© Familia Chuñil.
Los familiares de la defensora ambiental mapuche Julia Chuñil deben recibir protección inmediata por parte del Estado chileno, concluyó el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, en respuesta a una solicitud respaldada por ISHR. Es la primera vez que el tratado regional insta a un Estado signatario a tomar medidas de protección.
Casi un año después de la desaparición de Julia Chuñil, defensora indígena de los derechos humanos en asuntos ambientales, el Comité de Apoyo a la Implementación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú ha reconocido la urgente necesidad de proteger a sus familiares, quienes han expresado reiteradamente su preocupación por su seguridad desde su desaparición.
Chuñil fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 cerca de su casa, en las cercanías de la comuna de Máfil, en el sur de Chile. Empezó la lucha por la recuperación de su territorio en 2015, liderando a su comunidad al cuidado de los animales y la conservación del bosque nativo. Había sufrido reiterados actos de acoso e intimidación por parte de un empresario local que pretendía apropiarse de sus tierras, así como de otras personas presuntamente pagadas por él.
Hasta la fecha, se desconoce el paradero de Chuñil.
Desde su desaparición, sus familiares denunciaron una investigación ineficaz por parte de las autoridades locales, marcada por prejuicios contra el grupo indígena mapuche del que forman parte. Las autoridades nacionales, según afirman, han tardado en tomar medidas para protegerlos de las mismas amenazas que pesaban sobre Chuñil, incluso poniendo en duda si su destino podría estar vinculado a su activismo ambiental y su liderazgo indígena.
Ante la inacción de las autoridades, Pablo San Martín Chuñil, hijo de Julia, solicitó al Comité de Apoyo a la Implementación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, el cual concluyó que existen pruebas de intimidaciones, amenazas y estigmatización contra la familia de Julia y, por lo tanto, decidió activar su mecanismo de respuesta rápida para obligar al Estado a actuar.
El Comité aceptó la petición y, en una comunicación publicada el 22 de octubre, instó a Chile a tomar medidas cautelares inmediatas para garantizar la seguridad de los familiares de Chuñil.
Nos encontramos conformes con la resolución internacional que demuestra lo que venimos diciendo y confirma el maltrato constante que hemos vivido y la criminalización que nos están realizando como familia. Ojalá el Estado escuche y las cosas cambien.Pablo San Martín Chuñil, hijo de Julia Chuñil'y principal solicitante ante el Comité.
ISHR y Fundación Escazú apoyaron a Pablo San Martín Chuñil en su proceso de petición.
Firmado en 2021, el Acuerdo de Escazú es un tratado regional vinculante de derechos humanos y derechos en asuntos ambientales que abarca América Latina y el Caribe. Cuenta con 17 Estados parte, incluyendo a Chile desde 2022.
El artículo 9 del tratado obliga a los Estados a proteger a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. En respuesta a la petición de Pablo San Martín Chuñil, el Comité de Apoyo a la Implementación y el Cumplimiento determinó que las autoridades chilenas incumplieron este artículo, lo que marca la primera vez que se activa el mecanismo de respuesta rápida del Acuerdo de Escazú para obligar a una Estado firmante a actuar.
Ciertamente el Estado ha abandonado sus obligaciones y la necesidad de recurrir a nivel internacional ha sido imperiosa. La familia ha vivido hostigamientos respecto de los cuales hoy las autoridades al menos deberán responder. Deberán cumplir con una de las recomendaciones claras del comité que es prevenir, investigar y garantizar la no repetición de cualquier forma de hostigamiento policial, penal o judicial contra la familia inmediata de Julia.Karina Riquelme Viveros, abogada de los familiares de Julia Chuñil.
El Comité solicitó al Estado chileno que le proporcionara una actualización escrita detallando los avances en la promulgación de medidas de protección para los familiares de Julia Chuñil a más tardar el 10 de noviembre.
Esto debe ser el inicio de pasos concretos para esclarecer la desaparición de Julia y para alcanzar justicia en este y en otros muchos casos de desaparición forzada de personas defensoras en asuntos ambientales. nstamos al Estado Chileno a que responda a la solicitud de información en los tiempos establecidos por el Mecanismo y que adopte las medidas necesarias para la protección de los familiares de Julia.Ulises Quero,responsable de programas para ISHR.
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