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Las sanciones de EE. UU. contra jueces y titulares de los Procedimientos Especiales de la ONU y de la Corte Penal Internacional violan los derechos humanos, traicionan a las víctimas y socavan la justicia y el Estado de derecho.
ISHR condena y exige la revocación de las sanciones anunciadas por la Administración Trump contra la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, así como contra personas funcionarias de todos niveles de la Corte Penal Internacional.
Estas sanciones violan el derecho internacional de los derechos humanos, traicionan a las víctimas de graves abusos contra los DDHH, otorgan impunidad a quienes los perpetraron y constituyen una injerencia ilícita en la administración de justicia. Dichas sanciones también constituyen represalias ilegales.
ISHR aprueba la condena inequívoca de estas sanciones y represalias por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del Comité de Coordinación de los Procedimientos Especiales y de Al-Haq, entre otras voces.
Instamos a todos los Estados comprometidos con los derechos humanos y el Estado de derecho a que adopten medidas concretas en respuesta a las sanciones estadounidenses. Dichas medidas deben incluir la implementación de estatutos de bloqueo, la negativa a apoyar o consentir de cualquier manera la implementación de las sanciones ilegales de Estados Unidos y la promulgación de contramedidas contra personas funcionarias estadounidenses, de conformidad con el Artículo 70 del Estatuto de Roma (Delitos contra la administración de justicia).
Los Estados también deben cooperar plenamente, cumplir e implementar las órdenes y órdenes de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Esto es necesario para defender el Estado de derecho, evitar la selectividad y los dobles raseros, y oponerse a la intimidación, la ilegalidad y la anarquía en Israel, Estados Unidos y en todo el mundo.
Un nuevo informe de la ONU allana el camino para que los Estados y sus organismos desarrollen normas y recomendaciones para responder mejor a la represión transnacional y proteger a sus víctimas.
En un informe presentado hoy, el ISHR examina los esfuerzos de China por restringir el acceso de los actores independientes de la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos a los órganos de derechos humanos de la ONU. El informe analiza la membresía de China al Comité de ONGs de la ONU, la creciente presencia de "ONGs organizadas por el gobierno" (GONGOs) y los patrones de intimidación y represalias.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas prorrogó el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua por dos años, con una mayoría de votos más alta que obtenida en 2023, y dándole al mecanismo la misión de presentar sus informes también ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
