Mientras la ONU se enfrenta al racismo sistémico en la aplicación de la ley, los datos exhaustivos, fiables y desglosados son la clave de las reformas

El 3 de octubre, los Estados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Alta Comisionada interina para los Derechos Humanos, la presidendta del Mecanismo de Expertos para el Avance de la Justicia e Igualdad Racial en el contexto de la Aplicación de la Ley (EMLER), Collette Flanagan (Estados Unidos) de Madres contra la Brutalidad Policial (MAPB) cuyo hijo fue asesinado por la policía en 2013; y Jurema Werneck (Brasil) directora de Amnistía Internacional en Brasil participaron en un debate sobre el racismo sistémico y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden contra los africanos y afrodescendientes.

El debate se produjo tras la publicación casi simultánea de dos informes que analizan el racismo sistémico y los patrones de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden contra los africanos y afrodescendientes, uno de ellos elaborado por EMLER y el otro por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Los informes confirmaron las conclusiones de la Alta Comisionada en su informe al Consejo de junio de 2021: Los Estados siguen negando o no han reconocido la existencia y el impacto del racismo sistémico, especialmente el institucional.

El primer informe del EMLER desde su creación, a finales de 2021, puso de manifiesto que las muertes de africanos y afrodescendientes a manos de las fuerzas del orden siguen produciéndose en muchos países con escasa o nula rendición de cuentas. Los expertos señalaron que la recopilación de datos desglosados por raza u origen étnico es una herramienta esencial para supervisar las interacciones entre las comunidades de africanos y afrodescendientes y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y señalaron la intensa reticencia de varios Estados -en particular en Europa- a adoptar esta práctica.

El informe del ACNUDH se centró en los avances y las iniciativas emprendidas por los Estados y otras entidades para abordar las manifestaciones de racismo sistémico contra los africanos y los afrodescendientes. El informe también ofrece información actualizada sobre los siete casos emblemáticos a los que se hace referencia en el informe de la OACDH de 2021, que ilustran patrones y prácticas que son obstáculos para el cambio estructural e institucional. Los casos son: George Floyd (Estados Unidos), Adama Traoré (Francia), Luana Barbosa dos Reis Santos (Brasil), Kevin Clarke (Reino Unido), Breonna Taylor (Estados Unidos), Janner García Palomino (Colombia) y João Pedro Mattos Pinto (Brasil).

Por un lado, el informe reconoce que las iniciativas de los Estados son insuficientes (¶ 67), pero a continuación afirma que los Estados muestran “una voluntad de adoptar medidas concretas para abordar la discriminación racial”.  (¶ 68) Nuestra opinión es que los Estados protegen activamente los intereses de las instituciones policiales para mantener el statu quo que está diseñado para oprimir a los africanos y afrodescendientes, y las iniciativas de reforma no responden a las transformaciones estructurales que exigen las organizaciones de la sociedad civil.

‘El silencio no puede ser una opción’, dijo Jurema Werneck en sus comentarios de clausura, antes de instar a los Estados miembros a cumplir sus compromisos internacionales de derechos humanos y redoblar sus esfuerzos para abordar el racismo estructural y sistémico en la aplicación de la ley.

‘Esta es una lucha global. Hará falta que más países reúnan el coraje para unirse a la lucha contra la brutalidad policial’, dijo Colette Flanagan, quien también pidió una nueva convención internacional sobre justicia, derechos humanos y aplicación de la ley, argumentando que esto podría enfocar claramente ‘las formas en que la policía socava los derechos humanos reconocidos internacionalmente, en particular los derechos de las personas de ascendencia africana’.

Los miembros de la Coalición contra el Racismo de la ONU (UNARC) acogen con satisfacción el debate en el Consejo de Derechos Humanos. Tanto los informes como el contenido del debate de hoy ponen de manifiesto la urgente necesidad de adoptar medidas inmediatas y enérgicas para hacer frente tanto a la cultura de la impunidad como a las leyes y políticas que permiten a las fuerzas del orden hacer un uso excesivo de la fuerza basado en prácticas de perfilamiento y criminalización  contra las comunidades de africanos y afrodescendientes, y también para abordar las causas profundas de esta violencia y la falta de rendición de cuentas que la acompañan sistemáticamente, principalmente el exceso de confianza en la labor policial, así como los legados y el impacto del racismo sistémico.

‘Cada vez que se permite que las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley se salgan con la suya usando una fuerza excesiva contra personas africanas y afrodescendientes, es un recordatorio de las barreras sistémicas y extremas con las que muchos gobiernos siguen agobiando a estos grupos’, dijo Lamar Bailey, del Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR). ‘Los gobiernos deben trabajar para derribar estas barreras y abordar las injusticias históricas que se encuentran en su núcleo. Los miembros del Consejo tiene que ser ejemplares: deben adoptar de inmediato las recomendaciones de les Expertes para transformar sus prácticas de aplicación de la ley y garantizar que todes sus ciudadanes sean tratades y igualmente.’

La Coalición insta a todos los Estados a que tomen las medidas necesarias para revisar rápidamente y reformar de forma significativa sus políticas a fin de  prevenir futuros incidentes como los comentados en los informes anteriores. Esto incluye, entre otras cosas, captar de manera obligatoria  y hacer uso sistemático de datos desglosados por raza cuando se trate de comprender y vigilar de cerca los resultados de las interacciones entre las fuerzas del orden y las comunidades, incluidos los africanos y los afrodescendientes. Aunque la actuación policial abusiva no se curaría si los países contaran con una recopilación de datos más exhaustiva, dichos datos proporcionarían una visibilización del fenómeno,  mayor transparencia al público, posibilidad de seguimiento de los casos de violencia policial racista  y una mayor responsabilidad a los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Entendemos que, en muchos países, existe una reticencia por motivos políticos a utilizar tales herramientas. Creemos que esto es así porque varios Estados tienen un incentivo para proteger a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley; porque se benefician de la subyugación de los africanos y afrodescendientes; y porque no desean que sus prácticas salgan a la luz, tanto a nivel nacional como internacional, en caso de que se revelen sus cifras exactas.

Hacemos un llamamiento al Consejo de Derechos Humanos y a todos los Estados realmente comprometidos con la protección de los derechos humanos para que apoyen todos los esfuerzos para luchar contra el racismo arraigado y sistémico que fomenta la violencia contra las personas africanas y afrodescendientes y que protege a los autores.