UN WebTV: Stacy Velásquez, directora de OTRANS, pronuncia una declaración en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante la adopción del Examen Periódico Universal de Guatemala (julio de 2023).
El gobierno guatemalteco rechazó el 40% de las recomendaciones en un crucial examen de derechos humanos de la ONU. En medio de un delicado contexto electoral, ONGs instan al gobierno a cooperar de buena fe con los organismos de la ONU y a implementar recomendaciones clave sobre ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos, operadores de justicia y discriminación contra Pueblos Indígenas, mujeres y personas LGBTI.
En enero de 2023, Guatemala se sometió a su cuarto Examen Periódico Universal (EPU), un proceso intergubernamental de revisión en materia de derechos humanos auspiciado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Estado guatemalteco recibió 207 recomendaciones, de las que aceptó 127 y rechazó 80 – o “tomó nota” en la jerga diplomática -, una tasa de rechazo sorprendente del 40%, en marcado contraste con las expectativas de que los gobiernos participen de buena fe en el proceso del EPU.
Las recomendaciones rechazadas se refieren en su inmensa mayoría a cuestiones sobre las que personas expertas de la ONU han expresado serias preocupaciones: la independencia judicial y los ataques contra operadores de justicia, la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, la reducción del espacio cívico y la “asfixiante” ley de ONG, los derechos de las personas LGBTI, la salud y los derechos sexuales y reproductivos y la despenalización del aborto, y los derechos de los Pueblos Indígenas a la tierra y a la consulta libre, previa e informada.
El 7 de julio de 2023, el gobierno defendió su postura durante la adopción del informe del EPU de Guatemala por parte del Consejo de Derechos Humanos. Ramiro Alejandro Contreras Escobar, director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), abordó algunas de las recomendaciones rechazadas, explicando que “su implementación está en discusión y no goza de consenso nacional”. Contreras afirmó que la Constitución de Guatemala “establece la independencia del poder judicial”, pero no abordó el acoso y la persecución documentados contra jueces y fiscales. Tanto Contreras como el representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala no abordaron las recomendaciones rechazadas sobre personas defensoras de los derechos humanos, derechos LGBTI y salud y derechos sexuales y reproductivos.
Tras la adopción del informe, Stacy Velásquez, directora de la organización guatemalteca de derechos trans OTRANS, se dirigió al Consejo de Derechos Humanos en nombre del International Service for Human Rights (ISHR) y de la Coalición EPU, una alianza de más de 100 organizaciones de la sociedad civil guatemalteca. Vea la declaración completa aquí en inglés y español.
Aunque celebró que Guatemala aceptara tres recomendaciones emitidas por Chile, Noruega y Australia para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres, las niñas y las personas LGBTI, Velásquez deploró el rechazo de las recomendaciones para prohibir las llamadas “terapias de conversión” (Colombia), garantizar la identidad de género de las personas transgénero (Argentina, Islandia) y establecer un marco normativo para las personas LGBTI (México, España).
A pesar de nuestros esfuerzos en el Congreso y en el Tribunal Constitucional, el gobierno sigue teniendo una deuda democrática con las mujeres trans. Sin el reconocimiento de nuestra identidad de género, las personas trans no tenemos democracia.Stacy Velásquez, Directora Ejecutiva de OTRANS
Las personas transgénero de Guatemala se enfrentan a altos niveles de violencia y a formas interseccionales de discriminación, alimentadas por la ausencia de leyes y políticas que protejan a las personas LGBTI y garanticen el reconocimiento legal del género basado en la autoidentificación.
Los órganos de tratados de derechos humanos de la ONU han emitido al Estado guatemalteco recomendaciones similares relacionadas con los derechos de las personas transgénero, gays, lesbianas, bisexuales e intersexuales. Estas recomendaciones han procedido del Comité de Derechos Humanos, del Comité contra la Tortura y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En octubre, el CEDAW examinará las medidas adoptadas por Guatemala para defender los derechos de las mujeres en toda su diversidad.
En los últimos años, los organismos de la ONU y la sociedad civil han documentado una práctica generalizada de criminalización y hostigamiento contra las personas defensoras de los derechos humanos, algunas de las cuales están actualmente encarceladas o se ven obligadas a exiliarse.
Según el observatorio guatemalteco de derechos humanos Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), el número de ataques contra personas defensoras en 2022 ascendió a más de 3.500, tres veces más que los contabilizados en 2020 y 2021, y siete veces más que en 2019. La falta de políticas públicas de protección y la expedición de leyes restrictivas han fomentado aún más un ambiente hostil para la defensa de los derechos humanos.
Deploramos que el gobierno guatemalteco haya rechazado casi el 70% de las recomendaciones sobre personas defensoras de derechos humanos, y casi el 90% de las relacionadas con la independencia del poder judicial y los ataques contra jueces, fiscales y abogados. Este no es el comportamiento de un gobierno comprometido con la lucha contra la impunidad y la salvaguarda del espacio de la sociedad civil, sino el de uno que pretende desmantelarlo.Raphael Viana David, Responsable de programa (China y América Latina) en ISHR
En este contexto, ISHR respaldó las declaraciones conjuntas emitidas en el Consejo de Derechos Humanos por Franciscans International y Dominicans for Justice and Peace, en las que se pide a Guatemala que reconsidere las recomendaciones rechazadas, investigue y procese de manera significativa los casos de hostigamiento y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, y ratifique el Acuerdo de Escazú.
En enero y marzo de 2023, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció la “persecución de funcionarios de justicia” que combaten la impunidad por violaciones de derechos humanos o luchan contra la corrupción, incluso contra antiguos miembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, y miembros de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Türk también expresó su preocupación por “un aumento de más del 70% en el número de funcionarios de justicia que sufren intimidación o se enfrentan a cargos penales por su trabajo” y un “aumento del 54% el año pasado en el acoso, la intimidación y el uso o uso indebido de procedimientos penales contra personas defensoras de derechos humanos, Pueblos Indígenas, organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y periodistas”.
Hasta la fecha, 37 funcionarios de justicia guatemaltecos se han visto obligados a exiliarse debido a la persecución que sufren, según organizaciones de la sociedad civil.
En su discurso de apertura del 19 de junio ante el Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado Türk dijo estar “profundamente preocupado por los ataques contra miembros del poder judicial, contra defensores y defensoras de derechos humanos y contra periodistas” en Guatemala. Preocupaciones similares han sido subrayadas por la Relatora Especial sobre la independencia de los jueces y abogados.
El resultado del EPU de Guatemala puso de manifiesto que el país se encuentra en una coyuntura peligrosa. Desde la expulsión de la CICIG en 2019, el desmantelamiento del Estado de derecho por parte del gobierno ha alimentado un nuevo ciclo de abusos contra funcionarios de justicia, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, Pueblos Indígenas y la sociedad civil en general. [1]
El 7 de julio, ISHR coorganizó una conferencia de prensa con representantes de la Coalición EPU para discutir los resultados del EPU de Guatemala. Las panelistas destacaron la falta de compromiso de buena fe del gobierno en revisiones de la ONU, lamentando la falta de implementación de las recomendaciones de una revisión a la otra.
[1] Véanse las comunicaciones de los Procedimientos Especiales sobre los casos de Claudia Paz y Paz, Jorge Coc Coc y Marcelino Xol Cucul, y ex miembros de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), y las Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos (2018) y del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (2019).
En el Consejo de Derechos Humanos, el gobierno no habló sobre la implementación e impacto de las políticas públicas, sino que enumeró actividades e instituciones, algunas existentes antes del último EPU de Guatemala en 2017. Sin embargo, las mujeres indígenas no hemos visto ningún cambio en nuestra realidad.Juana Sales, representante de la Coalición EPU
La notable falta de atención de la comunidad internacional, incluido el Consejo de Derechos Humanos, a la situación de los derechos humanos en Guatemala ha permitido un rápido deterioro del país. El 19 de junio, Türk pidió que se ampliara la presencia de la Oficinal del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre el terreno y animó al país a aceptar rápidamente visitas pendientes de las personas expertas independientes en derechos humanos de la ONU (conocidas como “Procedimientos Especiales”). Desde 2020, el gobierno se ha negado a renovar el acuerdo de presencia de tres años de la OACNUDH, prorrogándolo sólo anualmente.
Aunque la Misión Permanente de Guatemala ante la ONU se ha implicado en una serie de cuestiones temáticas, no podemos sino subrayar la brecha cada vez mayor entre sus compromisos declarados en Ginebra y la situación sobre el terreno. Si el gobierno guatemalteco desea mantener su credibilidad, tendrá que demostrar un nuevo compromiso significativo y sustancial con los organismos de derechos humanos de la ONU y acompañarlo de cambios concretos y efectivos en el ámbito nacional.Raphael Viana David, Responsable de programa (China y América Latina) en ISHR
La creciente falta de cooperación constructiva del gobierno, junto al cierre del espacio para la sociedad civil y al desmantelamiento de ciertos contrapoderes, despejan el camino para el afianzamiento de graves abusos contra los derechos humanos.
En este contexto, ISHR insta al gobierno de Guatemala a:
At a public UN review of its record, China sought to downplay mountains of UN-vetted evidence of its generalised quashing of human rights within its borders, including atrocity crimes against Uyghurs.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reafirma una vez más su compromiso a combatir la discriminación y la violencia por motivo de OSIG, y recuerda a todos los Estados sus obligaciones hacia las personas LGBT y de género diverso.
Más de 1117 organizaciones de la sociedad civil de 134 Estados y territorios emitieron una declaración global conjunta en la que se pide la renovación del mandato de le Experte Independiente de la ONU sobre la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (OSIG).
