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Mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas examinaron la situación de Guatemala en materia de vivienda adecuada y discriminación racial; haciendo un llamado a detener los desalojos forzosos contra comunidades indígenas y a proteger a las personas defensoras de la tierra y territorio, incluyendo a Pueblos Indígenas.
Del 14 al 25 de Julio el Relator de Vivienda Adecuada de Naciones Unidas, Balakrishnan Rajagopal, realizó una visita oficial a Guatemala. Esta fue la segunda visita que se hizo en Guatemala después de casi 7 años sin ninguna visita oficial de Procedimientos Especiales. Meses después, del 18 al 20 de Noviembre, Guatemala hizo su sustentación ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de toda forma de Discriminación Racial (CERD).
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ISHR embarcó en un proceso de casi un año que incluyó el apoyo técnico, fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de personas defensores de derechos humanos para poder participar con ambos mecanismos. Esto ayudó a posicionar recomendaciones claves para la protección de mujeres indígenas, personas defensoras Indígenas y de la tierra en el tema de desalojos forzosos y derecho a la tierra de pueblos indígenas y personas campesinas.
Desalojos forzosos, una grave violación de derechos humanos
En Guatemala persiste la falta de leyes reglamentarias que reconozcan y protejan las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes; y en particular por una falta de instituciones agrarias que implementen los Acuerdos de Paz de 1996. En 2024, las instituciones que abordaban estos temas fueron debilitadas y desmanteladas y las sentencias emitidas por tribunales nacionales restituyendo derechos a comunidades indígenas no se han cumplido. Asimismo, la normativa existente no reconoce formas de tenencia de la tierra propias de los Pueblos Indígenas, y sin aplicar y reconocer el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.
Este contexto ha permitido que el número de desalojos forzosos se ha intensificado y convertido en una práctica recurrente afectando principalmente a comunidades indígenas maya Q’eqchi’ de los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz e Izabal. De acuerdo con el movimiento Tzununija, estas acciones están marcadas por un uso desproporcionado de la fuerza y la participación de cuerpos de seguridad pública y privada, que incluyen la quema de viviendas, cultivos, animales y bienes básicos. La forma en que se ejecutan de manera sistemática y reiterada, con violencia tanto física como psicológica, podrían incluso constituir actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Muchos de estos desalojos ocurren sin notificación previa y sin planes de reasentamiento.
Sobre este tema, el Relator especial concluyó de forma preliminar que “la gran mayoría, si no todos, los desalojos colectivos llevados a cabo en Guatemala equivalen a desalojos forzados en virtud del derecho internacional” y son realizados de forma inhumana. De igual forma hizo un llamado a Guatemala para que ponga en marcha urgentemente una moratoria de los desalojos colectivos, y adopte cuanto antes una ley nacional que proscriba los desalojos ilegales.
Por su parte, el Comité CERD también expresó su preocupación por los continuos desalojos forzosos y pidió al Estado parte que adoptara medidas eficaces para proteger a los pueblos indígenas de los desalojos forzosos, respetando plenamente sus derechos, costumbres, tradiciones y cultura, incluida una moratoria hasta que se completara el reconocimiento, la regularización y la titulación colectiva de sus tierras y recursos.
Cambio climático e industrias extractivas como causantes del desplazamiento.
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Previo a la visita de la Relatoría, ISHR apoyo técnicamente al Grupo de Trabajo sobre Desplazamiento Forzado Interno en Guatemala para la elaboración de un informe. El Grupo de Trabajo hace hincapié en cómo los sectores como la minería, las hidroeléctricas, la palma aceitera y la caña de azúcar impactan en el disfrute del derecho a una vivienda adecuada, Además, la deforestación y otros cambios ambientales asociados con estos proyectos han incrementado la vulnerabilidad al cambio climático, intensificando los impactos sobre las comunidades afectadas lo que refuerza un círculo de exclusión y pobreza en las zonas rurales del país.
Este informe visibilizó no solo el fenómeno del “Corredor Seco” que abarca gran parte de Centroamérica, incluida Guatemala, sino también los efectos de las tormentas, como los huracanes Iota y Eta en 2020, y de otros fenómenos climáticos. En particular, se hizo hincapié en la situación de la comunidad del Arenal en Zacapa, donde la deforestación, ha intensificado los efectos de huracanes y sismos, provocando deslizamientos de tierra que han destruido viviendas.
El Relator concluyó de forma preliminar que en algunos casos, estas situaciones requieren la reubicación de las comunidades, la cual debería ir acompañada de un reasentamiento adecuado y de conformidad con las normas de derechos humanos.
Alto a la criminalización de personas defensoras
La instrumentalización del derecho penal para perseguir y criminalizar a comunidades indígenas y campesinas y personas defensoras ha incrementado en los últimos años. Casos como los de Bernardo Caal Xol, Luis Pacheco y Héctor Chaclán son solo ejemplos de este fenómeno, que busca silenciar a las personas defensoras, desgastar a sus familias y comunidades; permitiendo que otras violaciones de derechos humanos se sigan cometiendo.
De acuerdo con la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), el número de agresiones registradas contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos estuvo en aumento hasta el 2023 con casi 9,496 casos, el número más alto en los últimos años. Durante el 2024 hubo un descenso significativo, pero aun registrando un número alto con más de cuatro mil casos.
El delito de “usurpación” y “usurpación agravada” han sido utilizado de forma recurrente para deslegitimar las luchas por el acceso a la tierra y a la vivienda. De igual forma, actores privados están involucrados con intimidaciones, agresiones físicas e incluso asesinatos en un contexto donde hay captura corporativa de algunas instituciones, corrupción e impunidad.
El Relator hizo un llamado para que Guatemala decrete urgentemente una amnistía para las personas condenadas por estos delitos, ponga en libertad a quienes se encuentren en prisión preventiva y persiga los casos de usurpación ante los tribunales civiles. Por su parte el CERD, recomendó al Estado a que tome las medidas necesarias para garantizar la efectiva implementación de la política pública de personas defensoras, aprobada en noviembre de 2025, para la protección de personas defensoras de los derechos humanos, incluyendo mecanismos y estrategias de protección efectivos. También recomendó a Guatemala a que investigue de manera exhaustiva, imparcial y eficaz los casos en contra de líderes y miembros de Pueblos Indígenas que defienden sus derechos.
Fortalecimiento de capacidades para mujeres indígenas
ISHR también apoyó la elaboración de un informe alternativo preparado por mujeres del movimiento indígena Tzununija para visibilizar las violaciones de derechos humanos con una perspectiva de género. Este informe incluyó las consecuencias a las mujeres en contextos de tenencia de tierra, reconocimiento de tierras indígenas, desalojos forzosos, y violaciones a otros derechos como el derecho humano al agua y a la alimentación adecuada.
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Este informe alternativo surge después de una capacitación in situ con alrededor de 30 mujeres indígenas de distintas zonas de Guatemala. 15 de estas mujeres también se reunieron con el Relator durante la visita oficial en Julio y proporcionaron información de primera mano durante una reunión privada.
El Relator Especial constató en sus conclusiones preliminares que, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), solo el 7.8 % de los propietarios de tierras en las zonas rurales de Guatemala son mujeres. Esto es parte de una denegación desproporcionada y estructural del acceso a la tierra y la vivienda como consecuencia de patrones coloniales y patriarcales. Las mujeres, especialmente las indígenas, también carecen de igualdad de acceso al crédito y a las oportunidades económicas y laborales.
El Relator Especial presentará su informe final sobre su visita oficial a Guatemala en Marzo de 2026 durante la 61° Sesión del Consejo de Derechos Humanos. Por su parte el CERD ha seleccionado algunas recomendaciones de seguimiento, sobre todo en materia de personas defensoras de derechos humanos, para que Guatemala indique las medidas implementadas para su cumplimiento a finales del 2026.
Los familiares de la defensora ambiental mapuche Julia Chuñil deben recibir protección inmediata por parte del Estado chileno, concluyó el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, en respuesta a una solicitud respaldada por ISHR. Es la primera vez que el tratado regional insta a un Estado signatario a tomar medidas de protección.
El más alto tribunal de derechos humanos de América Latina emitió su histórica Opinión Consultiva sobre la Emergencia Climática y los Derechos Humanos, en la que reafirma el derecho a defender el medio ambiente y la obligación de proteger a quienes lo defienden.
Del 7 al 10 de abril, el Foro Latinoamericano y del Caribe sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales reunió en Basseterre, San Cristóbal y Nieves, a personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, Pueblos Indígenas, organizaciones de la sociedad civil y representantes gubernamentales. La implementación del Acuerdo de Escazú y la incorporación de una perspectiva de género fueron ejes centrales del encuentro.
