EPU: Los Estados instan a El Salvador a limitar el estado de excepción y poner fin a las detenciones arbitrarias

Un par de semanas antes de que se debatiera el historial de derechos humanos de El Salvador en el contexto del Examen Periódico Universal de la ONU, el gobierno salvadoreño renovó por 34ª vez el estado de excepción en el país. El estado de excepción, y el modo en que facilita las detenciones arbitrarias, fue uno de los puntos clave de las recomendaciones del EPU.

Según los registros oficiales, hay 80.000 personas recluidas, la tasa de reclusos más alta del mundo. Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil señalaron en su presentación al EPU que miles de personas están detenidas arbitrariamente. En su presentación al EPU, IM Defensoras destacó los riesgos que corren las mujeres, en particular cuando impugnan la detención arbitraria de sus familiares. 

Las presentaciones de la sociedad civil al EPU y los actos paralelos son contribuciones clave para garantizar que la realidad sobre el terreno se comparte en los espacios de debate y toma de decisiones y sirve de base para las recomendaciones que se hacen al Estado examinado. 

Antes del EPU, se celebró el primer acto paralelo sobre El Salvador en el Palacio de las Naciones de Ginebra, organizado por DPLF, Rights to Security y CCPR.  Las/os ponentes señalaron las formas en que se facilita la detención arbitraria en el país, incluida la falta de independencia judicial y procesal. Las/os panelistas hablaron de detenidos que pasan largos periodos bajo custodia antes de ser acusados y de detenciones secretas.  También destacaron el hecho de que el modelo de seguridad empleado por el gobierno de El Salvador es estudiado y copiado por gobiernos de toda la región, lo que conduce a la normalización de las violaciones de derechos humanos que el modelo promueve y facilita.

Durante el propio EPU, 74 Estados compartieron recomendaciones centradas en una serie de temas, como el respeto de la libertad de expresión, los derechos de los más vulnerables de la sociedad y el actual estado de excepción. 

Diálogo Interactivo

Delegaciones de Noruega, Irlanda, Alemania, Países Bajos, México, Reino Unido, España y Colombia, entre otros países, expresaron su preocupación por el estado de emergencia, resaltando los efectos detrimentales que ha tenido en el ejercicio de los derechos humanos. La delegación de Nueva Zelanda recomendó a las autoridades Salvadoreñas establecer un marco temporal para levantar el estado de emergencia de forma permanente así como revisar y derogar las leyes y normativas aprobadas en virtud del mismo que suspenden permanentemente las garantías procesales, y garantizar que se respetan y defienden las garantías de un juicio justo y los derechos procesales de todas las personas detenidas durante el estado de excepción.

El diálogo también sirvió como una oportunidad para visibilizar la situación de mujeres y niñas especialmente el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así como los derechos de los Pueblos Indígenas y llamaron a El Salvador a ratificar el Convenio 169° de la Organización Mundial del Trabajo. Asimismo, las delegaciones resaltaron el papel de las personas defensoras de los derechos humanos y formularon recomendaciones a El Salvador para la elaboración de medidas de protección. 

«La atención de la ONU sobre El Salvador debe continuar»- dijo Eleanor Openshaw del ISHR. «Si no se presiona para que se respeten las garantías de los derechos humanos, se corre el riesgo de que las características del estado de excepción en el país se conviertan en una política de facto y el modelo de seguridad empleado en el país se aplique cada vez más lejos sin que se cuestione seriamente. La amenaza a las poblaciones vulnerables, en particular, es grande, así como las amenazas a las personas defensoras de los derechos humanos que denuncian la situación».