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Se presentaron cuatro denuncias contra el Estado de Marruecos ante el Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas, en Ginebra.
Desde hace más de un año, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR), ACAT-Francia, el abogado Joseph BREHAM, con el apoyo de la Sra. Julie BALEYNAUD, la abogada Laurence GREIG, y la Liga para la Protección de los Presos Políticos Saharauis en las Prisiones Marroquíes (LPPS) han estado preparando denuncias ante el CAT sobre cuatro defensores saharauis de los DDHH, gravemente torturados por las autoridades marroquíes.
Gracias a la LPPS, las asociaciones y los abogados pudieron comunicarse con las familias de los defensores, en particular durante el viaje de una delegación internacional a Rabat en mayo de 2022. A pesar de la vigilancia, la censura y las amenazas por parte de autoridades marroquíes recientemente reveladas por el caso PEGASUS, las familias expresaron sus esperanzas: “No podemos dejar a nuestros hijos abandonados en las cárceles marroquíes”.
Los cuatro demandantes son Mohamed Lamine Haddi, Hassan Dah, Abdelmoula El-Hafidi y Mohamed Bani. Han estado detenidos entre seis y doce años, sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura, en violación del derecho internacional y en ausencia de un juicio justo. Estas denuncias simbolizan la esperanza de que se reconozcan las torturas sufridas los demandantes en violación de los compromisos internacionales de Marruecos.
Marruecos, autoproclamado heraldo de los DDHH y defensor de la Convención contra la Tortura, no obstante recurre sistemáticamente a la tortura en general y contra los activistas saharauis en particular.
Como muchos presos, los solicitantes fueron obligados a firmar confesiones bajo tortura, es decir, violencia física, psicológica e incluso sexual aplicada intencionadamente por las fuerzas de seguridad marroquíes.
Hoy, si bien su detención ya es ilegal porque se basa en confesiones obtenidas bajo tortura, los solicitantes continúan siendo sometidos, a diario, a actos de tortura y tratos inhumanos y degradantes. Algunos de ellos han estado recluidos en régimen de aislamiento durante años, como Mohamed Lamine Haddi, que lleva cinco años en régimen de aislamiento total. Mientras tanto, las familias siguen siendo víctimas de espionaje y amenazas pero se movilizan a pesar de todo: “Todavía estamos viviendo la represión y la intimidación, estamos acostumbrados”.
En 2016, Marruecos fue condenado por el Comité por las torturas sufridas por Naâma Asfari, defensor saharaui de los DDHH y uno de los portavoces del campamento pacífico de Gdeim Izik en 2010. En noviembre de 2021, Marruecos fue nuevamente condenado por las torturas infligidas a otros tres detenidos saharauis (M.B. c. Marruecos, Sidi Abdallah Abbahah c. Marruecos, Omar N’Dour c. Marruecos).
Hasta la fecha, Marruecos sigue sin aplicar las decisiones del CAT y las condiciones de detención de los presos siguen siendo las mismas.
La LPPS, ISHR y ACAT-Francia piden a Marruecos que respete las decisiones del Comité contra la Tortura, libere a todos los presos condenados sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura y garantice su derecho a reparación.
El ISHR, junto con otras ONG, emitió una declaración conjunta condenando la criminalización de Milena Quiroz y pidiendo que se garantice su derecho a un juicio justo y su derecho a defender derechos humanos.
Esta semana las partes presentarán sus alegatos finales en un caso que ofrece una oportunidad histórica a la Corte interamericana de DDHH para pronunciarse sobre las agresiones, seguimientos ilegales y el uso de tecnología en contra de personas defensoras de DDHH.
En el primer caso sobre violencia contra personas trans conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte sostuvo que Honduras era responsable por el transfemicidio de la defensora de derechos humanos Vicky Hernández.
