizar el sufrimiento que el pueblo nicaragüense ha atravesado desde la represión de las protestas de abril de 2018, y la gravedad y amplitud de la crisis de derechos humanos a manos del gobierno en Nicaragua.Juan Carlos Arce, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más
Poco después de finalizar el debate del Consejo, el Colectivo 46/2 celebró una conferencia de prensa para lanzar su llamamiento mundial a favor de una renovación por dos años de la resolución 49/3 adoptada por el Consejo de Derechos Humanos el 31 de marzo de 2022. La resolución, liderada por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú, fortalece el mandato de monitoreo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y crea un Grupo de Expertos en Derechos Humanos encargado de realizar “investigaciones exhaustivas e independientes de todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos” desde abril de 2018 en el país.
Las tres personas expertas tienen el mandato de investigar las causas estructurales profundas de los abusos, adoptar un enfoque centrado en las víctimas y abordar los efectos de las formas múltiples e interseccionales de discriminación. También deben recopilar y conservar pruebas, e identificar a los autores, con vistas a “que pueda utilizarse en las iniciativas actuales y futuras de rendición de cuentas”.
Un mandato tan sólido y de tan amplio alcance requiere un esfuerzo de años para documentar y abordar las causas profundas de la crisis de derechos humanos de Nicaragua. La renovación de la resolución por dos años es un paso necesario para apoyar dicho esfuerzo.Raphael Viana David, Responsable de Incidencia para China y Latinoamérica en ISHR
La resolución fue respaldada por 20 miembros del Consejo, incluidos actores regionales clave como México y Argentina, los miembros africanos Malawi y Gambia, y los miembros de Asia-Pacífico Corea del Sur, Japón y las Islas Marshall. Mientras que 20 miembros del Consejo se abstuvieron, sólo siete se opusieron a la moción, entre ellos Honduras, que posteriormente cambió a una “abstención” sin efecto para el resultado final de la resolución.
Adicionalmente, la prolongada crisis de derechos humanos de Nicaragua no muestra signos de mejora. En los últimos años, el gobierno nicaragüense no ha dado ningún indicio de su voluntad de volver a reanudar un diálogo constructivo con la comunidad internacional, ni de dar los primeros pasos para reconocer la crisis y cambiar de rumbo. En particular, el gobierno cerró la puerta a seis comités de derechos humanos de la ONU durante el año pasado, generando una respuesta histórica por parte de los dos organismos de la ONU contra la tortura.
Con motivo de la reunión del Consejo del 15 de diciembre, el Colectivo 46/2 publicó su evaluación de la implementación de la resolución 49/3 por parte de Nicaragua. Basándose en la información de los sistemas de la ONU e interamericano, la evaluación concluye que Nicaragua no ha tomado ninguna medida inicial para aplicar ninguna de las 14 recomendaciones de la resolución, una conclusión en línea con las evaluaciones anteriores de la resolución 46/2.
Durante el diálogo, el Alto Comisionado Türk, así como Chile, Francia y España, deploraron el arraigado aislacionismo de Nicaragua, impuesto a su población por el Presidente Ortega y la Vicepresidenta Murillo. Perú, Ecuador, Argentina y otros cuatro países instaron al gobierno a reanudar la cooperación con los organismos internacionales de derechos humanos.
En este contexto, ISHR y el Colectivo 46/2 hacen un llamamiento:
Al final del Foro hubo un mensaje claro: los compromisos voluntarios no son suficientes para garantizar la responsabilidad de las empresas, los Estados necesitan regular las empresas con normas vinculantes para abordar de manera integral los abusos de derechos humanos cometidos por las empresas.
Las elecciones presidenciales robadas; el uso de tácticas profundamente represivas por parte de agentes del Estado contra opositores reales y percibidos, y el reciente regreso de la OACDH a Caracas informaron el diálogo de hoy sobre Venezuela entre el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos.
La sociedad civil de las Américas ha hecho un llamamiento urgente para acelerar la aplicación del Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, Acuerdo de Escazú, adoptado hace cinco meses.
