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En una declaración conjunta, ISHR y 50 organizaciones de derechos humanos instaron al Estado ecuatoriano a que dejara de utilizar fuerza excesiva contra personas manifestantes y respetara, protegiera y facilitara el derecho a manifestarse pacíficamente.
Las Américas, 10 de octubre de 2025 – Las organizaciones abajo firmantes condenamos enérgicamente el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Ecuador frente a las protestas sociales que comenzaron hace una semana en distintas provincias del país. Exigimos al Estado ecuatoriano cesar de inmediato la violencia y adoptar medidas urgentes para prevenir mayores violaciones a los derechos humanos.
Las protestas surgieron como expresión del descontento ciudadano ante la inseguridad, la crisis económica y la falta de respuesta estatal a demandas sociales legítimas. Sin embargo, la reacción del Estado ha sido marcadamente represiva. Se desplegaron convoyes militares y policiales en respuesta a las manifestaciones, incluido uno de más de 100 vehículos que salió de Quito hacia Imbabura el 28 de septiembre encabezado por los ministros del Interior y de Defensa. Se intervinieron Fuerzas Armadas en funciones de control de orden público —una tarea que normalmente no les corresponde— y se utilizó fuerza desproporcionada con armas de fuego.
Según el monitoreo de la Alianza por los Derechos Humanos, hasta la fecha se registran 252 vulneraciones de derechos humanos, 124 personas heridas y una víctima fatal ocurrida en el marco de la represión estatal. Aunque las cifras oficiales refieren 111 personas detenidas, la Alianza ha documentado 101 detenciones arbitrarias y, al menos, 12 personas que sufrieron desaparición forzada de corta duración, entre ellas, una persona con discapacidad. En Cotacachi, Otavalo y La Esperanza se denunciaron cortes de internet y telefonía, una forma de censura que impide que manifestantes, comunicadores y defensores de derechos humanos se comuniquen y denuncien violaciones. Además, se han documentado detenciones masivas, procesos judiciales sin garantías, desinformación, bloqueo de cuentas bancarias, criminalización a operadores de justicia, personas defensoras y periodistas, y deportaciones sumarias.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha expresado su alarma por la escalada de violencia en Ecuador y ha hecho un llamado urgente al diálogo entre el Estado y los sectores movilizados, enfatizando la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos y la vida de todas las personas involucradas. Asimismo, recuerda que es una obligación estatal investigar el uso ilícito de la fuerza y que las fuerzas militares no están formadas para tareas de seguridad ciudadana.
Recordamos que la protesta pacífica es un derecho fundamental, estrechamente vinculado con la libertad de expresión, reunión, asociación y participación pública. Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar su ejercicio, lo que incluye asegurar condiciones seguras para la movilización, facilitar convocatorias en línea y proteger la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. El uso de la fuerza solo es legítimo si cumple con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad (limitando su uso a lo estrictamente necesario y proporcional al riesgo), y la participación de las fuerzas armadas en control del orden público contradice estándares internacionales y aumenta el riesgo de graves violaciones.
Por todo lo anterior, las organizaciones firmantes exigimos al Estado ecuatoriano a cesar de inmediato el uso de la fuerza desproporcionada, garantizar la protesta pacífica y abrir espacios de diálogo genuino con la sociedad movilizada. Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional, incluida la CIDH y la ONU, a condenar la represión, requerir información oficial y realizar visitas de verificación en terreno para constatar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos.
Firman:
Internacionales
Regionales
Locales
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El más alto tribunal de derechos humanos de América Latina emitió su histórica Opinión Consultiva sobre la Emergencia Climática y los Derechos Humanos, en la que reafirma el derecho a defender el medio ambiente y la obligación de proteger a quienes lo defienden.
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