© Illustrations: Bichofeo for ISHR
El Relator Especial sobre vivienda adecuada presentó su informe final sobre su visita a Guatemala, en el que formula recomendaciones destinadas a hacer frente a décadas de desplazamientos, despojo de tierras a pueblos indígenas y la criminalización de las personas defensoras.
Sandra Calel, representante de una comunidad maya de Alta Verapaz (Guatemala), describe el momento en que un desalojo forzoso irrumpió en su comunidad una noche: el estruendo de cientos de botas rompiendo el canto de las aves. Hogares en llamas, cultivos destruidos, testimonios de violencia sexual y familias que quedaron sin nada.
Calel compartió su historia en un evento paralelo a la 61.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, donde Balakrishnan Rajagopal, relator especial de la ONU sobre la vivienda adecuada, presentó su informe tras visitar Guatemala en 2025.
El testimonio de Sandra no es un caso aislado. El Relator Especial documentó un aumento de los desalojos —de 18 en 2023 a 130 en 2024— llevados a cabo con fuerza militar, durante la noche y sin previo aviso. Su informe señala que la quema de viviendas, cultivos y bienes personales durante los desalojos es una práctica habitual, que recuerda las tácticas de tierra quemada empleadas por el ejército durante la guerra civil de Guatemala y que alcanza el umbral de trato cruel e inhumano según el derecho internacional.
El informe insta a Guatemala a promulgar una moratoria inmediata sobre los desalojos colectivos hasta que se refuercen las protecciones legales y se establezca un diálogo nacional sobre la tierra. Recomienda además que se garantice la rendición de cuentas de todo agente público o privado que lleve a cabo desalojos ilegales, incluyendo la quema de viviendas o la destrucción de bienes personales.
Discriminación patriarcal
El informe reveló que solo el 7,8 % de los propietarios de tierras en las zonas rurales de Guatemala son mujeres, una cifra que refleja lo que el Relator Especial describe como una denegación desproporcionada y estructural del acceso a la tierra y a la vivienda, arraigada en patrones coloniales y patriarcales que han persistido durante siglos.
Las mujeres carecen de acceso igualitario al crédito, a las oportunidades económicas y al reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra. El Relator vincula este despojo con la mayor vulnerabilidad de las mujeres a la violencia doméstica, que sigue siendo generalizada y poco denunciada, y con la falta de vivienda, ya que las mujeres que huyen de la violencia no tienen alternativas habitacionales sostenibles a las que recurrir.
Durante la presentación del informe, el movimiento de mujeres indígenas Tz’ununija’ pronunció una declaración sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres indígenas en el contexto de la tierra y los desalojos. Unas 15 mujeres indígenas se reunieron directamente con el Relator durante su visita en julio del 2025 para ofrecer testimonio de primera mano sobre el impacto de la desposesión de tierras, los desalojos forzosos y la denegación de los derechos a la vivienda.
Tz’ununija’ instó a Guatemala a aplicar las recomendaciones del Relator,las formuladas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en noviembre de 2025, así como las contenidas en la Observación general n.º 39 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, relativa a las mujeres indígenas.
Tz’ununija’ instó además a Guatemala a garantizar a las mujeres mayas, garífunas y xinkas asesoramiento técnico y financiero integral y acceso a una vivienda digna, a regular las empresas nacionales y multinacionales para evitar que la vivienda se mercantilice, y a poner fin a la criminalización de las personas defensoras de la tierra.
Criminalización de las personas defensoras de la tierra y de los Pueblos Indígenas
Tal y como explicó el Relator Especial en su informe, el Decreto n.º 33 96 permite a los propietarios de tierras y a las empresas presentar denuncias penales contra las comunidades por el simple hecho de ocupar tierras —las denominadas leyes de usurpación—, a menudo en su propio territorio ancestral, sin agotar primero ningún procedimiento civil o administrativo.
Los desalojos son autorizados por jueces en procedimientos en los que no se notifica a las comunidades afectadas y se emiten órdenes colectivas de detención contra ellas, lo que impide a las personas trabajar, acceder a la atención sanitaria o desplazarse libremente.
Durante el evento paralelo, Rigoberto Juárez, un defensor de la tierra maya explicó que se ha enfrentado a tres procesos judiciales distintos y a 16 meses de prisión preventiva por oponerse a proyectos extractivos en su territorio. Instó a la comunidad internacional a exigir la suspensión de los procesos por motivos políticos contra las personas defensoras indígenas y a que Guatemala reforme su poder judicial. Juárez quien, en un principio tenía previsto asistir al evento en persona, pero la confirmación de los cargos en su contra le impidió viajar.
El Relator recomienda derogar o modificar las leyes de usurpación, resolver los conflictos de tierras mediante procedimientos civiles y de mediación, y liberar de inmediato a las personas que hayan sido detenidas arbitrariamente por defender los derechos sobre la tierra.
Recomendaciones específicas sobre el cambio climático, los pescadores y la responsabilidad empresarial
El informe identifica el cambio climático como un factor agravante del desplazamiento, especialmente para las comunidades que viven en tierras ya degradadas o en zonas afectadas por las industrias extractivas.
El Relator Especial fue testigo de ello de primera mano en la aldea oriental de Arenal, donde vive una comunidad desplazada gradualmente por las inundaciones periódicas del río San Vicente, agravadas por la deforestación. Sin apoyo del gobierno, las familias desplazadas alquilan tierras y piden prestado dinero a los lugareños para adquirir materiales de construcción, lo que les genera una deuda que las expone a un mayor riesgo de explotación. Estos factores en conjunto ilustran cómo la degradación ambiental, la vulnerabilidad climática y el abandono estatal se combinan para profundizar la exclusión y el empobrecimiento de estas comunidades.
El Relator Especial afirmó que la reubicación debe considerarse únicamente como último recurso y que, de resultar inevitable, debe llevarse a cabo de conformidad con las normas internacionales —incluidos los Principios Rectores sobre el Reasentamiento— y con la participación significativa de las comunidades afectadas.
Las empresas agroindustriales, mineras e hidroeléctricas han estado directamente implicadas en desalojos forzosos y despojos de tierras, a menudo sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. El Relator recomendó que las empresas lleven a cabo la debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos y evaluaciones del impacto del desplazamiento antes de ejecutar los proyectos, y que busquen vías para compartir los beneficios con las comunidades afectadas.
Además, el Relator Especial destacó que las comunidades pesqueras han perdido sus medios de vida —ya que las actividades industriales han reducido las poblaciones de peces—, que carecen de títulos de propiedad reconocidos y se ven abocadas a viviendas precarias.
En su intervención, Doris Ramírez, defensora de las personas pescadoras guatemaltecos, declaró que la falta de acceso a la tierra y la amenaza de una ley de aguas aprobada sin consulta a la comunidad están agravando la vulnerabilidad de las comunidades pesqueras. El informe concluyó que Guatemala debe apoyar a las comunidades pesqueras para que accedan a tierras productivas con seguridad de tenencia.
Por último, el Relator Especial subrayó que Guatemala no puede permitirse retroceder en este momento de incertidumbre global, y que las autoridades deben aprovechar este inusual momento de apertura que permitió su visita para abordar los principales retos en materia de derechos. Sus recomendaciones a las autoridades fueron muy claras:
La apertura de Guatemala a la visita del Relator debe ir seguida de un reconocimiento formal del incumplimiento de los derechos humanos y de un compromiso genuino con la justicia.
ISHR insta a las autoridades guatemaltecas a que apliquen las recomendaciones del informe del Relator Especial y a que sigan cooperando plenamente con su mandato y con otros mecanismos de derechos humanos de la ONU para abordar los retos urgentes a los que se enfrentan las mujeres, Pueblos Indígenas y otros grupos vulnerables.
Fundación Escazú Ahora Chile, Fundación Protege los Molles y ISHR exigen que la investigación, detención y proceso que enfrenten los familiares de Julia Chuñil se realicen conforme a los estándares internacionales de debido proceso.
Mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas examinaron la situación de Guatemala en materia de vivienda adecuada y discriminación racial; haciendo un llamado a detener los desalojos forzosos contra comunidades indígenas y a proteger a las personas defensoras de la tierra y territorio, incluyendo a Pueblos Indígenas.
Los familiares de la defensora ambiental mapuche Julia Chuñil deben recibir protección inmediata por parte del Estado chileno, concluyó el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, en respuesta a una solicitud respaldada por ISHR. Es la primera vez que el tratado regional insta a un Estado signatario a tomar medidas de protección.
