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En Venezuela, la política del gobierno es torturar a los disidentes, dijo la misión de expertos de la ONU sobre Venezuela hace dos años. Estas violaciones, que constituyen probables crímenes de lesa humanidad, continúan. En su último informe, los expertos profundizan en la naturaleza de los crímenes, quiénes son las víctimas y nombran a los autores. Esta mañana este informe se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos.
Las expertas de la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela han hablado de la política deliberada para silenciar a los opositores diseñada y alentada por el presidente Maduro y otras autoridades de alto nivel.
Lo que su nuevo informe aporta es una mirada a los sistemas, estructuras y roles que apoyan estos crímenes. Tal es el detalle que en el informe se incluyen organigramas de las líneas de mando en la dirección de contrainteligencia y planos de los edificios donde se tortura a los detenidos. Los expertos exponen la complicidad del sistema judicial que permite que los autores permanezcan impunes, y nombran a personas que, a su juicio, deberían ser investigadas por las autoridades judiciales competentes.
La misión ha proporcionado una descripción escalofriante y detallada de una política de represión. Los expertos también han dejado claro que no se trata sólo de un registro de violaciones pasadas. Estos crímenes continúan”, dijo Eleanor Openshaw, del ISHR.
La Misión ha documentado 122 casos en los que las víctimas fueron sometidas a violaciones a manos de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde 2014 hasta la actualidad y otros 90 que involucran al Servicio de Inteligencia Nacional (SEBIN). La misión señala que es por temor que otras víctimas aún no se han presentado.
Los delitos detallados incluyen detenciones arbitrarias -en algunos casos en centros clandestinos-, torturas, violaciones y otras violencias sexuales y el uso de la vigilancia digital.
La necesidad de erradicar la impunidad:
Los autores de estos delitos podrían actuar con impunidad, señala la Misión:
Download as PDFQuienes cometían actos de tortura podían hacerlo sin temor a represalias, ya sea de sus superiores o del sistema de justicia en general. Según un testigo con conocimiento de causa, cometer torturas en estos centros de detención "no tiene ningún coste".
Las expertas señalan que no ha habido ninguna señal de procesos internos contra los sospechosos de las violaciones y pide a la CPI que, en su propio trabajo, confirme si se está llevando a cabo algún proceso contra las personas nombradas en el informe
Sobre la base de sus conclusiones generales, la Misión también pide que se investigue judicialmente al presidente Maduro y a los altos funcionarios identificados en el informe en relación con los crímenes y violaciones llevados a cabo a través de funcionarios de la dirección de contrainteligencia y del servicio de inteligencia nacional.
El Arco Minero del Orinoco:
El informe no se detiene allí. En una segunda sección, la Misión examina la situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco, conocido por la minería ilegal y los abusos y violaciones asociados contra las comunidades indígenas que tratan de defender sus tierras. Los y las líderes y lideresas indígenas se han enfrentado a ataques durante operaciones militares supuestamente diseñadas para controlar la minería ilegal pero, según sugiere la Misión, más bien dirigidas al control de los recursos naturales por parte del Estado o de grupos aliados. La Misión ha dejado claro que considera que es necesario seguir investigando la situación de los derechos humanos en la región.
La Misión y el Consejo de Derechos Humanos:
La Misión informará al Consejo de Derechos Humanos y participará en un diálogo interactivo el 26 de septiembre a partir de las 10:00 horas CEST. Siga el debate a través de UN Web TV.
Durante esta sesión del Consejo, los Estados están negociando una resolución para renovar el mandato de la Misión y el de la Oficina del Alto Comisionado con respecto al Consejo.
El trabajo de la Misión de Investigación y de la Oficina del Alto Comisionado es esencial en lo que respecta a Venezuela. Hay que mantener la atención y la presión mundial para lograr un cambio. El Consejo debe renovar ambos mandatos en esta sesión”, dijo Openshaw.
Al final del Foro hubo un mensaje claro: los compromisos voluntarios no son suficientes para garantizar la responsabilidad de las empresas, los Estados necesitan regular las empresas con normas vinculantes para abordar de manera integral los abusos de derechos humanos cometidos por las empresas.
Las elecciones presidenciales robadas; el uso de tácticas profundamente represivas por parte de agentes del Estado contra opositores reales y percibidos, y el reciente regreso de la OACDH a Caracas informaron el diálogo de hoy sobre Venezuela entre el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos.
La sociedad civil de las Américas ha hecho un llamamiento urgente para acelerar la aplicación del Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, Acuerdo de Escazú, adoptado hace cinco meses.
