Xu Zhiyong y Ding Jiaxi en 2018 ©Ai Xiaoming
En el quinto aniversario de la represión de la ‘Reunión de Xiamen’, 38 organizaciones de la sociedad civil y activistas de todo el mundo reafirman su solidaridad con los defensores de los derechos humanos y abogados chinos perseguidos por abogar por los derechos humanos.
Lea la declaración completa en español, inglés y chino.
El 26 de diciembre de 2024 marcó el quinto aniversario de la represión contra la ‘reunión de Xiamen’, un encuentro privado al que asistieron aproximadamente 20 personas defensoras de derechos humanos y abogados chinos en Xiamen, China, en diciembre de 2019 para debatir sobre la situación de los derechos humanos y la sociedad civil en el país.
En las semanas siguientes, las autoridades chinas interrogaron, hostigaron, detuvieron y encarcelaron a todos los participantes que no pudieron salir de China en ese momento, y hasta el día de hoy, casi todos ellos, incluidos algunos familiares y amigos, siguen sujetos a prohibiciones de viajar bajo el pretexto de la seguridad nacional.
Entre los detenidos se encontraban el académico en derecho Xu Zhiyong y el abogado de derechos humanos Ding Jiaxi. Ambos son destacados defensores de derechos humanos y líderes del ‘Movimiento de los Nuevos Ciudadanos’, que empoderó a la ciudadanía como sujetos de derechos para abogar por una sociedad más equitativa, respetuosa de los derechos y libre, además de combatir la corrupción, la desigualdad económica y la discriminación en el acceso a la educación. En 2014, Xu y Ding fueron condenados a cuatro años y tres años y medio de prisión, respectivamente, por su participación en el Movimiento de los Nuevos Ciudadanos y acusados de ‘reunir una multitud para alterar el orden público’.
A partir del 26 de diciembre de 2019 y en las semanas siguientes, las autoridades chinas sometieron a ambos a desaparición forzada bajo la medida de ‘Vigilancia Residencial en un Lugar Designado’ƒ (Residential Surveillance at a Designated Location (RSDL), por sus siglas en inglés), un procedimiento penal que permite la detención secreta durante un período de hasta seis meses sin acceso a asistencia legal ni contacto con familiares. Las y los expertos de los Procedimientos Especiales de la ONU consideran la RSDL como una forma de detención secreta y desaparición forzada, que puede constituir tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Mientras estuvieron bajo RSDL, ambos fueron sometidos a tortura y otros malos tratos antes de ser acusados del delito de seguridad nacional de ‘subversión del poder del Estado’. Posteriormente, fueron condenados en un juicio secreto y sentenciados a penas severas de 14 y 12 años de prisión, respectivamente, en abril de 2023. A pesar de los múltiples llamados del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, y de los expertos de los Procedimientos Especiales de la ONU hasta noviembre de 2024, China no ha abordado estas graves violaciones.
Estos casos son representativos de una tendencia más amplia y alarmante de persecución contra las personas defensoras de derechos humanos y abogados en China. Las autoridades emplean de manera sistemática la RSDL, cargos penales severos con base en crímenes de seguridad nacional, tortura y otros malos tratos, detenciones prolongadas, prohibiciones de viaje y hostigamiento para silenciar la disidencia y desmantelar la sociedad civil independiente. La utilización de cargos ambiguos como ‘subversión del poder del Estado’ o ‘provocar peleas y causar problemas’ se ha convertido en una táctica común para criminalizar el trabajo de derechos humanos, a pesar de los reiterados llamados de los expertos de la ONU para la derogación de estos cargos. Las víctimas suelen enfrentar detención preventiva prolongada, falta de debido proceso, acceso restringido a abogados y atención médica adecuada, así como tortura u otros malos tratos con el objetivo de extraer ‘confesiones’ forzadas.
Esta represión sistemática también se refleja en los casos de los abogados de derechos humanos Xie Yang y Lu Siwei, la activista feminista Huang Xueqin, el activista laboral Wang Jianbing y la periodista ciudadana Zhang Zhan, todos los cuales están actualmente sometidos a detención arbitraria o prisión. Las y los expertos de los Procedimientos Especiales de la ONU han descrito recientemente estos casos como parte de ‘patrones recurrentes de represión, incluyendo la detención en régimen de incomunicación y la desaparición forzada con el fin de silenciar a las personas defensoras de derechos humanos y a las voces disidentes u opositoras críticas con el Gobierno’.
Al conmemorar el quinto aniversario de esta represión, en nuestra calidad de organizaciones, instituciones y activistas de todo el mundo, seguimos en solidaridad con todas las personas defensoras de derechos humanos y abogados en China que valientemente abogan por la justicia a pesar de conocer los riesgos que ello implica.
Instamos al gobierno chino a:
Firmantes:
Firmantes individuales:
La ONU ha examinado el historial de derechos humanos de El Salvador, y la sociedad civil, los organismos de la ONU y muchos Estados han pedido que se levante el estado de excepción que, según grupos de la sociedad civil, ha llevado a la detención arbitraria de miles de personas.
Ante la próxima investidura presidencial, ISHR se une a otras organizaciones internacionales que piden el cese de la represión y el respeto de la soberanía popular en Venezuela.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU amplió el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Los miembros de la Misión denunciaron una “represión sistemática, coordinada y deliberada” para sofocar las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
