El gobierno de López Obrador ha estado utilizando selectivamente el respaldo y apoyo de ciertas agencias de la ONU para emprender proyectos e implementar políticas de manera contraria a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Por Olga Guzmán y Raphaël Viana David
Artículo publicado en el periódico Animal Politico
El pasado 21 de septiembre, seis Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre los derechos humanos (expertas y expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU), enviaron una comunicación al gobierno de México advirtiendo los impactos potencialmente negativos derivados del proyecto de desarrollo Tren Maya para las comunidades indígenas afectadas en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Las personas expertas en derechos humanos de la ONU expresaron su ‘grave preocupación’ por el impacto para comunidades indígenas que ‘podrían verse afectadas en sus derechos territoriales, su derecho a no ser desalojadas y su derecho a la salud’, así como sobre los ‘riesgos de daños ambientales causados por la contaminación e impactos negativos a la biodiversidad y el agua’ resultantes de un estudio de impacto ambiental que creen ‘inadecuado’, en relación con el megaproyecto impulsado por el presidente López Obrador. La comunicación también apunta hacia el riesgo de ‘mayores violaciones a derechos humanos’ por una creciente militarización y el ‘uso de los militares para las tareas de orden civil en territorios indígenas’.
En la comunicación, las expertas y expertos manifiestan preocupación porque los estudios y evaluaciones para la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental se hayan realizado de manera rápida y sin la participación de los pueblos y comunidades indígenas potencialmente afectados por el proyecto, o de las entidades representativas que ellos mismos hayan identificado.
De igual forma alertan que los impactos socio-culturales del desarrollo de este megaproyecto estén aún subestimados: faltarían estudios de flujo de migración interna, que incluya una evaluación de los desplazamientos y expulsiones debidos a la obra y la atracción de población a otros centros, entre otros impactos, así como no habría evaluación de los riesgos de pérdida cultural e histórica de los pueblos indígenas. Finalmente se señalan riesgos de desarraigo y decrecimiento de actividades productivas tradicionales, y se cuestiona la calidad y cantidad de los empleos que se presentan como beneficio del proyecto.
En la misiva, analizan con alarma que el 8 de mayo de 2020, comunidades indígenas de Chiapas hayan obtenido la suspensión provisional del primer tramo de la obra en aras de salvaguardar la salud del pueblo maya ch’ol, suspensión que de acuerdo con la información que recibieron al respecto, no ha sido acatada por la dependencia de gobierno a cargo de la obra, inclusive cuando el mismo Tribunal concedió una suspensión definitiva a las comunidades.
Ante las preocupaciones sobre la especulación de tierras -se les informó que desde unos años atrás, sectores políticos y empresariales con conocimiento del proyecto habrían adquirido terrenos a precios muy bajos que presuntamente serían utilizados para el proyecto-, el desplazamiento forzado de varias familias y comunidades asentadas en las orillas de las vías o donde se prevé la construcción de los polos de desarrollo, así como las presuntas violaciones al derecho a la consulta y consentimiento libre, previo, informado y culturalmente aceptable, las personas expertas de la ONU han solicitado al gobierno de México informar sobre las medidas que adoptarán para:
Esta comunicación fue igualmente dirigida a la sede de ONU-Hábitat, cuyo apoyo al proyecto Tren Maya ha resultado contradictoria a la luz de otras posiciones tomadas por órganos de Naciones Unidas, como lo es la de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, quien se pronunció en 2019 sobre el incumplimiento de estándares internacionales del proceso de consulta indígena llevado a cabo por el Gobierno.
En ese sentido, es factible conjeturar que el Gobierno de López Obrador ha estado utilizando selectivamente el respaldo y apoyo de ciertas agencias de la ONU para emprender proyectos e implementar políticas de manera contraria a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
De acuerdo a la comunicación, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) “aseguró que no habrá desalojos forzosos ni expropiación y para ello, entre otros objetivos, contaría con la asesoría de ONU-HABITAT México, quien habría elaborado un Protocolo de Relocalización Consensuada de Población desde los Derechos Humanos”. De igual forma, el Fonatur asegura haber firmado un Convenio Marco de Colaboración con la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para brindar acompañamiento en materia de conservación del patrimonio cultural, del manejo sostenible de la biodiversidad, del acceso libre a la información y el desarrollo de la comunicación. Así mismo, el Fonatur asegura contar con el acompañamiento y asesoría de la Oficina de la Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), con la cual habría suscrito un acuerdo marco para los estudios previos y del diseño conceptual y básico de ingeniería relacionados con la construcción de las vías férreas, así como para asuntos relativos a las contrataciones de obras, gestión ambiental, social y arqueológica. Por último, cabe destacar que el Fonatur y la agencia internacional ONU Hábitat firmaron un contrato de prestación de servicios por 5 millones 500 mil dólares. En este acuerdo, la agencia internacional se compromete a dar “apoyo sustantivo y técnico” en la definición de los parámetros y estrategias necesarios para el Tren Maya.
Bajo esta misma lógica, vale la pena recordar el Acuerdo Marco firmado entre el gobierno de México y la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destinado a “brindar asesoría y asistencia técnica para la formación en materia de derechos humanos y operación de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos a la Guardia Nacional”, cuyos resultados y alcances aún son desconocidos.
En la desunión de voces dentro de Naciones Unidas, ¿prevalecerá la de derechos humanos?
En tanto, el gobierno de López Obrador ha emprendido una campaña de desprestigio en contra de personas defensoras de derechos humanos y organizaciones medio ambientales que monitorean el cumplimiento de este proyecto con las obligaciones del Estado mexicano en materia ambiental, de derechos humanos y de transparencia, en los ámbitos del derecho nacional e internacional.
El gobierno de México, con ‘presumible autoridad y legitimidad moral’ en materia de derechos humanos, y mayor responsabilidad en este ámbito al ser Estado miembro del Consejo de Derechos Humanos, ha respondido ya a esta comunicación el pasado 20 noviembre. El documento de respuesta aún no es público. Ahora que el proyecto aterrizó en los escritorios de expertas y expertos de la ONU en Ginebra, ¿defenderá el gobierno de López Obrador un megaproyecto que viola los derechos de los pueblos indígenas?
En todo caso, algo es seguro: el Tren Maya ha llegado a Naciones Unidas por la vía de los derechos humanos. Ahora, nos queda por ver si el gobierno también tomará esta vía frente a las miradas de escrutinio de la comunidad internacional.
Olga Guzmán (@OlGuz) es Directora de Incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Raphaël Viana David (@vdraphael) es Oficial del Programa de Asia y Punto Focal de América Latina en Ginebra para ISHR
Al final del Foro hubo un mensaje claro: los compromisos voluntarios no son suficientes para garantizar la responsabilidad de las empresas, los Estados necesitan regular las empresas con normas vinculantes para abordar de manera integral los abusos de derechos humanos cometidos por las empresas.
Las elecciones presidenciales robadas; el uso de tácticas profundamente represivas por parte de agentes del Estado contra opositores reales y percibidos, y el reciente regreso de la OACDH a Caracas informaron el diálogo de hoy sobre Venezuela entre el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos.
La sociedad civil de las Américas ha hecho un llamamiento urgente para acelerar la aplicación del Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, Acuerdo de Escazú, adoptado hace cinco meses.
