HRC59: ISHR call for the release of all human rights defenders arbitrarily detained in Venezuela
En la 59.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante el diálogo interactivo del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Venezuela, ISHR presentó una declaración sobre la situación a la que se enfrentan las personas defensores de los derechos humanos en Venezuela y pidió la liberación inmediata de aquellas detenidas arbitrariamente.
Vea una grabación de la declaración y encuentre la transcripción completa a continuación:
Eduardo Torres, Naomi Arnaudez, Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Kennedy Tejeda, Carlos Julio Rojas y más de 70 personas han sido detenidas arbitrariamente por las autoridades venezolanas desde 2024, muchas de ellas sometidas a desaparición forzada. Sus historias reflejan un patrón sistemático de persecución y criminalización de quienes vigilan, documentan e informan de forma independiente sobre la crítica situación de los derechos humanos en Venezuela.
Estos casos tienen lugar en el contexto de una intensificación del acoso y la persecución por parte del Estado venezolano hacia las personas defensoras de los derechos humanos como un intento del gobierno de silenciar la labor de la sociedad civil tras las elecciones de julio de 2024. Cualquier persona que sea percibida como opositora o que sostenga una narrativa diferente a la oficial se enfrenta a la persecución pública.
En la actualidad, casi la mitad de las organizaciones venezolanas (49,6%) afirman tener dificultades para trabajar libremente. Sus actividades se ven gravemente limitadas debido a la aplicación de leyes restrictivas y a la retórica estigmatizadora de autoridades de alto nivel contra las ONG, que fomentan un miedo generalizado a la detención y al ostracismo público. Sin un cambio significativo en las políticas estatales, el cierre total del espacio cívico es inminente, amenazando la existencia de la mitad o más del sector de la sociedad civil.
Estas medidas van en contra de una amplia gama de recomendaciones de todos los órganos de derechos humanos de la ONU, y ponen de manifiesto la falta de voluntad de las autoridades venezolanas de acatar el derecho internacional de los derechos humanos. Cabe destacar que algunas de estas recomendaciones fueron aceptadas voluntariamente por Venezuela hace dos años durante el Examen Periódico Universal.
Recordamos a las autoridades venezolanas que el uso generalizado y sistemático de la desaparición forzada, la detención arbitraria y la tortura contra la población civil constituyen crímenes de lesa humanidad, como ha reiterado la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela.
Instamos a este Consejo a que pida la liberación inmediata de todos las personas defensoras de los derechos humanos detenidas arbitrariamente y a que cese la persecución contra ellas. Los defensores y defensoras deben poder llevar a cabo su trabajo con libertad y seguridad, sin temor a sufrir acoso, represalias o encarcelamiento.
El más alto tribunal de derechos humanos de América Latina emitió su histórica Opinión Consultiva sobre la Emergencia Climática y los Derechos Humanos, en la que reafirma el derecho a defender el medio ambiente y la obligación de proteger a quienes lo defienden.
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