HRC59: En Colombia, la promesa de una paz duradera enfrenta retos persistentes

Durante el debate temático anual sobre cooperación técnica y fortalecimiento de capacidades en materia de derechos humanos en Colombia, celebrado los días 3 y 4 de julio de 2025, el Estado colombiano, la Oficina del Alto Comisionado, varios Estados y defensores y defensoras de los derechos humanos tomaron la palabra para expresar sus impresiones sobre el informe publicado por el Alto Comisionado sobre el apoyo técnico prestado a Colombia para la aplicación de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

En el diálogo interactivo, Maarit Kohonen Sheriff, directora de la División de Operaciones Globales de la OACDH, presentó el informe del Alto Comisionado y habló sobre la labor realizada por la oficina de la OACDH en Colombia en materia de supervisión de la cooperación y apoyo estratégico. Kohonen explicó que, desde finales de 2023, han tenido dificultades para cumplir su mandato debido a la crisis de liquidez, lo que concretamente significa que cerrarán tres oficinas sobre el terreno: Medellín, Neiva y Villavicencio. Kohonen destacó que estos recortes ya están afectando a las poblaciones más vulnerables de la región, ya que han tenido que reducir su cooperación técnica con la policía en materia de uso excesivo de la fuerza. ‘Las mujeres indígenas con las que hemos estado trabajando han llorado literalmente al ver que nuestra oficina en Neiva estaba cerrada’, continuó Kohonen, ‘ustedes son los únicos que pueden ayudarnos a recuperar a nuestros hijos de las garras de los grupos armados’. Kohonen enumeró algunos de los impactos de la crisis de liquidez, así como las consecuencias del control de los grupos armados, que afectan particularmente a las mujeres, los niños, los afrodescendientes, los pueblos indígenas y los campesinos. Al final de la presentación, Kohonen hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que ‘garantice un apoyo adecuado a la OACDH para que pueda seguir desempeñando el papel único y esencial que está desempeñando en Colombia’. En este sentido, el representante de Colombia, Gustavo Gallón, destacó que la oficina del ACNUDH ha sido especialmente valiosa en la implementación de los mecanismos de justicia transicional, como la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Otros países, como Austria, el Estado Plurinacional de Bolivia y España, tomaron la palabra para reiterar su apoyo a Colombia en su camino hacia la paz y reconocieron que la violencia, incluidas las desapariciones forzadas y los asesinatos, sigue ocurriendo.

Laura Restrepo, defensora de los derechos humanos de Colombia, se hizo eco de las preocupaciones expresadas por muchos de los países que tomaron la palabra, así como del informe del Alto Comisionado, cuando mencionó que ‘la promesa de una presencia estatal integral y una paz duradera sigue enfrentándose a retos persistentes. A pesar de los múltiples planes nacionales, los grupos armados ilegales siguen controlando territorios, lo que afecta directamente a las comunidades étnicas y campesinas, así como a los defensores de los derechos humanos’. En su declaración directa y contundente, Laura expresó su preocupación por el hecho de que la coordinación entre las políticas nacionales y las autoridades locales sigue siendo débil, lo que perpetúa las desigualdades y obstaculiza la aplicación efectiva del Acuerdo de Paz. Además, Restrepo pidió al Consejo que ayudara a aclarar los vínculos entre los actores empresariales —incluidos los inversores y los contratistas estatales— y las violaciones de los derechos humanos. Esta demanda específica no se incluyó en las recomendaciones del informe del Alto Comisionado, lo que demuestra la relevancia de las perspectivas de la sociedad civil en la elaboración de propuestas para abordar la situación en Colombia.

Vea y lea la declaración completa a continuación:

Texto en Español: 

En Colombia, la promesa de una presencia integral del Estado y una paz duradera enfrenta desafíos persistentes. A pesar de múltiples planes nacionales, los grupos armados ilegales siguen controlando territorios, afectando directamente a comunidades étnicas, campesinas y defensoras de derechos humanos.

Desde los territorios, observamos con preocupación que la articulación entre políticas nacionales y autoridades locales sigue siendo débil o inexistente, lo cual perpetúa las brechas históricas y obstaculiza la implementación efectiva del Acuerdo de Paz.

A ello se suma un vacío inquietante: hasta ahora no se han esclarecido plenamente los nexos entre intereses empresariales, megaproyectos y violaciones a derechos humanos, incluidas amenazas, desplazamientos y asesinatos de líderes sociales.

Se propone entonces a este consejo instar al Estado colombiano a establecer mecanismos obligatorios de articulación entre el nivel nacional y los gobiernos territoriales, con recursos claros y seguimiento internacional, para garantizar que las políticas de paz, seguridad y derechos humanos tengan resultados reales en los territorios.  

Así mismo se exigen garantías efectivas de participación de comunidades étnicas y organizaciones sociales en el diseño y evaluación de estas políticas. La participación no debe ser simbólica, sino incidente en las decisiones vinculantes.

Finalmente, instamos a este Consejo a promover el establecimiento de un mecanismo de seguimiento internacional que permita esclarecer de manera independiente y transparente los vínculos entre actores empresariales —incluidos inversionistas y contratistas estatales— y violaciones a los derechos humanos.