El 27 de septiembre de 2022, durante el punto 4 del debate general de la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Equipo de Implementación del Decenio Afrodescendiente España, la asociación Elín, así como las organizaciones de la sociedad civil firmantes incluida ISHR, denunciaron una vez más las graves violaciones de derechos humanos contra ciudadanos/as africanas en las fronteras sur de España y en particular en Ceuta y Melilla.
El pasado 24 de junio de 2022, 37 ciudadanos de Sudán y Chad incluyendo menores de edad en necesidad de protección internacional, perdieron la vida en la valla fronteriza de Melilla como resultado de la actuación de las fuerzas del orden del Gobierno de España y del Reino de Marruecos. Otras 64 siguen desaparecidas.
La Guardia Civil, la Policía Nacional y las fuerzas del orden de Marruecos en vulneraron los Principios básicos sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego de Naciones Unidas, recurriendo a la violencia de manera desproporcionada y a la fuerza letal, tirando pelotas de goma, bombas de gas lacrimógeno, usando porras, pegando patadas, puñetazos, llegando a maniatar y apalear a las decenas de víctimas heridas desangrándose en el suelo encima de cuerpos inanimados en charcos de sangre.
Las imágenes deshumanizantes grabadas muestran un horror sin límites: policías marroquíes operando de manera ilegal en territorio español, realizando devoluciones en caliente o pushback sin evaluar necesidades de protección internacional a golpe de porra y palizas a las víctimas agonizantes en lugar de ofrecer auxilio.
A pesar de que estos hechos han sido denunciados al ACDH y a los mecanismos especiales de DDHH de las NNUU, no ha habido hasta ahora una investigación independiente por parte de las autoridades de ambos países, quedando estos atentados contra la vida totalmente impunes.
El Reino de Marruecos no sólo no ha identificado los cuerpos de las víctimas, sino que ha exigido que sus familiares (desde Sudán y Chad) se desplacen para su debido reconocimiento.
Si bien la Comisión Europea ha solicitado la comparecencia del Ministro de Interior de España para explicar dicha actuación inaceptable, ni la investigación de la Fiscalía General ha dado resultados ni la comparecencia del ministerio responsable se ha producido. El pasado 21 de septiembre, el Ministro de Interior ha comparecido en el Congreso defendiendo una actuación de las fuerzas del orden que se ha saldado con 37 muertos, 64 desaparecidos y varias devoluciones en caliente de menores y personas heridas, personas refugiadas provenientes de Sudán.
Varios jóvenes supervivientes solicitantes de asilo han sido condenados por el Tribunal de Nador a penas de prisión y siguen detenidos en cárceles marroquíes.
La falta de investigación, condena, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares manda un mensaje peligroso a las fuerzas del orden del Gobierno de España y del Reino de Marruecos: las vidas de las personas Negras no tienen valor, y se pueden quitar en total impunidad sin que se asuman responsabilidades en una clara manifestación de racismo estructural e institucional.
Este lunes 12 de septiembre, al menos una mujer joven de África Occidental murió a consecuencia de las heridas provocadas por disparos de bala en el pecho disparada por las fuerzas del orden marroquíes que abrieron fuego contra un grupo entre las que había 15 mujeres y dos niños, mientras intentaban subir a una embarcación para cruzar a España.
Este modus operandi de las fuerzas del orden de Marruecos responde a un gestión conjunta de la migración forzada de ambos países en la que la externalización de fronteras y el aumento del presupuesto por parte de la UE se cobra las vidas de las personas Negras cometiendo graves violaciones de derechos humanos.
Desde las organizaciones de defensa de derechos humanos arriba mencionadas que defendemos el derecho a la vida, rechazamos la violencia sistemática contra los cuerpos Negros y hacemos el seguiente llamamiento al CDH exigiendo:
- El cese inmediato de la violencia sistemática e indiscriminada de las fuerzas del orden del Reino de Marruecos y del Gobierno de España contra los ciudadanos/as africanos/as huyendo de la guerra, las violaciones de derechos humanos y los efectos del cambio climático en nuestra frontera sur incluyendo las zonas de externalización de frontera (Marruecos).
- La investigación independiente e inmediata de los hechos para hacer justicia identificando posibles culpables de las muertes y llevándolos a juicio, tanto en Marruecos como en España, con las garantías de no repetición y de reparaciones a los familiares de las víctimas y los supervivientes.
También hacemos un llamamiento a los Procedimientos Especiales pertinentes, incluyendo el Relator Espacial sobre las Migraciones, Relator Especial Contra la Tortura, Mecanismo de Expertos para el Fomento de la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley (EMLER) y la Relatora Especial contra el Racismo y las Formas Conexas de Intolerancia que se apodere de esta situación.